En una lucha cada vez más encarnizada por la cuota de mercado, con mayor oferta de canales y una audiencia más y más fragmentada, los canales de servicio público y los organismos de radiodifusión comerciales compiten entre sí con su programación para ocupar su nicho de mercado. En el contexto europeo, los legisladores tratan de asegurar un espacio de difusión de contenidos de interés general, cubierto, por lo general, por los canales de servicio público, a través de la llamada legislación del ‘must carry’. El Observatorio Audiovisual Europeo, que forma parte del Consejo de Europa en Estrasburgo, analiza la situación en Europa en su nuevo informe titulado ‘¿Se debe de llevar a cabo un resurgimiento o una reforma?’
Los autores del artículo principal, Nico van Eijk y Bart van der Sloot del Instituto de Ámsterdam para el Derecho de la Información (IViR) comienzan su análisis con una definición resumida de la legislación ‘must carry’ y de la ‘must offer’: ‘must carry’ tiene por objetivo garantizar el acceso de canales específicos a ciertas redes de distribución. El fenómeno de ‘must offer’ ha surgido a partir de la idea de que los canales también necesitan poner su contenido disponible para las redes, no sólo para hacer el paquete básico de canales más diverso y atractivo, sino también para garantizar la viabilidad económica de algunas redes de distribución.
Centrándose en el contexto europeo, los autores explican que la cuestión que hay que contemplar en Europa está recogida en el artículo 31 de la Directiva de servicios universales de la Unión Europea, en primera instancia, así como ciertos precedentes establecidos por la jurisprudencia europea. En un resumen útil de los elementos de la Directiva principales, los autores explican que la obligación de transmisión, el ‘must carry’, «sólo se puede imponer a las redes que son el principal medio para recibir emisiones de radio y televisión para un número significativo de usuarios finales» (el llamado requisito cuantitativo). Además, las redes están obligadas por ley a obligaciones de transmisión de ciertos canales y tienen derecho a esperar una remuneración de estos canales que debe ser «no discriminatoria, transparente y proporcional». De acuerdo con la Directiva, el ‘must carry’ es una regulación «tecnológicamente neutral», ya que puede aplicarse a cable, satélite, redes terrestres y de IPTV también. Por último, los autores explican que esta legislación se aplica sólo a la «capacidad de distribución disponible» (es decir, redes de radiodifusión) y no el contenido en sí.
En cuanto a la jurisprudencia de la Corte Europea de Justicia, los autores se centran en dos; la belga, de corte innovador, y un caso alemán como ejemplo de lo que sucede cuando las disputas nacionales son sometidas a una instancia superior, la instancia jurídica europea. El informe pasa luego a examinar la aplicación de las normas europeas de ‘must carry’ en la legislación nacional de Bélgica (Flandes), Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia y Reino Unido.
La sección ‘Related Reporting’ del informe recientemente publicado ofrece una recopilación de artículos breves sobre los últimos desarrollos legales europeos en el campo de la radiodifusión. Por otro lado, el informe habla sobre la legislación que regula las guías electrónicas de programas (EPG) y la importancia concedida a los diferentes canales y contenidos en los listados implicados. En este artículo, Bart van der Sloot de la IViR explica que la legislación de las EPG traza una fina línea entre la regulación de los contenidos y el acceso, así como entre los medios de comunicación específicos de la legislación y la normativa de competencia general. Los legisladores en este contexto se enfrentan con el contraste entre el mantenimiento de una posición neutral y, por el contrario, intervenir para promover la calidad y la diversidad. El autor plantea la cuestión de si la futura legislación cubrirá las EPG basadas en Internet, tales como aplicaciones de teléfonos inteligentes o en los sitios de redes sociales.
El informe concluye con un artículo de Jonathan Perl de la Escuela de Derecho de Nueva York en el que habla de los orígenes de la legislación ‘must carry’, que pretendía asegurar que los cableoperadores transmitieran también los canales locales a principios de los años 90. Sin embargo, un informe publicado en el verano de 2011 concluye que esta legislación no ha sido un buen instrumento para fomentar la transmisión de canales locales en redes de cable. Perl deduce que los broadcasters continuarán luchando por la continuidad de la legislación ‘must carry’ y por su refuerzo, mientras que los cableoperadores argumentarán que esta ley no ha favorecido al localismo. Sin duda, el debate continuará mientras el interés de la audiencia y los agentes del mercado, así como la tecnología y los parámetros del mercado sigan evolucionando.
Para más información: http://www.obs.coe.int
