El Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, compareció la semana pasada en el Congreso para informar sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 en el ámbito cultural y por tanto en el cine. En su intervención Lassalle manifestó que “los esfuerzos realizados por todas las administraciones nos han permitido, en mi opinión, alejar a España de la incertidumbre financiera y reducir la presión que el pago de los intereses de la deuda ha generado en la capacidad de gasto del Estado. Creo que estamos en condiciones de afirmar que lo peor en términos presupuestarios ha pasado y estamos en condiciones de poder afirmar también que podemos, por primera vez en los últimos años, reactivar la iniciativa pública en algunas de las áreas que más sensiblemente se han visto desasistidas de apoyos públicos en los ámbitos local y autonómico, que es lo que ha sucedido precisamente con el teatro, la danza y la música”.
En materia de cine, el Secretario de Estado de Cultura describió la complicada situación actual: “el presupuesto del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para 2014 será de 50.840.000 euros, con una reducción del 8,82%, al mismo nivel por tanto que la Dirección General de Museos, Archivos y Bibliotecas. La partida más significativa del presupuesto del ICAA es la destinada al Fondo de protección de la cinematografía, contemplado en el programa 335.C, que contará finalmente con una dotación de 33.700.000 euros para 2014. Como bien saben, señorías, este fondo está destinado a atender principalmente las ayudas a la amortización que tratan de cubrir parte de los costes de producción de los largometrajes. Este sistema de ayudas, como he avanzado en otras ocasiones, se encuentra sometido a un proceso de reflexión en el marco de la comisión para el estudio y definición de un nuevo modelo de financiación de la cinematografía y el audiovisual. En este foro seguimos trabajando en el desarrollo de un modelo mixto de apoyo a la cinematografía que combine las ayudas directas con un sistema de incentivos fiscales más atractivo y eficaz y que permita una más amplia participación de la sociedad civil y del tejido empresarial en la financiación de nuestro cine. Es cierto que el proceso está resultando más lento de lo deseable, pero debemos tener en cuenta la tremenda dificultad que entraña esta reforma y la importancia de encontrar un modelo sólido y sostenible. Es necesario encontrar una reforma consensuada entre los diferentes agentes que intervienen en este sector y, como a ninguno de ustedes se les escapa, cuentan con intereses en ocasiones complicados de conciliar. Durante este año 2013 y tras su reunión constitutiva, se han celebrado cinco reuniones de trabajo del pleno de esta comisión, así como de los diferentes grupos de trabajo temáticos. Estas reuniones han servido -y felicito a todos los que han intervenido en ellas por la dedicación y el trabajo que han puesto- para potenciar vías de información e interlocución con todas las organizaciones representativas del sector audiovisual. En el seno de la comisión se anunció el pasado mes de junio la decisión del Gobierno de prorrogar por primera vez de forma indefinida los incentivos fiscales del 18% a las producciones cinematográficas, así como la ampliación de nuevos elementos dentro de la base que va a computar para ese incentivo. Puedo avanzar en este sentido que los trabajos de elaboración del primer borrador para el nuevo modelo de incentivos fiscales se encuentran muy avanzados. No obstante, continuamos a la espera de la nueva comunicación cine de la Comisión Europea, documento que recoge el escenario al que han de ajustarse los sistemas públicos europeos de apoyo a la cinematografía. Este documento tenía prevista su aprobación para el último trimestre de 2012, pero se está demorando en exceso debido a la falta de acuerdo sobre determinados aspectos del texto, en concreto sobre las cláusulas de territorialización de la inversión. Estas cláusulas definen en qué medida un país miembro puede acotar la movilidad de la producción de una película en función de las ayudas que haya recibido”.
Sobre la promoción exterior del cine español, Lassalle comentó: “el fomento y la promoción de nuestro cine y su industria tanto dentro como fuera de nuestras fronteras se canalizará a través de las ayudas a los festivales y mercados de cine más relevantes. Estas ayudas se mantienen prácticamente sin variación en este proyecto de presupuestos y cabe destacar la ayuda al Festival de San Sebastián, que aumenta su dotación hasta los 900.000 euros. El fomento del cine también se ha visto reforzado por la firma de nuevos convenios internacionales de coproducción como los puestos en marcha con India e Israel. Puedo decirles que las negociaciones del convenio de coproducción con China se encuentran ya muy avanzadas. Se ha acordado un texto de consenso y se han iniciado las consultas entre departamentos y los trámites preceptivos para su firma, que está prevista para los próximos meses”.
Por otro lado, el secretario de Estado anunció que en 2014 se concluirá el traslado de la totalidad de los fondos fílmicos al Centro de conservación y restauración de la Filmoteca Española, que se encuentra ya en funcionamiento y que será inaugurado en los próximos meses. “Este centro se ha convertido ya desde su planificación en una referencia internacional gracias sobre todo a la dedicación y cuantificación de los profesionales que desde estas nuevas instalaciones pueden continuar avanzando en la investigación de sistemas pioneros para el tratamiento de nuestro rico, pero también tremendamente delicado patrimonio fílmico”.
Tras la interpelación del del diputado del Grupo Socialista José Andrés Torres Mora, el secretario de Estado de Cultura defendió la política del Gobierno actual en el ámbito cinematográfico: “para este Gobierno, y para el secretario de Estado de Cultura en particular, el cine es un área prioritaria de la cultura de nuestro país, y requiere un cambio de estructura en su financiación. El modelo de financiación que ha estado viviendo el cine -lo he dicho muchas veces- no ha sido el correcto; de hecho, la crisis lo ha puesto de manifiesto. Tal es así que en momentos en los que tenía que haberse apostado claramente por ese cambio de estructura, al que yo antes hacía referencia, y en momentos en los que la crisis se insinuaba ya, el sector del cine siguió experimentando incrementos en el Fondo de amortización; un fondo de amortización que obliga a la Administración no a pagar a año vencido sino a años vista, y genera expectativas de gasto y de inversión que no se traducen en el ejercicio presupuestario concreto del año en el que se dibujan sino en la proyección ulterior, con lo cual nosotros tenemos que estar ahora mismo pagando todavía las películas que se hicieron en el año 2011. Esa situación, en la que se generaban estímulos de inversión en un momento de crisis, ha coincidido con una crisis presupuestaria que ha obligado evidentemente a reducciones que no son del gusto de esta secretaría de Estado pero que evidentemente están siendo afrontadas, -ese fue el compromiso que se puso sobre la mesa- de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. No hay deuda; hay obligaciones legales que tendrán que ser pagadas y satisfechas de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. Esperemos que el año que viene se tenga más presupuesto para ir enjugando esa acumulación de obligación que está pendiente, pero puntualmente se irá satisfaciendo, como en otros ámbitos de la actividad económica de este país. Por tanto, no es que se haya dejado de atender sino que -ahí reconozco al sector una enorme capacidad de responsabilidad, una enorme capacidad de sacrificio, que agradezco, comprendo, y lo he dicho muchas veces-, desgraciadamente, la propia Ley del Cine y el propio fondo prevén específicamente que esas obligaciones estén subordinadas siempre a las propias disponibilidades presupuestarias que tenga. La Ley del Cine así lo especifica”.
Lassalle defendió por encima de todo las medidas fiscales e incluso habló ya de porcentajes reales superiores al 18 por ciento: “Creo que la fiscalidad -he insistido muchas veces-, conciliada con las ayudas directas, puede ser el mecanismo que permita al cine financiarse correctamente. Lo que sucede es que en la introducción del modelo el periodo de transición no ha sido cómodo para nadie, empezando por la propia secretaría de Estado, porque ha tenido que sufrir, como les decía antes, las reducciones presupuestarias que les he mencionado. Lo triste es que anteriormente no se hubieran hecho las cosas como tenían que haberse hecho y que se hubieran introducido guiños de inversión sobre la base de no saber cuáles iban a ser realmente las disponibilidades presupuestarias que los Gobiernos futuros iban a tener a la hora de financiar esas obligaciones pendientes y esas expectativas de derecho que se generaban. Creo que es relevante, haber introducido por primera vez con carácter indefinido la desgravación del 18%. Usted sabe que hasta el momento esa desgravación era objeto de renovación anual a través de los Presupuestos Generales del Estado, lo cual generaba una enorme incertidumbre en el sector. A pesar de esa incertidumbre, de los años 2006 a 2009 ese incentivo ha permitido anualmente una cifra de 85 millones. Esperemos que ahora, con la imagen de que es un estímulo definitivo, genere aun mucha mayor capacidad para atraer al sector, para refugiarse en el uso de esa desgravación fiscal, a la espera de conseguir introducir en las enmiendas al proyecto de ley, por el que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad, una serie de mejoras que implicarían un incremento del porcentaje de deducción del 18 al 25% o un establecimiento mayor en el máximo de coproducciones financieras permitidas para una misma película. En fin, se trata de una serie de iniciativas que espero que finalmente consigan ser apoyadas por el Ministerio de Hacienda e incorporadas a ese paquete de medidas de estímulo fiscal. Vamos a ir tratando de convencer al Ministerio de Hacienda para que respalde las políticas de fiscalidad que defendemos para el cine, y en ese sentido intentaremos que el cine obtenga el tratamiento que se merece, que no es otro que tener la mejor de las consideraciones por parte de todos”.
En su recapitulación final, José María Lassalle trató de no echar balones fuera y señalar la crisis económica como responsable de todo, aunque criticó la gestión cultural de las Administraciones locales y de las Comunidades Autónomas: “En modo alguno se está planteando que el origen del sufrimiento, entre comillas, presupuestario de la Secretaría de Estado de Cultura se deba a lo que han hecho o dejado de hacer otros gobiernos. No, la crisis evidentemente está ahí y ha tenido una incidencia grave, pero lo que yo les reprocho -y también reprocho a los Gobiernos anteriores de este país- es que hayamos mantenido un modelo de sostenimiento de la cultura en manos públicas, estrictamente públicas, que no hayamos sido capaces de introducir mecanismos que generaran realmente una estabilidad mixta, que combinaran lo público con lo privado, algo que hasta Francia -un país con una larga tradición interventora en el ámbito de la cultura- introdujo y que ha dado pie a que disponga de mecanismos de mecenazgo importantes. Para mí, la cultura -lo he repetido muchas veces y no me cansaré de defenderlo; a lo mejor soy la única voz que lo reclama- tiene que tener un modelo mixto público-privado que dé lo mejor del sector privado mediante el mecenazgo y la fiscalidad e incentive la generación de un tejido privado propio despolitizado, y un ámbito de intervención pública marcado por la transparencia, el control y la concurrencia. Eso es lo que estamos haciendo nosotros; es verdad que en un proceso muy complicado porque hemos tenido que abordar una crisis económica y, ojo, una crisis fiscal y presupuestaria que no estaba prevista. Los años 2012 y 2013 han sido presupuestariamente años muy duros, y fundamentalmente en un ámbito en particular, el ámbito cultural, cuyo presupuesto era básicamente una actividad de fomento. Y claro, las actividades de fomento son las que han sufrido presupuestariamente, por la propia lógica de la austeridad presupuestaria; han sufrido en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, y con independencia del color político. Lo que sí le aseguro -y eso es lo que sí hemos planteado a lo largo de estos dos años-, a diferencia de lo que ha pasado en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, es que aquí se ha mantenido la actividad; se ha reducido el presupuesto, pero ha seguido la actividad. Es decir, todas las unidades técnicas dependientes de este ministerio han seguido desarrollando plenamente su actividad, no se ha reducido el personal, no se ha cerrado la exposición pública; en todo momento se ha mantenido el tren de actividad, con sus exposiciones, algunas de ellas tremendamente exitosas. Ese ha sido un esfuerzo interno de la propia secretaría de Estado, de la gente de la casa, que ha trabajado con una enorme vocación de servicio público y de dedicación, que ha sido capaz de, con menos, hacer más. Hemos sido capaces, insisto, de salvar el peor de los momentos para la cultura y ahora estamos en condiciones -y por eso ese esfuerzo sectorializado- de tratar de reactivar un ámbito del tejido cultural de este país que ha sufrido extraordinariamente, más probablemente que el resto, que es el ámbito del teatro, de la danza y de la música. De ahí ese esfuerzo sectorializado, particularmente en el ámbito de la actividad municipal, porque en ese ámbito ha desaparecido la actividad cultural pública, no por responsabilidad nuestra, sino a causa de las dificultades presupuestarias que han tenido los ayuntamientos y las comunidades autónomas. En la lógica de cooperación cultural que hemos defendido siempre, hemos abordado el esfuerzo de tenderles una mano y, por tanto, ver si somos capaces de introducir un mecanismo de red cultural que no ha existido en este país. Aquí los ayuntamientos y las comunidades autónomas planificaban su actividad muchas veces sin eficiencia en la propia dimensión de la actividad que estaban desarrollando. Es lo que tenemos que ser capaces de hacer y es lo que se ha hecho. Sé que quizá puede parecer que es poco, pero nosotros hemos sido capaces de enjuagarnos internamente y además introducir mecanismos de racionalización que antes no existían. Por eso digo que hemos soportado lo peor y no ha colapsado institucionalmente la Secretaría de Estado de Cultura. A diferencia de lo que ha pasado en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, nosotros no hemos sido borrados de la actividad, pero es que en otros sitios ha desaparecido esa actividad. Se ha reducido el presupuesto, pero nosotros hemos hecho ese esfuerzo interno y al mismo tiempo hemos hecho el esfuerzo de, en ese marco, ir elaborando los textos legislativos que ahora, a partir de 2014 y 2015, serán promulgados. Ese ha sido el otro esfuerzo interno. Por eso digo que el balance final es el que tiene que tenerse en el horizonte; un balance final que ha permitido que en los momentos más difíciles el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y concretamente la Secretaría de Estado de Cultura, no haya colapsado institucionalmente y haya mantenido su actividad. Por ejemplo, el teatro de Almagro; las actividades que dependían de nosotros, lo que ocurre es que se nos ha atribuido el colapso de los otros. Esto forma parte de una curiosa manera de interpretar el Estado autonómico y también la autonomía municipal; echar, de alguna manera, balones fuera y trasladar al Estado la responsabilidad, que no quisieron compartir en el origen, de la propia actividad que han desarrollado. Ojalá -y ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer a partir de ahora- que los proyectos de red cultural que poco a poco estamos poniendo en marcha se desarrollen cuando las actividades comiencen a reactivarse por la salida económica de la crisis. No estaré yo aquí, pero ojalá que quienes estén en otros ámbitos de gestión municipal y autonómica comprendan lo que hemos vivido, el diseño territorializado, compartimentado de lo más importante que tiene este país, que es la cultura. La cultura no se merecía la fragmentación intelectual, de horizonte, de diseño que le han dado comunidades autónomas, ayuntamientos e incluso Gobiernos de un signo y otro”.
“Hay otro ámbito que también me parece fundamental, que es la autonomía en la gestión de las instituciones dependientes de esta casa. Esa autonomía ha sido progresivamente impulsada y me parece fundamental para que el mundo de la cultura prospere; que los políticos nos apartemos, porque es fundamental la no injerencia en las instituciones culturales. No hacen falta liderazgos políticos, hacen falta liderazgos institucionales; en la cultura hace falta un liderazgo institucional, no personalizado, y muchas autonomías, muchos ayuntamientos y muchos Gobiernos han querido personalizar la cultura. Afortunadamente creo que eso también ha conseguido desarraigarse gracias a la introducción de un código de buenas prácticas que el ministro César Antonio Molina impulsó y que nosotros hemos mantenido y aplaudido, y ojalá podamos generalizarlo y extenderlo en los modelos de red para que quienes se beneficien de esos proyectos, en un mecanismo de transparencia, acrediten que tienen buenas prácticas porque, si no, no tendrán ayuda pública”, concluyó José María Lassalle.
