El Consejo de Ministros, a propuesta de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha acordado remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, así como solicitar su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia.
La norma, que se contempla dentro del ‘Plan España, Hub Audiovisual de Europa’, pretende impulsar y fomentar la producción, distribución y exhibición de obras audiovisuales; además de establecer tanto condiciones que favorezcan su creación y promoción, como medidas para la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual español.
El último Consejo de Ministros de 2022 aprueba definitivamente el texto de la futurible nueva Ley del Cine y la Cultura Audiovisual que ha contado con las opiniones de una buena parte de la industria. Solo queda que la Orden específica para su desarrollo sea ambiciosa y no se quede a medio camino como ocurrió con muchos detalles de la Ley de 2007, lo que que acabó por convertirla en una norma fallida en muchos aspectos.
Según el ejecutivo, el principal de los objetivos de la nueva norma ahora es fortalecer toda la cadena de valor del tejido creativo e industrial, con especial atención a los sectores independientes por constituir elementos esenciales de la diversidad cultural. Asimismo, trata de dar respaldo a los autores y autoras, y al pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. También pretende impulsar mecanismos que mejoren la competitividad de las empresas y profesionales en el entorno internacional.
Tiene, además, la intención de garantizar la defensa de la competencia en el mercado audiovisual, la transparencia de la información sobre asistencia y visionados de las obras audiovisuales, así como el adecuado ejercicio de los derechos de propiedad intelectual por parte de sus titulares. Y aborda la protección del patrimonio cinematográfico y audiovisual de una manera más amplia y acorde con la Recomendación de la Comisión de 27 de octubre de 2011, sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la preservación digital.
Para ello, la normativa se adapta a las transformaciones que ha experimentado el sector desde que entró en vigor la Ley actual en 2007, alineándose con la normativa europea en la materia. En este periodo, se han incorporado nuevos contenidos y servicios de distribución, explotación y difusión, propios de un mercado global y de una sociedad caracterizada por la cultura y la economía digital.
En el título de la ley se ha incorporado el concepto de ‘cultura audiovisual’ junto al de ‘cine’, al entender que la actividad cinematográfica y la actividad audiovisual constituyen una unidad que integra las especificidades de los distintos medios de explotación y difusión de las obras audiovisuales. Por lo tanto, se deja constancia, ya en el título, de la intención de ampliar el campo de acción normativa al audiovisual en su conjunto, sin perjuicio de que la actividad cinematográfica continúe manteniendo un especial nivel de atención y protección.
Con el fin de garantizar la sostenibilidad y adecuación del sector de la cinematografía y la cultura audiovisual a las transformaciones de la actualidad, el Consejo de Ministros estima necesaria la aprobación y entrada en vigor con la mayor celeridad posible.
La Ley busca apoyar y fomentar la diversidad cultural, esencial para un ecosistema audiovisual rico, diferenciado y competitivo de forma global. En este sentido, el proyecto de Ley destaca por su compromiso con los sectores independientes y la autonomía creativa, y mantiene la definición de productora independiente reclamada por el sector. La definición aplica a las medidas de fomento del audiovisual que recoge el texto, que asimismo hace hincapié en que la dotación de las convocatorias de ayudas se destinará mayoritariamente a productoras independientes, y no a las obligaciones recogidas en la Ley de Comunicación Audiovisual.
El 26 de mayo el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. El Partido Socialista se quedó muy solo, apenas contó con el apoyo del PNV, ni tan siquiera sus socios de Gobierno de Podemos dieron el sí, y la normativa salió adelante por la abstención del Partido Popular. La Ley logró 130 votos a favor, 83 noes y se abstuvieron 131 diputados, entre ellos los más de 30 de la formación de izquierdas que lidera Ione Belarra.
Se trataba de la primera ocasión en la legislatura en que Podemos rompe su compromiso de voto en el Gobierno y no vota a favor de una Ley salida del Consejo de Ministros, pero la formación morada adujo entonces que ese es precisamente el quid de la cuestión, que la Ley General de Comunicación Audiovisual votada el 26 de mayo en el Congreso no es la que salió del Congreso de Ministros, puesto que unos días antes de su refrendo en sesión plenaria, el PSOE introdujo de manera unilateral una modificación en el artículo 110.1, que básicamente convertía en «productores independientes» a televisiones y plataformas, de ahí la importancia ahora de la «rectificación» indirecta acometida por la nueva Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual.
De forma general, el nuevo proyecto de la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual subraya la necesidad de ayudas públicas capaces de impulsar todos los aspectos del audiovisual. Se considera necesario apoyar todas las fases de creación y promoción de un proyecto (escritura, desarrollo, pre-producción, distribución…), así como se incide en apoyar también la exhibición; la internacionalización; la organización de festivales, premios, mercados y eventos profesionales; los proyectos de investigación, alfabetización cinematográfica y audiovisual y creación de audiencias; las actividades de formación; los nuevos formatos, nuevas tecnologías y actividades de I+D+i; o la conservación del patrimonio.
También como novedad, el proyecto considera que el Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual reservará siempre un porcentaje significativo de su dotación exclusivo para la actividad cinematográfica, aunque incluya otras formas audiovisuales, como series.
El fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas oficiales distintas del castellano se amplía a las lenguas reconocidas estatutariamente por las CC.AA. Para el reconocimiento de la nacionalidad española se incluyen no solo las lenguas oficiales, sino también por primera vez, estas lenguas, así como las lenguas de signos españolas reconocidas legalmente. Se incluye, adicionalmente, como requisito para obtener la nacionalidad, el respeto a la jurisdicción y a la legislación española en materia de propiedad intelectual.
En lo referente al apoyo a las salas de cine, todas las salas cinematográficas podrán acceder a las ayudas a la exhibición, aunque se mantendrá la especial atención a las salas independientes o de núcleos rurales.
El proyecto de Ley presta especial atención a la igualdad real entre hombres y mujeres, a través de reservas específicas en las dotaciones de las distintas líneas de ayudas. Por ejemplo, la reserva del 35 por ciento de la dotación de ayudas a producción reservada a mujeres a través de las órdenes de ayudas, pasa ahora a ser una obligación recogida en la Ley que deberán cumplir todas las ayudas a producción. Adicionalmente, se incluye que el ICAA a través de la Filmoteca Española, adoptará iniciativas destinadas a visibilizar la producción y el papel de las mujeres en el patrimonio cinematográfico y audiovisual español.
También se mantiene la cuota de pantalla (el porcentaje que los exhibidores han de reservar a cine nacional y europeo): pasa de un 25 a un 20 por ciento, e incluye cine latinoamericano y cine dirigido por mujeres.
En su apuesta por un cine y un audiovisual universal, igualitario y accesible, la Ley protege especialmente los colectivos con dificultades de acceso por discapacidad. Será requisito para acceder a las ayudas de largometrajes y distribución la incorporación de sistemas de accesibilidad. Las empresas que aspiren a ser beneficiarias de ayudas públicas deberán cumplir con la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, en el caso de que les sea aplicable. También se incluye la obligación de cumplir con las condiciones de accesibilidad universal en la exhibición cinematográfica, al tiempo que plantea una mejora en la Filmoteca Española en la accesibilidad para la difusión de las obras cinematográficas.
Protección del patrimonio audiovisual
La Ley incide en la importancia de la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual. Para ello, se modifica la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español para incluir expresamente el Patrimonio Audiovisual y Cinematográfico como integrante del Patrimonio Histórico Español. La Filmoteca Española se califica como Bien de Interés Cultural (BIC). Además de contemplar la creación de ayudas específicas para la conservación del patrimonio audiovisual, determina que los beneficiarios de ayudas públicas deberán entregar a Filmoteca Española los materiales necesarios para la mejor conservación del patrimonio.
Creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura audiovisual
En favor de la cooperación público-privada, se recoge la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura audiovisual, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley. Se trata de una herramienta para el diálogo, la comunicación y la cooperación en el ámbito de la cinematografía y la cultura audiovisual. Compuesto por representantes de asociaciones y organizaciones de los sectores, de la administración estatal, autonómica y local, y vocales de reconocido prestigio, abordará cuestiones de políticas públicas, alfabetización audiovisual o patrimonio, entre otras. Entre sus funciones, se añaden en este proyecto de Ley las de impulsar mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje para la propuesta de acuerdos y solución de controversias, entre otras.
Como novedad, se establece la obligación específica del ICAA de elaborar y publicar periódicamente un plan estratégico para la cinematografía y la cultura audiovisual, así como informes anuales sobre las medidas impulsadas y sus resultados y las estadísticas y estudios sobre la actividad del sector que se estimen necesarios y de interés para la ciudadanía.
Por otro lado, se incluye la declaración por parte de las prestadoras del servicio de comunicación audiovisual (plataformas) de los datos de visionado de obras audiovisuales, al igual que hacen las salas de exhibición. En esta segunda vuelta se ha concretado que la posterior regulación reglamentaria del sistema será la que determine los ámbitos temporal, geográfico y de volumen de negocio para aportar los datos de visionados, y que se llevará a cabo a través de una comisión en la que participará, junto con el ICAA, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
PROYECTO DE LEY DEL CINE Y DE LA CULTURA AUDIOVISUAL
Anteproyecto de febrero de 2022
La base del Anteproyecto de febrero de este año está en el texto ahora aprobado. Originariamente, la vocación de la nueva ley es establecer un equilibrio de intereses con el fin de potenciar toda la capacidad de esta industria cultural y creativa sin desproteger ninguno de sus eslabones. El Anteproyecto de Ley del cine y de la cultura audiovisual de febrero de 2022 se fundamenta en cinco principios.
En primer lugar, el fortalecimiento y apoyo a toda cadena de valor. También, el respaldo a los procesos de creación en aras de la libertad, independencia y autonomía creativa, la adaptación a las nuevas tecnologías y hábitos de consumo, la defensa de la competencia y la puesta en valor del patrimonio audiovisual.
Entre las principales novedades, destacaba la ampliación de las convocatorias de ayudas a toda la cadena de valor del sector audiovisual, el apoyo a la promoción internacional de todo el audiovisual, y no solo películas, y la protección del patrimonio. De ahí el nuevo título de la ley, que suma el concepto de cultura audiovisual al del cine. Esto significa que, aunque en teoría estaban ya, las series entran de facto en el paraguas de Cultura y contarían con sus propia convocatoria de ayudas.
También se incluía la flexibilización y clarificación de los requisitos para obtener la nacionalidad española de las obras. Por otra parte, se optaba por un sistema de corregulación para la calificación por edades, similar al establecido para los contenidos audiovisuales en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual televisivos, lineales o a petición, con el fin de configurar un sistema más coherente y flexible y que se adoptará en cooperación con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), empresas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual y las empresas productoras, distribuidoras y exhibidoras afectadas.
También se incidía en la importancia de la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual, entendiendo que el futuro pasa también por la correcta conservación y difusión del legado audiovisual de las generaciones que nos precedieron y la previsión de ir incorporando de la mejor manera las producciones nuevas a dicho legado. Se aborda de una forma más amplia, acorde con la Recomendación de la Comisión de 27 de octubre de 2011, sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la preservación digital.
Entre las novedades al respecto, se califica la Filmoteca Española como Bien de Interés Cultural (BIC). Así tanto sus instalaciones como sus contenidos obtienen especial protección.
De la misma manera, se establecía la obligación de elaborar y publicar un Plan estratégico para la cinematografía y la cultura audiovisual cada cuatro años, así como informes anuales sobre las medidas impulsadas y sus resultados y las estadísticas y estudios sobre la actividad del sector que se estimen necesarios y de interés para la ciudadanía.
El objetivo de la ley es perdurar en el tiempo, por eso deja abierto el desarrollo posterior de varios detalles normativos, de forma que se puedan adaptar año a año sin necesidad de cambiar la ley. La ley determina que éstas se alinean con los criterios europeos en materia de ayudas estatales y con las líneas estratégicas del programa MEDIA de Europa creativa. De esta manera, se modernizan para adaptarse a la realidad del audiovisual y apoyar la creación en todas sus fases, y la promoción tanto dentro como fuera de España.
