Los resultados del último Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales muestran que las descargas ilegales siguieron aumentando durante 2013 en España. El estudio realizado por la consultora independiente GfK a instancias de la Coalición de Creadores e industrias de Contenidos concluye que el 84% de todos los contenidos audiovisuales consumidos en España es pirata.
Como novedad, en el estudio de este año se ha complementado el sistema de encuestas con una serie de preguntas orientadas a determinar el conocimiento por parte de los usuarios de las medidas contra la piratería digital y su eficacia. Las medidas más eficaces contra la piratería a juicio de los internautas serían bloquear el acceso al sitio web que ofrece los contenidos (68,2%) y sancionar a las operadoras y proveedores de acceso a internet (60,2%), siendo esas dos las mayoritarias por encima de las campañas de concienciación social (53,2%), sancionar a los usuarios con multas (52,5%) y restringir el uso de internet (48%).
Globalmente, más de la mitad de la población internauta (51%) descarga ilegalmente contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual, hasta superar en 2013 los 3.192 millones de descargas ilegales (un 4,6% más que en 2012); por tipos de contenido, música lo hace el 27% (1.974 millones de descargas ilegales), películas el 43% (720 millones), libros el 21% (302 millones) y videojuegos el 9% (196 millones).
Según el informe de GfK, el valor total de lo pirateado online, un 6,5% mayor que en 2012, supera los 16.136 millones de euros: 6.067 millones de euros en contenidos musicales, 3.814 millones en cine (cabe recordar que el año pasado los cines españoles recaudaron en su conjunto bastante menos de 600 millones de euros), 4.418 millones en videojuegos y 1.837 millones en libros. Todos los tipos de contenido se piratean más que en 2012, a excepción de la música, que muestra un leve descenso. Los libros, por el contrario, acusan la subida más significativa, al haberse triplicado en 2013 el valor de lo pirateado con respecto al año anterior.
Más del 46% de los internautas que acceden a contenidos ilegales usan buscadores para encontrar el contenido y se dirigen después al sitio web donde lo descargan, leen, ven o escuchan, siendo Google el buscador utilizado en el 97,5% de las ocasiones. El 70% (7 de cada 10) de los internautas ve perfectamente normal no pagar por algo que puede obtener gratis.
En lo que respecta a los “motivos prácticos”, el 59% accede a contenidos piratas por la rapidez y facilidad de acceso y, lo que resulta especialmente llamativo, más de un 20% de los internautas considera que cuando accede a contenidos pirateados no cree estar perjudicando a ninguna industria. Además, se evidencia que más del 77% afirma que conoce que podría tener consecuencias legales para el que piratea (aunque por ahora “no pasa nada”).
Por otra parte, resulta igualmente destacable que un 60% de los internautas afirma que aceptaría que los contenidos incluyesen inserciones publicitarias si con ello pudiera acceder a ellos sin coste alguno. Además, en el caso de que no pudiera accederse a los contenidos gratuitamente, 2 de cada 10 pagaría por ellos.
Según el informe, durante 2013, debido a la piratería se dejaron de crear 25.720 empleos y el erario público dejó de ingresar 526,2 millones de euros, un 6,4% más que en 2012, ya que la actividad económica ilegal no paga impuestos como el IRPF o el IVA ni cotizaciones a la Seguridad Social.
La Coalición de Creadores señala que es evidente que la a Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual no ha cumplido el cometido para el cual fue creada. Muy lejos de solventarse los problemas del primer año de funcionamiento, en 2013 su actuación se consolida como insuficiente. Carlota Navarrete, directora de La Coalición, “lamenta que los resultados obtenidos hasta la fecha en la lucha contra la piratería sean tan terriblemente escasos”.
Desde su puesta en marcha el 1 de marzo de 2012, las industrias a las que representa La Coalición han presentado 145 solicitudes de actuación contra servicios o páginas que suministran ilícitamente contenidos protegidos de forma masiva. La Sección Segunda de la CPI tiene pendiente de inicio aún 64 de dichas solicitudes. Del 55% restante, muchos de los contenidos han sido retirados voluntariamente al recibir la notificación de la comisión y sólo en algunos casos ha habido una resolución formal ordenándolos.
Estás actuaciones han supuesto a las industrias de contenidos la retirada de 50 albumes, 67 películas, 14 libros, 21 videojuegos y 4 capítulos de series de televisión en un universo de 3. 192 millones de descargas ilegales. El tiempo medio de inicio de un expediente es de 400 días, en un entorno como internet caracterizado por la inmediatez y dónde el interés por los contenidos es extremadamente efímero.
La Coalición quiere hacer un llamamiento urgente al Gobierno y a todas las fuerzas políticas para que la tramitación en el Congreso y el Senado del proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual pueda ofrecer medidas realmente eficaces para frenar las descargas ilegales.
Carlota Navarrete, advierte de que “aún hay oportunidad para mejorar la Ley y tenemos confianza en que se puede realizar los cambios necesarios. El Gobierno y el Parlamento deben asumir su responsabilidad y compromiso político, aprobando una normativa que introduzca las mejoras necesarias para lograr su máxima eficacia en la persecución de la piratería en Internet. Desde La Coalición, como representantes de una gran parte del sector cultural y del entretenimiento en España, defendemos que estás mejoras son imprescindibles, las sentencias del Tribunal Supremo han sido rotundas respecto a la idoneidad del procedimiento, el Consejo de Estado ha sido incisivo en su dictamen sobre la reforma, las últimas decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea inequívocas y el conocimiento que tenemos ya de las regulaciones que se están aplicando en países de nuestro entorno no dejan margen de duda: debe apostarse decididamente por proteger a la industria de los contenidos en internet, y dotar de recursos e instrumentos eficaces a la lucha contra la piratería”.
“Es un gran reto para el que, desde las Industrias de Contenidos, pedimos a todos las fuerzas del arco parlamentario responsabilidad, coherencia y unidad ante la defensa de una industria y unos creadores que sufren impotentes desde hace años la masiva e impune vulneración de sus legítimos derechos, por ellos, por la incidencia directa en la economía, el empleo y las arcas públicas, por la Cultura como sector estratégico y como vertebrador de la sociedad, la tramitación de la ley es una oportunidad única que no puede, ni debe, desaprovecharse. Necesitamos que al igual que en otros países de nuestro entorno se consoliden propuestas que garanticen la eficacia en la lucha contra la piratería y proporcionen verdadera seguridad jurídica a
las industrias culturales”.
«Queremos apelar también a la responsabilidad de todas las empresas que intervienen en este mercado, incluyendo al sector publicitario, los medios de pago y también intermediarios como proveedores de hosting o de acceso a internet, para que asuman compromisos de autorregulación, similares a los que todos los actores del sector están adoptando también en otros países, para proteger la propiedad intelectual online y contribuir de forma activa al desarrollo de un sector industrial estratégico para la economía española».
La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos está integrada por: Asociación Española de Editores y Distribuidores de Software de Entretenimiento (ADESE), Sociedad de Artistas Intérpretes Ejecutantes de España (AIE), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), Productores de Música de España (PROMUSICAE), Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y Unión Videográfica Española (UVE).
