Las principales entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual que operan en España, agrupadas en ADEPI, critican por enésima vez la reducción de la compensación por copia privada, que decrece un 95 por ciento respecto a lo que el mismo Ejecutivo estimó en 2011. En opinión de ADEPI, el criterio de lo que es y no es copia privada en la nueva Ley de Propiedad Intelectual convierte en piratas a la mayoría de ciudadanos.
La orden ministerial ECD/2166/2014 publicada el 19 de noviembre en el BOE establece una cuantía de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de cinco millones de euros. El comunicado de las entidades de gestión señala que esta cifra «es muy inferior a los 15,3 millones que determina el informe encargado a tal efecto por el propio Gobierno y que, aunque ya fue duramente criticado por las entidades de gestión por su nulo rigor ya que estaba claramente diseñado para que la cuantía a compensar fuera lo más baja posible, parece que es un nuevo caso claro de dilapidación del dinero publico al encargarse para no utilizarse».
Para ADEPI, este hecho supone «una nueva burla al colectivo de creadores e industrias culturales por cuanto contradice las promesas del ministro de Educación, Cultura y Deporte y del viceportavoz del PP en la Comisión de Cultura, quienes aseguraron, este último en sede parlamentaria, que la cuantía estaría alrededor de los 15 millones de euros». Además, según ADEPI, «la determinación de una cuantía muy inferior a la que los propios expertos del Gobierno establecen confirma la pertinencia de las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el Tribunal Supremo de España, especialmente la que cuestiona que el importe de la compensación equitativa por copia privada esté condicionado por el límite presupuestario aprobado por el Gobierno y no por el daño real causado a los titulares de derechos tal como obliga la Directiva comunitaria».
ADEPI también critica la metodología aplicada por el Gobierno que castiga arbitrariamente al sector cultural, «que ha dejado de percibir en estos tres años más de 300 millones de euros que en rigor y justicia le correspondían y recibirá en cambio una bajísima cantidad, ridícula en comparación con la establecida en Francia, Alemania o Italia, que además no respeta el ordenamiento comunitario. Mientras que se pretende que compita con esos países se coloca a España a la altura de países como Letonia o Rumanía». (VER DATOS COMPARATIVOS A NIVEL EUROPEO)
Las entidades de gestión señalan que la nueva Ley de Propiedad Intelectual modifica el concepto de copia privada con el único fin, públicamente reconocido por la Secretaría de Estado de Cultura, de reducir el importe de la compensación, sin importar que se convierta en potenciales piratas a la inmensa mayoría de ciudadanos, porque convierte en ilícitas la mayoría de copias que realizan, en contra del criterio del Consejo de Estado y como ya han denunciado las asociaciones de consumidores.
Las entidades de gestión creen que «es una temeridad proseguir con un sistema cuestionado por el Consejo General del Poder Judicial y sobre todo por el Consejo de Estado, además de por el Tribunal Supremo, con una inflexibilidad frente a todos los argumentos que incluso podría dar lugar a prevaricación».
Finalmente, apuntan que «que se invierta el dinero de todos los españoles en encargar informes para luego ser totalmente ignorados, o que la previsión presupuestaria, y no el perjuicio realmente causado, sea lo que determina la cuantía a compensar, ignorando las directivas comunitarias y al propio Tribunal Supremo, augura una más que probable sanción al Estado español. Sería bueno que los ciudadanos y los partidos políticos tengan memoria y, cuando se produzcan las oportunas sanciones contra España por la contumacia en el error de algunos de sus responsables políticos, exijan las oportunas responsabilidades a quienes han impuesto semejante aberración jurídica».
AGEDI, AIE, AISGE, CEDRO, DAMA, EGEDA, SGAE y VEGAP, las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual que forman ADEPI, representan los intereses de más de 157.000 profesionales y 7.100 empresas de las industrias culturales, creativas y del entretenimiento, cuya actividad supone un 3,5% del PIB español y de la que dependen más de 433.300 empleos directos.
