El Consejo de Ministros, a propuesta de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha aprobado el Anteproyecto de Ley del cine y de la cultura audiovisual.
Para ello, se pretende adaptar la normativa a los avances y transformaciones que ha experimentado el sector en los últimos años, alineándose con la normativa europea en la materia.
Desde 2007, cuando entró en vigor la ley actual, y sobre todo en los últimos años, la cadena de valor ha experimentado cambios profundos. La futura ley pretende adaptarse a las nuevas dinámicas del sector audiovisual, con instrumentos que respondan a las necesidades, avances y retos de creadores, industria y públicos.
Esta Ley, junto con la Ley General de Comunicación Audiovisual, son reformas incluidas en el Plan de Recuperación cuyo objetivo es fortalecer el tejido empresarial, mejorar el clima de inversión y consolidar a España como plataforma de inversión audiovisual y país exportador de productos audiovisuales.
La vocación de la ley es establecer un equilibrio de intereses con el fin de potenciar toda la capacidad de esta industria cultural y creativa sin desproteger ninguno de sus eslabones.
La norma se fundamenta en cinco principios. En primer lugar, el fortalecimiento y apoyo a toda cadena de valor. También, el respaldo a los procesos de creación en aras de la libertad, independencia y autonomía creativa, la adaptación a las nuevas tecnologías y hábitos de consumo, la defensa de la competencia y la puesta en valor del patrimonio audiovisual.
Entre las principales novedades, destaca la ampliación de las convocatorias de ayudas a toda la cadena de valor del sector audiovisual, el apoyo a la promoción internacional de todo el audiovisual, y no solo películas, y la protección del patrimonio. De ahí el nuevo título de la ley, que suma el concepto de cultura audiovisual al del cine. «Están el cine, la televisión, las series, las plataformas, las salas de cine», ha concretado el ministro de Cultura.
También se incluye la flexibilización y clarificación de los requisitos para obtener la nacionalidad española de las obras. Se trata de una novedad en favor de la creatividad, al eliminar los obstáculos que los requisitos de la ley vigente suponen a la creación.
Por otra parte, se opta por un sistema de corregulación para la calificación por edades, similar al establecido para los contenidos audiovisuales en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual televisivos, lineales o a petición, con el fin de configurar un sistema más coherente y flexible y que se adoptará en cooperación con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), empresas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual y las empresas productoras, distribuidoras y exhibidoras afectadas.
También se incide en la importancia de la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual, entendiendo que el futuro pasa también por la correcta conservación y difusión del legado audiovisual de las generaciones que nos precedieron y la previsión de ir incorporando de la mejor manera las producciones nuevas a dicho legado. Se aborda de una forma más amplia, acorde con la Recomendación de la Comisión de 27 de octubre de 2011, sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la preservación digital.
Entre las novedades al respecto, se califica la Filmoteca Española como Bien de Interés Cultural (BIC). Así tanto sus instalaciones como sus contenidos obtienen especial protección. Adicionalmente, se crean líneas de ayudas dirigidas a la protección del patrimonio audiovisual. «Declaramos a la Filmoteca Española como bien de interés cultural, con la voluntad de estrecha colaboración con las filmotecas de las comunidades autónomas. La ley está redactada desde un escrupuloso respeto a las competencias de las comunidades y con una mención especial a las lenguas cooficiales». En este sentido, el ministro ha recordado que este año se ha reactivado un fondo de ayudas a la producción en lenguas cooficiales, dotado con diez millones y medio de euros, que la futura ley consagra como permanente.
Además, se recogen políticas innovadoras dirigidas tanto al acceso de las personas con discapacidad a los contenidos audiovisuales, como a la inclusión de las mismas en los puestos de trabajo de las empresas beneficiarias de ayudas. Así, se establece por ley la incorporación de sistemas de accesibilidad como requisito para acceder a las ayudas de largometrajes y distribución.
Por otra parte, se contempla la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual. Su objetivo es el diálogo, la comunicación y la cooperación en el ámbito de la cinematografía y la cultura audiovisual entre todos los implicados, incluyendo comunidades autónomas, administraciones públicas y el sector. El Consejo abordará cuestiones de políticas públicas, alfabetización audiovisual o patrimonio, entre otras.
«La idea es crear un espacio en el que las administraciones, no solo el Gobierno de España, trabajen juntos para establecer estrategias coordinadas y acordadas. Se habla de políticas públicas, alfabetización audiovisual, educar en el amor al cine y al patrimonio», ha precisado Iceta.
De la misma manera, se establece la obligación de elaborar y publicar un Plan estratégico para la cinematografía y la cultura audiovisual cada cuatro años, así como informes anuales sobre las medidas impulsadas y sus resultados y las estadísticas y estudios sobre la actividad del sector que se estimen necesarios y de interés para la ciudadanía.
El objetivo de la ley es perdurar en el tiempo, por eso deja abierto el desarrollo posterior de varios detalles normativos, de forma que se puedan adaptar año a año sin necesidad de cambiar la ley.
La ley determina que éstas se alinean con los criterios europeos en materia de ayudas estatales y con las líneas estratégicas del programa MEDIA de Europa creativa. De esta manera, se modernizan para adaptarse a la realidad del audiovisual y apoyar la creación en todas sus fases, y la promoción tanto dentro como fuera de España.
Así, las ayudas apoyan el fortalecimiento de toda la cadena de valor, no solamente la producción: ideas, guiones, proyectos, contratos, filmación, exhibición y explotación de todas las obras cinematográficas, entendiendo el audiovisual en toda su riqueza y diversidad, y se incorpora a la promoción internacional todo el audiovisual en su conjunto, y no solamente el cine, aunque se mantenga una protección especial a la exhibición en salas de cine. «Cuando hablamos de cine -ha argumentado Iceta- hablamos de creación, de cultura, de industria y de Marca España: El cine nos sitúa en el mundo. Si estás en el cine, estás en el mundo, si no estás en el cine, dejas de estarlo».
Entre otras novedades, incorpora la necesidad de que las ayudas valoren de forma transversal en todas sus convocatorias el fomento de la igualdad de género, la sostenibilidad e impacto ambiental, la contribución a la transición digital y la incorporación de medidas de accesibilidad universal.
También amplía el campo de posibles ayudas y subvenciones con nuevas convocatorias, como son las dirigidas a patrimonio audiovisual, a laboratorios de desarrollo o formación, entre otras.
Se crean además nuevas ayudas para promover la diversidad a través de la distribución de películas de difícil difusión en espacios alternativos o en internet y ayudas a la distribución internacional.
El Ministerio de Cultura y Deporte inicia a partir de ahora una ronda de contactos con representantes del sector, para presentarles la iniciativa y estudiar y enriquecer el texto. Tras este proceso, volverá al Consejo de Ministros e iniciará su tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley.
El sector audiovisual y cinematográfico es una de las palancas del Plan de Recuperación que, además de las reformas regulatorias, contempla entre sus objetivos aumentar la producción audiovisual en España un 30 por ciento. Para ello, prevé la movilización de 1.603 millones de euros y reforzar el posicionamiento de España como hub audiovisual de Europa.
El titular de Cultura ha subrayado que el cine español se ha ganado el respeto y el reconocimiento internacional, como evidencian las nominaciones a los Premios Óscar de Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo, así como la selección de las películas de Carla Simón e Isaki Lacuesta para competir por el Oso de Oro en la Berlinale 2022.
Iceta ha recordado a todos los profesionales que participan en la producción de una obra audiovisual y ha señalado que el sector es una industria que genera empleo: «Siempre se intenta minimizar el papel de la cultura, diciendo que es un sector subvencionado de cuatro privilegiados. Nada más lejos de la realidad, son nuestro orgullo y son un valor muy importante añadido a nuestra cultura y a nuestro patrimonio».
El ministro ha concluido su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros reclamando la asistencia a las salas de cine: «La cultura ha demostrado que es segura y, por lo tanto, recomendamos a todos ir al cine, seremos así más sabios, pero, sobre todo más felices».
En el marco de actuación del Plan España Hub Audiovisual (Spain AVS Hub), cabe señalar que a través del ICEX se ha puesto en marcha una ventanilla única, Spain Audiovisual Bureau, dotada con 20 millones de euros, para acompañar a las empresas audiovisuales españolas en su internacionalización, así como a las empresas extranjeras que deseen rodar en España. Se ha mejorado la competitividad de nuestro país como destino de rodajes y se ha lanzado el proyecto Spanish Screening XXL, con una dotación de 4,8 millones de euros para ampliar los contenidos y atraer inversores en los festivales de Málaga y San Sebastián y desarrollar una plataforma virtual de promoción y negocio.
Asimismo, las ayudas al sector que convocará el Ministerio de Cultura y Deporte también se verán reforzadas este año con los fondos europeos, hasta alcanzar un total de 101,7 millones de euros. En concreto, serán 22,9 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) los que se destinarán a respaldar al cine y el audiovisual, repartidos entre las nuevas ‘Ayudas para laboratorios e incubadoras de creación y desarrollo de proyectos audiovisuales’ (9 millones de euros), las ‘Ayudas a la distribución internacional’ (3 millones de euros), las ‘Ayudas a la participación en eventos audiovisuales internacionales’ (500.00 euros) y Spanish Screenings XXL (2,05 millones de euros).
Los fondos también contribuyen a reforzar algunas ayudas existentes: 8 millones de euros para las ‘Ayudas a la producción de largometrajes’ (de un total de 68 millones de euros), con el objetivo de impulsar tanto las obras dirigidas por mujeres como la animación, por su contenido tecnológico y digital; y 350.000 euros para la digitalización y sostenibilidad de los festivales en las ‘Ayudas a la organización de festivales’ (de un total de 1,355 millones de euros). A los distintos programas de ayudas se añaden otras inversiones con cargo a los fondos del mecanismo de recuperación como la aplicación de análisis de datos, el desarrollo de una nueva línea para la creación digital en Ibermedia o el desarrollo de una plataforma de contenidos audiovisuales.
Anteproyecto de Ley del cine y de la cultura audiovisual
Por su parte, la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha destacado la importancia de mantener en la nueva normativa cinematográfica la participación de la sociedad civil en el sistema de calificación por edades de las obras audiovisuales destinadas a su exhibición en salas, con el fin de dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar la protección de los menores ante los contenidos inadecuados.
El Real Decreto 1084/2015, que desarrolla la vigente Ley 55/2007, del Cine, contempla la presencia de personas “pertenecientes a distintos grupos sociales que reflejen la pluralidad de la sociedad española” en la Comisión de Calificación de Películas Cinematográficas encargada de emitir informes sobre la calificación por grupos de edad de dichas películas, previos al otorgamiento de esa calificación por parte del Instituto de las Ciencias y las Artes Audiovisuales (ICAA). Esas personas han de estar vinculadas “al ámbito cinematográfico y audiovisual, al del consumo, al pedagógico, a la protección de la infancia y de la adolescencia, a la igualdad de género, a la atención a la discapacidad así como a la defensa del medio ambiente”.
La Asociación pide también mayor claridad sobre la obligación de productores, distribuidores, exhibidores y medios de comunicación en general, de no difundir ni publicitar películas que no dispongan previamente de su calificación por edades, informando de modo claro y perceptible al público de dicha calificación. AUC denuncia, en este sentido, el frecuente incumplimiento de esta obligación en la publicidad de estrenos cinematográficos, que a menudo utiliza la leyenda “pendiente de calificación por edades” u otras similares, a pesar d que está expresamente prohibido por la legislación cinematográfica.
El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) es el órgano nacional de consulta y representación institucional de los consumidores y usuarios a través de sus organizaciones, de ámbito nacional.
