Cuando se cumple el 25º aniversario de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada el 11 de noviembre de 1987, las entidades españolas de gestión de derechos AGEDI, AIE, AISGE, DAMA, EGEDA, SGAE y VEGAP han hecho público un manifiesto en el que rechazan el actual modelo de canon digital, aprobado por el Gobierno el pasado 30 de diciembre, que obliga a los ciudadanos a su pago, vía Presupuestos Generales del Estado. El texto, que está respaldado por 300 organizaciones de artistas, autores, editores y productores de todo el mundo, reclama que sea la industria tecnológica, verdadera beneficiaria de la existencia de la copia privada, quien la afronte, como venía sucediendo hasta ahora.
El texto sale a luz unos día después del nacimiento del Observatorio Internacional de la Propiedad Intelectual, auspiciado, paradójicamente, por los ministerios de Cultura e Industria (a través de sus Secretarías de Estado) junto a las entidades de gestión (SGAE, DAMA, AIE, CEDRO y Aisge, entre otras) y los proveedores de contenidos (Google), que asistieron al encuentro en busca del equilibrio entre el uso de internet y la creación en la sociedad actual. El Observatorio Internacional de la Propiedad Intelectual (OIPI) nace con el objetivo de ser un espacio para la formación, la reflexión y la búsqueda del consenso que permita hacer frente a distintos temas que afectan tanto al ámbito tecnológico como a la industria cultural: gestión de derechos, uso del repertorio por los usuarios, difusión de las obras, etc.
Ahora, el manifiesto firmado por las entidades de gestión de derechos dice así: El 11 de noviembre de 1987 se promulgó la vigente Ley de Propiedad Intelectual. Esta semana se han cumplido 25 años de desarrollo y progreso pacífico de todo el sector cultural español, cuyo sostén principal lo constituye esta ley. Durante ese periodo, España se ha consolidado como potencia cultural de primer orden y la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 como referente eficaz y moderno para muchos países de nuestro entorno europeo y para toda América Latina.
Sin creadores no hay creatividad y sin creatividad no hay progreso ni desarrollo económico o humano. Las entidades de gestión españolas representan en nuestro país a más de 1.000.000 de creadores, entre nacionales y extranjeros. Las entidades de gestión españolas reivindicamos el valor de la cultura como industria nacional, como elemento generador de empleo y como factor decisivo para contribuir a la salida de la actual crisis que afecta a todo el país.
Las entidades de gestión españolas consideramos que el Decreto-Ley de 30 de diciembre de 2011, promulgado supuestamente para reducir el déficit público, ha resultado completamente ineficaz, ya que ha planteado un modelo único y excepcional en Europa, de imposible implementación y con los siguientes efectos perversos:
Con tal medida, se condonó 115 millones de euros anuales a las multinacionales del sector tecnológico para cargar parte de ese coste en los Presupuestos Generales del Estado, lo cual no contribuye en absoluto en la reducción del déficit público, sino a su incremento.
1. Los aparatos o soportes anteriormente sujetos al pago de la compensación no han bajado de precio, luego no hay ningún beneficio –sino todo lo contrario- para los consumidores, quienes ahora lo tendrán que pagar dos veces.
2. La medida, que ha beneficiado solo a unas cuantas empresas multinacionales, sin embargo, ha perjudicado a todos los ciudadanos y a miles de creadores que se han visto privados de sus legítimos derechos, y, sobre todo, a los creadores con mayores dificultades económicas.
Las entidades de gestión españolas, en nombre de los artistas, autores, editores y productores, democráticamente representados por ellas, y con el apoyo de un gran número de entidades e instituciones culturales de España y el resto del mundo, afectadas también por la supresión de la compensación de la copia privada en España, ponemos de manifiesto el más absoluto rechazo al Decreto-Ley de 30 de diciembre de 2011 y alertamos de los riesgos que conlleva rebajar el nivel de protección instaurado por la Ley de 1987, en un momento en el que nuestra economía y el país necesitan de un desarrollo de la industria cultural que contribuya a la creación de empleo.
Solicitamos a la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno de España que sitúe a la industria cultural española, a sus creadores y productores al mismo nivel que la del resto de países europeos. No queremos que los ciudadanos paguen la compensación por copia privada, vía Presupuestos Generales del Estado, sino la industria tecnológica que se beneficia de la misma, tal y como sucede en el resto de países de la UE. Entendemos, finalmente, que la Secretaría de Estado de Cultura debe velar por el desarrollo cultural y no por el beneficio de las tecnológicas.
Manifiesto completo con las entidades firmantes aquí.
