A pesar de la pandemia y el confinamiento vivido en 2020 que impulsó el consumo como nunca antes, la piratería de contenidos digitales siguió reduciéndose el pasado año. Una buena noticia que no esconde los retos a los que se tiene que enfrentar las industrias culturales en el corto plazo. Entre ellos la transposición de diferente directivas europeas como la referente a derechos de autor «no nos podemos relajar hago un llamamiento transversal a todo el sector cultural a la necesidad de hacer bien la transposición de la normativa europea para la protección de la propiedad intelectual», ha señalado Carlota Navarrete, directora general de La Coalición de creadores.
La piratería digital experimenta en España otro descenso en cifras absolutas, según los datos de 2020, que registran otra caída anual del 7% en el acceso a contenidos infractores, siendo 5.239 millones, el número de contenidos ilícitos a los que se accedió, lo que representa una disminución acumulada del 10% desde 2018 y, en torno al 24% desde 2015.
“Celebramos los buenos datos de reducción de la piratería, pero no ha acabado. Por ello, debemos tener una normativa más protectora de los derechos de autor, dotarnos de mejores instrumentos para combatir la piratería y crear conciencia social”, ha comentado el Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que ha presidido el acto de presentación del informe y ha instado a tener en cuenta también los valores intangibles que aporta la cultura, no solo lo puramente crematístico «si se ven amenazados los creadores los que sufren las consecuencias son al final los ciudadanos», ha apostillado.
Iceta ha apuntado dos elementos fundamentales que se pueden mejorar en la lucha contra la piratería, la normativa y la conciencia social, en este sentido ha destacado la campaña «Que no te roben la emoción», dirigida a los jóvenes. «Hay que crear normas eficaces y dotarlas de fondos», afirmó el Ministro. En su intervención el titular de Cultura ha anunciado la creación de una oficina de derechos de autor, «autónoma y con recursos relevantes», antes de 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. También ha advertido que la transposición de la directiva de de derechos de autor tiene prevista su aprobación por el Consejo de Ministros la próxima semana.
Asimismo ha destacado la reciente creación del denominado ‘Bono Cultural’ para jóvenes, dotado de 210 millones de euros. Este Bono Cultural Joven tendrá un importe unitario de 400 euros para aquellos jóvenes que cumplan 18 años que podrán invertirlo en todo tipo de productos culturales: música, libros, cine, teatro, videojuegos, etc, que se oferten por parte de servicios culturales tanto privados como públicos. «No hemos inventado nada nuevo, lo que estamos haciendo es tomar buen ejemplo de Italia y Francia», ha reconocido el ministro.
Antonio Guisasola, Presidente de Promusicae, ha celebrado la creación de este Bono Cultural, porque a su juicio en España «tenemos un problema con los jóvenes» en el ámbito de la piratería, con unos porcentajes de descargas ilegales muy por encima de la media europea en los jóvenes entre 16 y 24 años: “España ha recorrido un largo camino hasta tener un marco jurídico razonable y lograr el convencimiento de responsables políticos, sociedad civil y medios de comunicación de que la piratería es una lacra que debe combatirse. Sin embargo, los datos siguen reflejando un volumen de piratería superior al de nuestros vecinos europeos por lo que no debemos cejar en el esfuerzo emprendido y continuar reforzando los mecanismos establecidos para combatirla. Además, en el contexto actual, es precisó también fomentar y promover el consumo legal, utilizando mecanismos como el recién creado bono cultural para implicar a nuestros jóvenes en el consumo cultural a través de los canales legales”. Guisasola ha pedido además que el ‘Bono Cultural’ no sea flor de un día, «debería apoyarse por todo el sector sin discusión».
El valor de los contenidos digitales pirateados en España el año pasado fue de 30.892 millones de euros y el perjuicio estimado para el sector alcanzó los 2.416 millones de euros en este periodo. Las arcas públicas podrían haber percibido 682 millones de euros durante 2020, una cifra que se eleva a los 5.340 millones desde 2012, y se podrían haber creado 130.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Estos son algunos de los principales datos que recoge el Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2020, elaborado por la consultora independiente GfK a instancias de la Coalición.
En cuanto al acceso a contenidos, la industria del libro es la más afectada, con un porcentaje de individuos que realizan accesos ilícitos del 33%, seguida por las películas (26%), la música (25%), los periódicos (25%), el fútbol (23%), las series (21%), los videojuegos (20%), las revistas (18%) y las partituras (5%). El valor total de los contenidos asciende a 30.892 millones de euros.
Sin embargo, de los 2.416 millones de euros de perjuicio al conjunto del sector causado por la piratería en 2020, es la música la peor parada con 482 millones de euros, las películas 322 millones, las series 138 millones, los libros 240 millones, los videojuegos 205 millones, el fútbol 231 millones, los periódicos 345 millones, las revistas 426 millones y las partituras 28 millones.
El libro sería la industria más afectada en el dato de acceso a contenidos ilegales siempre y cuando no se unan las Películas y las Series, que juntas sumarían un porcentaje del 47 por ciento de usuarios piratas. De hecho, Películas y Series suman 1.659 millones de accesos ilegales, una cifra que solo superaría la música, que está por encima de los 2.000 millones anuales de enlaces ilícitos. Además, las perdidas conjuntas de Cine y Series serían de 460 millones de euros, también únicamente superados por las hipotéticas pérdidas de la Música, con 482 millones de euros.
En resumen, el volumen de películas al que se accedió ilegalmente durante 2020 fue de 666 millones, cuyo valor en el mercado sería de 6.026 millones de euros frente a los 6.283 de 2019. (322 millones de perjuicio). Disminuye el número de consumidores que accedió a contenidos ilícitos, que pasa del 32% de 2019 al 27% en 2020, y aumenta el consumo legal digital. El 49% de los accesos corresponden a contenidos con menos de un año de antigüedad desde su estreno frente al 54% de 2019.
En el caso de las Series, un 22% de usuarios accede ilegalmente a series de televisión, sumando 1.003 millones los contenidos consumidos ilícitamente durante 2020, dato que disminuye con respecto a 2019, donde el número de accesos consumidos fue de 1.068 millones. Su valor en el mercado es de 1.562 millones de euros. (138 millones de perjuicio). Aumenta el consumo legal digital de series. El 58% de los accesos eran menores de un año desde el periodo de emisión en televisión (68% en 2019).
“Aunque avanzamos en la buena dirección, aún queda mucho por hacer. Si bien ha crecido el consumo legal digital tanto en películas como en series, seguimos siendo uno de los sectores más castigados por la piratería. Confiamos en que las próximas iniciativas legislativas, como la tramitación de la Ley de Servicios Digitales en Bruselas, vengan a reforzar, con el apoyo indispensable de España, las políticas para hacer de Internet un sitio más transparente, seguro y confiable, donde los consumidores y las empresas queden protegidos de las actividades ilegales online, como la piratería”, ha declarado Estela Artacho, Presidenta de Fedicine, que también está convencida de que los cines volverán a llenarse en breve si la situación sanitaria sigue mejorando.
Entre los motivos que justifican el acceso ilícito a contenidos, 4 de cada 10 consumidores afirman “no saber distinguir entre las plataformas legales/ilegales”, mientras que el 54% argumenta que lo hace porque ya paga por una conexión a Internet o televisión de pago. Aumenta otras justificaciones como “para evitar pagar por un contenido que luego no me guste” y “porque no puedo acceder al contenido de otra forma, por ejemplo, versión original, con subtítulos…”, hasta el 61% y el 37%, respectivamente.
“El consumo ilegal de videojuegos no se ha visto alterado y se mantiene a los mismos niveles que en años anteriores, lo que demuestra que la piratería continúa siendo la principal preocupación histórica del sector en nuestro país y es, además, el primer obstáculo en la consolidación del videojuego en España. Es fundamental asumir el valor que aportan los creadores de videojuegos y seguir trabajando conjuntamente para avanzar en esta materia aplicando de forma eficaz la normativa vigente. En 2020, el videojuego contribuyó de una manera única para apoyar a la sociedad conectando a las personas mientras estaban físicamente separadas. Ha facilitado puntos vitales de conexión e interacción social, entretenimiento y distracción en estos duros meses de confinamiento domiciliario. La aplicación de la legislación de propiedad intelectual es decisiva de cara a salvaguardar el desarrollo de la cultura y la creación”, explica Alberto González Lorca, Presidente de AEVI.
Otros datos, muy relevantes, y que son novedosos en esta edición, por ser la primera vez que se recogen cifran que a 8 de cada 10 consumidores les ha parecido “importante” poder acceder a contenidos culturales y de entretenimiento durante el estado de alarma o que 6 de cada 10 consideran que “los creadores e industrias culturales son un sector estratégico para la economía y el empleo en nuestro país”, el mismo porcentaje que afirma que existe, en nuestro país, una oferta legal suficiente para consumir /acceder a la cultura.
Lo que más destaca es el aumento del uso de redes sociales como medio para acceder a contenidos ilícitos (del 23% al 27% de 2020): Facebook (55%), Youtube (39%), Whatsapp (34%), Instagram (28%) Telegram (25%) o Twitter (24%), lo que, a juicio de las industrias de contenidos hace inaplazable impulsar medidas para revertir esa situación. Asimismo, crece el streaming online (del 22% en 2019 al 23% en 2020), por quinto año consecutivo, y es claro que, también, son precisas reformas específicas para frenarlo. Respecto a la forma de acceso a contenidos ilegales, se evidencia un ligero descenso en el peso de los buscadores, al pasar del 62% al 58% registrado en 2019, manteniéndose Google como el más utilizado: 9 de cada 10 accesos a contenidos piratas se producen desde sus resultados de búsqueda.
Uno de los datos más novedoso y preocupante es en cuanto al equipamiento, el 28% de los internautas tiene decodificador IPTV y el 21% ha accedido a una VPN para uso personal, y el 40% de los internautas han hecho uso de tutoriales acerca de cómo acceder a contenidos. De ellos, el 18% han consultado guías de cómo descargar contenido, el 7% han buscado ayuda para obtener o utilizar plataformas y el 15% han usado manuales para ambos fines. En cuanto al tipo de tutorial, los más consultados son los referentes a las películas/series (42%), seguidos por la música (41%), videojuegos (31%), el uso de una vpn (27%), libros (23%), modificar una consola (21%), el uso de una IPTV (17%), fútbol (13%) y el uso de cardsharing (3%).
Además, el 57% de quienes acceden a contenidos digitales ilícitos y han intentado acceder a contenidos encontraron que ya no existía o estaba cerrada la web. De estos consumidores, el 15% vio algún mensaje explicando los motivos del cierre de la página, al 11% le ofrecieron otra web para acceder a los contenidos, y al 31% le ayudo un buscador a encontrar un nuevo portal.
El porcentaje de webs desde las que se accedió a contenidos ilegales que están financiadas por publicidad se mantiene por encima del 90%, al igual que en años anteriores. De toda esa publicidad, aumenta hasta el 51% la que corresponde a sitios de apuestas y juego online, el 41% a webs de venta online o el 33% a productos de consumo de marcas de prestigio, por lo que insistir en la responsabilidad y la colaboración del sector publicitario es fundamental para frenar los modelos de financiación de los portales piratas.
Además de la publicidad, cómo otra de las fuentes de ingresos de las webs de contenidos ilícitos, destacan, especialmente, la obtención de datos que los piratas recopilan de modo fraudulento en bases de datos, que posteriormente comercian y alcanzan precios muy elevados en el mercado, así más de dos tercios de los internautas (65%) tuvo que registrarse como usuario cediendo datos de carácter personal (email 55%, móvil 17%, completar una encuesta de opinión 17%).
La repercusión de la piratería digital en el empleo aporta cifras preocupantes. En un escenario sin piratería se podrían crear más 20.000 nuevos puestos de trabajo directos, lo que supondría un incremento del 24%, que más los indirectos supondría 130.318 empleos totales más. Las arcas públicas dejaron de recibir a causa de la piratería casi 424 millones de euros en concepto de IVA y más de 59 millones de euros en IRPF, mientras que la cantidad no recaudada por la Seguridad Social alcanzó casi los 200 millones, en concepto de cotizaciones. Es decir, el Estado habría dejado de ingresar en 2020 un total de 682 millones de euros por los accesos ilegales a contenidos, sumando un acumulado desde 2012 de 5.340 millones de euros.
En la lucha contra la piratería, casi 8 de cada 10 usuarios consideran que la medida más efectiva contra los accesos ilícitos es que no se permita el acceso a estas páginas web, al tiempo que disminuye el porcentaje de personas que consideran efectivo desarrollar campañas de concienciación social (54%). Asimismo, el 69% ve eficaz sancionar a los proveedores de Internet, el 57% apuesta por sancionar a los usuarios con multas y el 54% apuesta por sancionar restringiendo el uso de internet a quién lo hace.
“En LaLiga y Mediapro tenemos el equipo, la tecnología y el conocimiento para hacer frente a esta lacra que es la piratería audiovisual, detrás de la cual se esconden organizaciones que se lucran con el trabajo de los legítimos creadores, pero para ganar el partido nos falta una herramienta legal que permita bloquear el contenido de una manera rápida y ágil”, ha asegurado Emilio Fernández del Castillo, director de LaLiga Content Protection, que ha señalado que el 82 por ciento de los usuarios que piratean el fútbol pagaría si no tuviera la posibilidad de verlo de manera ilegal gratuita.
