Aún es pronto para poder valorar en profundidad el alcance real de la Ley General de Comunicación Audiovisual en el entorno la producción cinematográfica. La nueva norma se aprobó en mayo de 2022, pero desde entonces han ocurrido muchas cosas en España, entre ellas unas elecciones generales y la consiguiente puesta en marcha de un nuevo Gobierno, hechos que lógicamente han congelado muchos procesos legislativos.
Sin embargo, a pesar de que todavía están pendientes los Reales Decretos que desarrollen la Ley General de Comunicación Audiovisual, sí es posible hacer un acercamiento a las primeras consecuencias para los productores independientes y sobre todo para los operadores de televisión, públicos y privados, que a priori parecen los principales afectados en estos primeros meses.
El 29 de noviembre, en el marco de la tercera edición de las jornadas de industria organizadas por Aecine en la Academia, se ha celebrado la mesa «Impacto de la Ley General de Comunicación Audiovisual en el sector tras un año de recorrido».
El debate ha estado moderado por Emma Lustres, CEO de Vaca Films, y en él han participado Cristina Morales, Subdirectora General de Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; María Luisa Gutiérrez, Presidenta de Aecine y CEO de Bowfinger International Pictures; José Pastor, Director del Área de Cine y Ficción de RTVE; Álvaro Augustin, Director General de Telecinco Cinema; Jaime Ortiz de Artiñano, Director General de Atresmedia Cine e Ismael Calleja, Director de Alianzas de Movistar+.
Entre los asuntos que más preocupan a las cadenas de televisión es la obligatoriedad de invertir en películas realizadas en lenguas cooficiales, porque a su juicio no siempre es posible cumplir los porcentajes exigidos. También denuncian los operadores de televisión los obstáculos para invertir en producciones rodadas en otros idiomas diferentes como inglés, francés, italiano u otras lenguas europeas, lo que complica a las televisiones entrar en coproducciones internacionales, generalmente títulos más ambiciosos para un mercado global, porque no computan en su porcentaje de la obligación del cinco por ciento.
Exactamente, la Ley incluye la obligatoriedad para los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, ya sea lineal o bajo demanda, de destinar el cinco por ciento de sus ingresos a la financiación de obra audiovisual europea o contribuyendo al Fondo de Protección a la Cinematografía o al Fondo de fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano.
De esta cuota, al menos el 70 por ciento se deberá destinar a obras audiovisuales en español o en alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. En todo caso, se deberá reservar, al menos, un 15 por ciento para la producción de obras audiovisuales «en lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta su peso poblacional». Se deberá reservar, al menos, «un diez por ciento para cada una de ellas» (catalán, valenciano, euskera, aranés y gallego). Asimismo, se deberá reservar «un mínimo del 30 por ciento a obras audiovisuales dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres» (otro punto conflictivo porque no hay detalle sobre lo abarca el término «creadas», si por ejemplo incluye a las productoras de cine).
De momento, parece ser que la Ley no ha cambiado drásticamente el ecosistema de la producción cinematográfica pero sí empieza a producir efectos no deseados. Uno de esos efectos nocivos para las televisiones es la dificultad que están encontrando estos operadores para cumplir con algunas de las lenguas cooficiales, porque no hay oferta de proyectos y en caso de haberla es muy limitada, como ocurre con el aranés y el valenciano.
«Nos ha costado mucho encontrar proyectos en algunas lenguas cooficiales, este año vamos a poder cumplir con la obligación, pero no sé que pasará otros años», ha comentado Ortiz de Artiñano, que precisamente ha señalado las dificultades para cumplir con leguas como el aranés y el valenciano.
Por su parte, Augustin coincide en estas dificultades y en ese sentido ha revelado que no cuentan este año con ningún proyecto en aranés «había uno y se nos adelantaron», ha confesado. Para el director general de Telecinco Cinema estos nuevos requisitos van en contra de su filosofía de producción orientada a un cine comercial, que apuesta todo en la ventana de exhibición cinematográfica. «Nosotros apostamos por producir cuatro o cinco películas comerciales al año para conseguir un cierto retorno en taquilla, nuestro objetivo es al menos recuperar lo que invertimos», apunta.
Ante la falta de proyectos en determinadas lenguas, los responsables de los operadores están buscando fórmulas como generar directamente estos proyectos contando con talento local, también escaso. Ortiz de Artiñano vaticina que esta situación va a beneficiar en el futuro sobre todo a las producciones valencianas y gallegas.
Como es lógico, la cuota de inversión en lenguas cooficiales no es un problema para Televisión Española, está en su ADN, pero en su caso sí les gustaría revisar en la nueva Ley el 12,5 por ciento que tienen que invertir en documentales y animación. La televisión pública, como las privadas, también ve como un problema que la participación en producciones internacionales en otros idiomas europeos no compute para el porcentaje de obligatoriedad, porque les impide reforzar la marca y ganar prestigio.
El director general de Atresmedia Cine cree que esta limitación de la norma con otros idiomas les aboca a perder una vía de producción muy interesante y les condena a no poder hacer grandes apuestas con vocación internacional y más si se tiene en cuenta que la producción en español está actualmente muy fragmentada: «Me preocupa no poder producir con lenguas europeas porque estas obras no computan para nuestra obligación, esto sin duda es un verdadero hándicap para acometer coproducciones internacionales ambiciosas», añade Ortiz de Artiñano.
Para poder mitigar estos efectos negativos, los productores independientes, representados en la mesa por Emma Lustres y María Luisa Gutiérrez, han instado a los representantes de las televisiones a adquirir más derechos de antena y no tanto a coproducir. «Creo que sería bueno para todo el cine español que las cadenas privadas adquiriesen más derechos de antena y no solo se dediquen a producir con productores independientes», afirma Lustres.
Pero esta idea no gusta en absoluto a las televisiones privadas, ya que los datos demuestran que el cine y sobre todo determinados géneros y perfiles no funcionan en sus emisiones lineales. «Una película como ‘Tadeo Jones’, que arrasa en los cines, hace un seis por ciento de cuota en antena, la animación no funciona en antena, tampoco el cine de género ni el de autor. Por esa razón, nosotros producimos películas con la intención de que tengan recorrido en los cines, no para nuestros canales», reitera Augustin.
En el otro extremo se encuentra Televisión Española que se encuentra muy cómoda con su modelo basado únicamente en la compra de derechos de emisión. «Nosotros estamos encantados con nuestro modelo basado en la compra de derechos. Creo que es un modelo bueno para el productor y tenemos que hacer que sea bueno también para nosotros, no debemos pensar que invertimos a fondo perdido», señala Pastor.
Pero el director del área de Cine y Ficción de RTVE también pone peros a las emisiones de ciertos títulos en sus canales. «Coincido en que hay géneros que no funcionan y yo no puedo obligar a que se programen. Una película de terror como ‘Verónica’, que debe ser de las películas participadas por RTVE que mejor ha funcionado en cines en los últimos años, cuando la emitimos en ‘Versión Española’ fue uno de los peores programas en términos de audiencia. Creo que debemos apostar también por películas que vea el ciudadano», confiesa Pastor. Por su parte, María Luisa Gutiérrez recriminó que Televisión Española emitiese mucho cine norteamericano cada semana en prime time, mientras tiene «un cajón lleno de cine español sin emitir».
En este panorama un tanto incierto, Cristina Morales ha enviado un mensaje de tranquilidad remarcando el compromiso del Gobierno con la industria audiovisual. También ha invitado a explorar todas las fuentes de financiación disponibles para el sector, entre ellas las ayudas MEDIA que en su opinión están infrautilizadas por España y ha recordado que la obligatoriedad de invertir en cine no parece tampoco un problema porque los datos del Observatorio Europeo dicen que los operadores europeos invierten hasta cuatro veces más de lo que tendrían que invertir por obligación. También ha reconocido que si se producen incumplimientos con la nueva Ley habrá sanciones graves, tal y como recoge el texto.
La presidenta de Aecine no tiene claro que esté llegando más dinero a la producción de cine español a través del Hub Audiovisual. «La sensación que tenemos es que con el Hub Audiovisual se ha apostado más por la producción internacional, por convertir España en un plato y no por beneficiar a la industria de producción local creativa. Lo que hemos visto ha sido a una entidad privada como Spain Film Commission viajando con el presidente del Gobierno», ha apuntado Gutiérrez.
Las jornadas de industria de Aecine han echado el cierre con un homenaje de los productores a Maite Pisonero, subdirectora del Área de Cine de RTVE que se jubila próximamente.
