Representantes de asociaciones de producción audiovisual de todo el mundo, se han unido para publicar una declaración conjunta donde se destacan los principios clave necesarios para garantizar el futuro de una industria audiovisual sostenible a través de la regulación de las plataformas de transmisión digital.
Entre los firmantes hay varias asociaciones españolas como AECINE, CIMA, IBAIA, MAPA, PATE, PIAF, PROA y PROFILM. «En representación de decenas de miles de empresas de la industria del cine y del audiovisual, nuestro compromiso compartido es demostrar nuestra unidad de propósito y compromiso para garantizar la independencia y viabilidad de la industria a nivel mundial y la salvaguardia de la soberanía cultural de cada nación», explican los firmantes en el texto.
La declaración conjunta reconoce que la respuesta a los cambios producidos en la dinámica empresarial audiovisual por las plataformas es tanto un reto global como una cuestión local. «Los gobiernos de todo el mundo están tomando medidas para adaptarse y establecer nuevas normativas, reconociendo los cambios en la dinámica de la industria y viendo la urgente necesidad de actuar para proteger las historias locales, el trabajo creativo y la propiedad intelectual que se genera».
Este escrito subraya la importancia cultural y económica de la producción local, reconociéndola como un activo estratégico nacional que debe ser valorado y protegido. El compromiso se extiende a garantizar que el público local tenga acceso a una amplia gama de historias locales de nueva creación en todas las plataformas.
Además, la declaración conjunta recalca la responsabilidad cultural mutua de las plataformas digitales que operan en los mercados locales, haciendo hincapié en la necesidad de que contribuyan de forma justa y proporcional a la creación de nuevos contenidos locales en los mercados en los que reciben ingresos.
«Un elemento central de estos principios es la necesidad de contar con un sector independiente saludable, que abarque el desarrollo, la producción, la distribución y la postproducción. Se insta a los gobiernos a que aborden las deficiencias del mercado y los desequilibrios en el poder de negociación comercial, con especial énfasis en el reconocimiento del papel fundamental de las empresas audiovisuales independientes», recoge el texto.
La declaración conjunta insta a los gobiernos a reconocer las oportunidades de crecimiento vinculadas a la protección de la propiedad intelectual (PI). «Las empresas audiovisuales independientes deben poseer y/o conservar el control de su propiedad intelectual, garantizando así su participación financiera en el éxito generado por su trabajo en plataformas, un aspecto crucial para preservar el patrimonio cultural único de una nación. No se trata sólo de regulaciones, se trata de salvaguardar el corazón y el alma de nuestras narrativas culturales» añaden los firmantes.
El frente unido mundial lo conforman, AECINE, Animation in Europe, AnimFrance, APA, APCA, APFC, APIT, AQPM, CEPI, CIMA, CMPA, Doc/it, EPC, FIPCA, FPS, IBAIA, MAPA, PATE, PIAF, PROA, PROFILM, Produzentenverband, SPA, SPADA, SPI, UPFF+, y USPA, que hacen un llamamiento a sus gobiernos para que tomen medidas decisivas para proteger el contenido local y su propiedad intelectual.
La regulación de las plataformas digitales es una reclamación solicitada desde diferentes ámbitos. Hace menos de dos años, en abril de 2022, el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE alcanzaron un acuerdo sobre la propuesta relativa a la Ley de Servicios Digitales (LSD), presentada por la Comisión Europea en diciembre de 2020.
La LSD establece una nueva normativa sin precedentes para la rendición de cuentas de las plataformas onlineen relación con los contenidos ilícitos y nocivos. Esta Ley brindará una mejor protección a los usuarios de internet y sus derechos fundamentales, y definirá un conjunto único de normas en el mercado interior que ayudará a las plataformas más pequeñas a expandirse.
La nueva normativa de la LSD se basa en los valores tales como el respeto de los derechos humanos, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho. Reequilibrará los derechos y responsabilidades de los usuarios, los intermediarios online, incluidas las plataformas en línea y también las plataformas en línea de muy gran tamaño, y las autoridades públicas.
La LSD establece obligaciones de diligencia debida a escala de la UE que serán aplicables a todos los servicios digitales que ofrezcan bienes, servicios o contenidos a los consumidores, incluidos nuevos procedimientos para la retirada más rápida de contenidos ilícitos, así como una protección completa de los derechos fundamentales de los usuarios online.
