Las televisiones privadas comerciales han presentado un extenso informe elaborado por la consultora Arthur D. Little que ha servido como excusa perfecta para asegurar, una vez más, que la situación de «incertidumbre total» que vive el sector después de la sentencia del Tribunal Supremo es «insostenible» y para alertar sobre el futuro incierto de la financiación de RTVE.
‘Análisis de la industria audiovisual y del mercado publicitario en España’ es el título de un estudio que empieza señalando que las televisiones generaron en 2012 un volumen directo de 5.500 millones de euros y que «es el motor del 1 por ciento del PIB en España». Según el informe, el sector televisivo genera unos 77.000 puestos de trabajo directos e indirectos que se están viendo amenazados por la inseguridad jurídica que acecha a la TDT. Antonio Fernández Galiano, que es el actual presidente de UTECA, comentó que las televisiones privadas habían llegado a un acuerdo con el Gobierno para la mudanza de frecuencias en el espectro radioeléctrico, pero que con la aceptación de la sentencia del Tribunal Supremo, el acuerdo se ha ido al traste.
Así, nadie sabe con certeza cuántos ni cuáles canales de TDT sobrevivirán a la posible criba que suponga la ejecución de la sentencia. En un principio se habló del cierre de 9 canales, pero la compañía demandante, Infraestructuras y Gestión 2000 S.L., solicita llegar hasta el fondo de la cuestión y pone sobre la mesa la desaparición de 17 canales en abierto. Fernández Galiano ha calificado de «terremoto» esta sentencia y ha asegurado que no sólo afecta a las empresas de televisión, si no que las productoras instaladas en España también se ven perjudicadas a la hora de poner en marcha nuevos proyectos y de continuar con otros. En este sentido ha aludido a la marca España para señalar que productoras extranjeras también están sufriendo esta situación al intentar hacer negocio en la televisión en España.
UTECA también enumera las «cargas» a las que se somete: más del 13 por ciento a «cargas singulares» (financiación de TVE, obra audiovisual europea y entidades de gestión de derechos); más de 1.800 millones de euros para producciones audiovisuales desde 1999 y hasta 2011; más de 190 millones de euros en 2012 a entidades de gestión colectiva de derechos.
La posible vuelta de la publicidad a TVE es otro de los quebraderos de cabeza de UTECA, que por fin consiguió una reivindicación histórica en 2009 y que posiblemente vea cómo se evapora próximamente. Si el modelo de financiación de RTVE sin publicidad ha demostrado ser insostenible porque la Corporación no tiene liquidez y sigue presentando déficit, tampoco ha resultado ser una solución para que las televisiones de UTECA se fortalezcan: las privadas han perdido el 50 por ciento de sus ingresos por la caída de la inversión publicitaria y la Asociación considera que si TVE vuelve a admitir anuncios, la situación podría agravarse para las privadas.
UTECA ha insistido en los problemas estructurales de TVE: su plantilla supone el 36 por ciento del presupuesto, cuando en las privadas está entre el 10 y el 20 por ciento; y la amenaza de devolución de 900 millones de euros si Bruselas sentencia que la financiación es ilegal. «La situación no puede ser peor», ha declarado Fernández Galiano.
