Una vez más representantes del sector cultural agrupados en Adepi han escenificado el rechazo al proyecto de Ley de Propiedad Intelectual, conocida ya como Ley Lassalle. Las entidades de gestión han reiterado su principal petición al Gobierno, la rectificación y modificación del texto aprobado antes de que la ley sea votada la próxima semana en el pleno del Senado.
En el acto han intervenido Antonio Guisasola, presidente de Agedi y de Adepi; Enrique Cerezo, presidente de Egeda; Fernando Marín, vicepresidente de Aisge; Pedro de Andrés, presidente de Cedro, y ejecutivos de todas las entidades de gestión. “No pedimos ceses, que en este momento de la tramitación no serían positivos; solo pedimos soluciones”, ha señalado Antonio Guisasola, destacando que las acciones de las últimas semanas tienen por objetivo lograr que el Gobierno recapacite y corrija las graves deficiencias técnicas que aún arrastra el proyecto de ley, no solo a juicio de las entidades de gestión y todo el sector cultural sino también de los principales órganos consultivos.
Guisasola ha señalado en cualquier caso que, si el Gobierno no rectifica, artistas, autores, editores y productores se verán obligados a tomar más medidas, incluidas las judiciales, presentando en el caso de la copia privada reclamaciones por perjuicio patrimonial contra España que, si Europa termina por dar la razón a las entidades, podrían suponer cientos de millones de euros a medio plazo.
Con la esperanza de no prolongar un conflicto estéril, la comunidad creativa española emplaza al Gobierno y a todos los senadores y senadoras a que no sean necesarias estas medidas, y les pide que no aprueben esta ley sin diálogo con el sector, sin el consenso político necesario en una ley de esta trascendencia y sabiendo que será tan perjudicial para el sector cultural español. Una ley que además no tendrá demasiado recorrido porque el Gobierno desde el primer día la ha calificado de provisional y anunciado otra más profunda, y sobre todo porque la Justicia europea y la nueva Directiva obligarán a modificarla.
“En este contexto es difícil entender que se pierda la oportunidad de hacer una buena Ley de Propiedad Intelectual y en su lugar se decida agravar una situación que ya es crítica. Señores senadores y senadoras, todavia están a tiempo de tomar decisiones, analicen con rigor la situación y tómenlas”, ha dicho Guisasola.
Los convocantes han detallado los perjuicios que causará la Ley Lassalle en caso de salir adelante con su actual redactado. Así, Enrique Cerezo ha destacado que el sistema de copia privada impuesto por el Gobierno no solo ha supuesto una reducción de las rentas de los creadores sino que también es muy perjudicial para los ciudadanos, que han pasado a pagar con sus impuestos una compensación que en toda Europa pagan los fabricantes de dispositivos y además verán reducidas sus opciones de hacer copias privadas legales. También ha sido muy crítico con la situación a la que se abocará a la producción audiovisual española: “Lassalle prometió que la cultura llegaría a aportar un 10% del PIB y en lugar de eso el Estado ha dejado de pagar sus deudas, lo que es un pésimo mensaje para los inversores”.
Los representantes del sector cultural también ha denunciado que la ley no aporta ninguna solución eficaz al problema de la piratería, lo que impedirá la creación de 27.000 empleos y el ingreso en las arcas públicas de más de quinientos millones de euros. “Sencillamente hay que cumplir las leyes, españolas y comunitarias”, ha señalado el presidente de Cedro, Pedro de Andrés.
Fernando Marín, vicepresidente de Aisge, ha recordado el contexto de crisis, lo que hace que las deficiencias del proyecto de ley sean aún más perjudiciales: “La reforma ataca unas tarifas que ya son bajas, lo que castigará nuestra expansión cultural, al contrario de lo que están haciendo los países de la Unión Europea”.
En esa línea, Antonio Guisasola ha recordado que esta misma semana, tras la publicación del Anuario de SGAE, se ha confirmado la crítica situación de un sector que en los últimos años acumula unas pérdidas cada vez más difíciles de compensar. Factores como la crisis económica, la piratería, la subida del IVA cultural, los cambios en los hábitos de consumo, etc. han afectado en mayor o menor medida a las diferentes disciplinas.
Y por si todo esto fuera poco, según los convocantes, la reforma no cumple con la legalidad comunitaria, de lo que el Ejecutivo ha sido advertido por el Consejo de Consumidores y Usuarios, por el Consejo General del Poder Judicial y, sobre todo, por su máximo órgano consultivo, el Consejo de Estado. Pero el Gobierno no ha hecho el menor caso de las recomendaciones que le advertían del más que dudoso encaje de su proyecto en la normativa comunitaria ni tampoco ha querido mantener un debate riguroso y constructivo con los afectados para solucionarlo de una forma justa y equilibrada para los intereses de todos. “Se nos ha recibido, se nos ha escuchado, y se nos ha ignorado”, ha lamentado Guisasola.
Según los datos que el propio Gobierno detalla en su último Anuario de Estadísticas Culturales, solo en 2013 se perdieron 25.000 puestos de trabajo en el sector cultural. Los datos de 2014 podrían ser aún peores. Y en lugar de impulsar una reforma con el apoyo del sector al que afectará, la impone de espaldas a dicho sector, más cerca de los intereses de quienes explotan económicamente sus creaciones. “Lobbies tecnológicos u hoteleros pueden estar contentos viendo como el Ministerio de Cultura les protege más que a los creadores culturales”, ha añadido.
