El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, el proyecto de Ley de creación de la Oficina de Derechos de Autor y Conexos, así como su remisión a las Cortes Generales.
El objetivo del proyecto, cuya tramitación se inició por Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 11 de julio, es la creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos como un organismo autónomo de los previstos en el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Esta iniciativa se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como una reforma a llevar a cabo dentro del proyecto de ‘Refuerzo de los derechos de autor y derechos conexos’ del Componente 24, relativo a la ‘Revalorización de la Industria Cultural’.
La finalidad es reforzar la actividad administrativa que corresponde al Estado en materia de propiedad intelectual de manera eficaz, mejorando la estructura actual. Los derechos de autor y los derechos conexos son el sistema normativo clave sobre el que se sustentan el tejido de empresas y profesionales que configuran las industrias culturales y creativas, uno de los principales activos del sector cultural español.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado solicitar la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia para agilizar al máximo su aprobación, haciendo uso de la posibilidad prevista en los correspondientes artículos de los Reglamentos del Congreso y del Senado.
El acuerdo considera la importancia de garantizar la entrada en vigor de este proyecto de Ley en el menor plazo posible, tanto por su relevancia para el sector de la cultura, como por el avance de la tecnología digital.
De este modo, una vez aprobada la Ley, durante el año 2023 podrán aprobarse los estatutos del organismo y dar cumplimiento a los hitos comprometidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En los últimos años, la actividad relacionada con la propiedad intelectual ha experimentado una constante expansión provocada por varias razones. Por una parte, Internet y las redes sociales se han convertido en el principal canal de comunicación pública y de reproducción de las obras y prestaciones protegidas por derechos de autor y conexos Por otra, la digitalización y la transformación de los usos de obras y prestaciones protegidas se están acompañando de nuevas formas de vulneración de estos, dando lugar a nuevas estrategias de piratería que aprovechan la combinación de funcionalidades que ofrecen las redes sociales
Además, las plataformas de ‘streaming’ han revolucionado el consumo de contenido audiovisual y musical protegido por derechos de autor y derechos conexos, creando nuevos entornos de difusión de las creaciones culturales que exigen una adaptación constante de la legislación y de las herramientas al servicio de la protección de los mencionados derechos y de la promoción del sector basado en los mismos
Como consecuencia, el Estado ha ido sumando nuevas competencias de gran calado, como un mayor ámbito de supervisión y control de los operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual, las funciones de autoridad nacional en el ámbito de las obras huérfanas o las nuevas funciones de las secciones Primera y Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, como el procedimiento de bloqueo directo de las web ‘piratas’.
Por otro lado, la actividad normativa europea e internacional también se ha multiplicado y España necesita tener una mayor y mejor presencia en los foros multilaterales de decisión en materia de propiedad intelectual.
La propiedad intelectual constituye un pilar fundamental de las Industrias Culturales y Creativas, que aportan un 3,4 por ciento al PIB nacional, según la Cuenta Satélite de la Cultura. El sector cultural constituye un sector estratégico de desarrollo social y económico, así como una herramienta de cohesión social y de proyección de una imagen positiva de España en el mundo.
Por ello, el Gobierno de España ha incluido a las Industrias Culturales entre las 10 políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por su capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo y por su efecto transformador de nuestro modelo productivo, hacia un ecosistema social y económico más verde, más digital, más cohesionado e igualitario.
