La Comisión Europea ha aprobado, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, 400 millones euros de apoyo público para el despliegue de redes de banda ancha de muy alta velocidad en España. El régimen beneficiará a los consumidores y las empresas en zonas de España con una conectividad insuficiente.
La vicepresidenta ejecutiva, Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia, ha declarado: «Los consumidores y las empresas españolas deben beneficiarse del todo el potencial que encierra el crecimiento digital, con independencia de dónde se encuentren. Esta medida abordará la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales de España. Con esta decisión respaldamos una vez más el uso de fondos públicos para los servicios de internet de muy alta velocidad destinados a los hogares y las empresas en zonas donde la inversión privada es insuficiente».
El régimen tiene un presupuesto de 400 millones eurosy se ejecutará entre 2020 y 2022. Su objetivo es abordar los déficits de conectividad en toda España y mejorar y acelerar la cobertura con redes de muy alta velocidad a fin de lograr la conectividad a internet necesaria para apoyar el mercado único digital europeo.
La medida apoyará el despliegue de redes capaces de proporcionar velocidades de carga y descarga de 300 megabits por segundo (Mbps), ampliables a 1 gigabit por segundo (Gbps) a zonas específicas.
Las nuevas redes cubrirán zonas en las que no están presentes ni previstas en un futuro próximo redes de alta velocidad que ofrezcan velocidades de descarga de al menos 30 Mbps. En menor medida, cubrirá igualmente zonas en las que ya está presente o prevista en un futuro próximo una red de alta velocidad, pero en las que no existe ni está prevista una red que permita una descarga de más de 100 Mbps. Las nuevas redes también darán acceso a mejores servicios de banda ancha, lo que estimulará el desarrollo de una economía digital moderna.
Las autoridades españolas han elaborado un inventario completo de las infraestructuras disponibles actualmente y han llevado a cabo consultas públicas para determinar las zonas objetivo. Se llevarán a cabo nuevas consultas públicas para garantizar que se limiten al mínimo las distorsiones de la competencia.
Todas las redes financiadas con cargo a la medida ofrecerán acceso al por mayor a todos los operadores de forma abierta, transparente y no discriminatoria, por lo que incentivarán las inversiones privadas en la prestación de servicios de internet de alta velocidad a los hogares y las empresas en las zonas objetivo.
La Comisión evaluó la medida con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, en particular sus Directrices sobre banda ancha de 2013. La Comisión llegó a la conclusión de que los efectos positivos del régimen sobre la competencia en el mercado español de banda ancha superan los posibles efectos negativos provocados por la intervención pública. A la luz de lo expuesto, la Comisión aprobó la medida con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE. El régimen contribuirá a los objetivos estratégicos de la UE establecidos en la Agenda Digital para Europa y en la Comunicación ‘Hacia una sociedad europea del Gigabit‘».
La medida aprobada es la prolongación de un régimen español anterior, aprobado por la Comisión en 2013, que pretendía apoyar el despliegue de redes de acceso de próxima generación en zonas insuficientemente cubiertas.
