El cine español vuelve a estar convulsionado a raíz de las informaciones aparecidas estos días en el diario El País sobre el presunto fraude en las ayudas a la amortización a la producción cinematográfica, que en breve serán sustituidas por una nueva normativa que impulsa la subvenciones a priori. Sin embargo, durante varios años las dos normas tendrán que convivir.
En la información de El País aparecían los nombres de productores como Gerardo Herrero, José Frade, Enrique González Macho o Luis Miñarro, entre otros, por presuntamente haber simulado sesiones y adquirido entradas de sus películas con el fin de alcanzar los 60.000 espectadores preceptivos (30.000 en el caso de filmes de otras lenguas cooficiales), exigidos para poder cobrar las ayudas a la amortización. La investigación del diario, basada en un informe del ICAA, detalla que están abiertos varios procesos judiciales en los juzgados número 23, 29, 40 y 41 de Madrid, por falsedad documental y fraude de subvenciones desde el año 2012.
Ante la situación generada, varias asociaciones gremiales han decidido salir al paso de las noticias aparecidas estos días. Así, Ramon Colom, Presidente de FAPAE, Confederación de productores audiovisuales españoles, ha comentado sobre las sospechas de fraude a las Ayudas al Cine que «son los jueces los encargados de velar por el cumplimiento de la Ley. A día de hoy, según la información de la que disponemos, no hay ninguna sentencia firme condenatoria. No nos corresponde a nosotros abrir juicios sobre estos hechos. Como no puede ser de otra manera, aceptaremos las decisiones que, en su momento, puedan tomar los tribunales. De todas formas, consideramos que se trata de casos puntuales que no pueden extrapolarse a toda nuestra industria».
Según señala Colom, «el sistema de Ayudas a la Amortización está basado en un sistema homologado de taquilla, cuyo control corresponde a ICAA, en base a una Orden Ministerial del año 2011, que si presenta deficiencias debe revisarse con carácter urgente. Desde la presidencia de FAPAE se le ha comunicado al Ministerio de Cultura la necesidad de aumentar la seguridad jurídica de las negociaciones. Fruto de estas negociaciones es la nueva Ley donde desaparece el pago a posteriori».
El presidente de FAPAE recuerda que «el nuevo modelo de Ayudas al Cine, que actualmente está en proceso de debate y que no incluye la revisión de la orden ministerial de control de taquillas, se plantea desde la industria como una herramienta para crear un sistema de ayudas más justo y equitativo. Entre muchas otras medidas, además, este nuevo modelo descarta el sistema de ayudas a la amortización, que es el que ha dado lugar a los hechos publicados».
Finalmente, el presidente de los productores explica en un comunicado que «la Confederación de productores audiovisuales españoles, trabaja con la Administración desde hace meses para que el sistema de ayudas al sector audiovisual mejore, entre otros motivos, para que no paguen justos por pecadores».
Igualmente, los productores catalanes adscritos a PROA, la Federación de los Productores Audiovisuales Catalanes, integrada también en FAPAE, y que está formada por las asociaciones Pro-Ficció, Pro-Docs, Pro-TV i Pro-Animats, se pronuncian en relación a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación alrededor del fraude y las irregularidades en la concesión de ayudas públicas a la producción audiovisual.
En un comunicado, los productores catalanes rechazan el fraude, recuerdan que los casos son aislados y que, por tanto, no se puede comprometer la totalidad del sector. En este sentido, PROA defiende un sistema de ayudas a priori mientre sigue trabajando para una reforma más profunda del sistema que se base en el retorno fiscal.
«El sistema de ayudas a priori es actualmente vigente en Cataluña y se está trabajando a nivel estatal con el ICAA a través de su propuesta de ayudas que pasará a ser efectiva a partir de 2016. El sistema de ayudas a priori no está basado en la taquilla sino en la valoración de cada uno de los proyectos y la solvencia de la productora que lo presenta. Los beneficios de este sistema de ayudas no solamente hacen más difícil la existencia de casos de fraude sinó que resulta ser más coherente con el proceso natural de la producción del audiovisual en cuanto a la inversión del productores y su recuperación», concluyen los responsables de PROA.
Por último, tampoco quieren quedar señalados por el turbio asunto del fraude de las ayudas a la amortización los exhibidores cinematográficos. Ante la noticia aparecida en el diario El País, la Federación de Cines de España (FECE), entidad que representa a más del 90 por ciento de los empresarios de salas de cine de España, matiza que «las salas de cine es uno de los sectores culturales mas transparentes, sometido a rigurosos controles, debiendo facilitar los datos de espectadores y recaudación por película, día y sesión de forma semanal al Ministerio de Cultura, bajo los controles de la inspección del ICAA».
FECE quiere hacer constar que «las salas de cine no reciben ningún tipo de subvención por parte del ICAA u otro organismo en función de si una película obtiene más o menos espectadores y que las salas de cine venden entradas para sus sesiones por diversos canales como la taquilla, plataformas de internet o cajeros, no pudiendo controlar, ni siendo esta su función, el que aquellas personas que compren sus entradas entren o no a la sala o que la abandonen a mitad de la película».
Por último, los exhibidores españoles señalan que «si alguna empresa ha actuado de forma incorrecta, serán los tribunales quienes tengan que decidir su grado de responsabilidad, pero no por ello se puede poner en duda el comportamiento global de un sector que siempre ha cumplido, y seguirá cumpliendo, con las amplias obligaciones impuestas por el ICAA».
La Academia de Cine también ha emitido un comunicado para que no se le relacione con la trama. La nota firmada por Antonio Resines, presidente de la institución, dice así: «Ante las noticias aparecidas en los últimos días en distintos medios de comunicación, en los que se informa de un presunto fraude para la obtención de subvenciones de distintas empresas cinematográficas, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España quiere manifestar a la opinión pública que esta institución es una asociación privada de profesionales del sector cinematográfico, sin ánimo de lucro, que no tiene relación alguna como entidad con los hechos que son objeto de estas informaciones».
No es la primera vez que salen a la luz este tipo de prácticas de falsas sesiones y compra de entradas para llegar a los espectadores exigidos para cobrar las ayudas a la amortización, pero ahora lo hacen en el peor momento, cuando el nuevo modelo de financiación del cine español está a punto de aprobarse. El nuevo Real Decreto Ley modifica exactamente el régimen de ayudas a la amortización en la producción de cine, concedidas a posteriori y basadas en la taquilla del filme, presentes en la Ley del Cine de 2007, y se sustituyen por una nueva línea de ayudas anticipadas a la producción de largometrajes sobre proyecto, que convivirán con las tradicionales ayudas selectivas a proyectos y otras líneas como las ayudas a celebración de festivales, cortometrajes…
Es decir, la nueva normativa sustituye las controvertidas ayudas a la amortización de largometrajes por un sistema de ayudas automáticas a priori basadas en criterios objetivos, a través de una baremación que incluirá el reglamento que desarrolle la Ley, cuyo periodo de alegaciones finalizó el pasado 18 de noviembre. La comercialidad de los títulos que accedan a las ayudas es uno de los puntos claves de la nueva norma, ya que el texto establece el reembolso de una parte de las mismas si el filme se convierte en un éxito de taquilla, dinero que regresaría al fondo para concederse a otra futura producción en siguientes convocatorias.
Las nuevas ayudas permitirán la financiación progresiva de las producciones cinematográficas durante su desarrollo, frente a las ayudas a la amortización, que se convocan dos años después del estreno de la película. Este cambio permitirá disminuir los costes financieros de las películas en más de un 15 por ciento, y destinar la ayuda directamente a la producción.
El nuevo Real Decreto-Ley establece un periodo transitorio de tres años, para dar seguridad financiera al sector, en el que coincidirán las convocatorias de las ayudas nuevas y las anteriores, destinadas a la amortización. La primera convocatoria de estas ayudas automáticas a la producción de largometrajes sobre proyecto será en 2016.
