El OCTA (Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales) quiere mostrar su preocupación y rechazo ante las recientes informaciones referidas a la presión indebida que podría estar produciéndose por parte de las distribuidoras cinematográficas sobre el ICAA (Instituto de las Ciencias y las Artes Audiovisuales) y su Comisión de Calificación de Películas. El OCTA teme que estas prácticas estén impidiendo la protección de los menores ante contenidos inadecuados y perjudiciales, al primarse los intereses comerciales de la industria.
En la actualidad, de acuerdo con la legislación vigente, las distribuidoras cinematográficas pueden proponer al ICAA la calificación por edades de las películas que pretenden exhibir en salas, si bien es la Comisión de Calificación la encargada de elaborar un informe motivado proponiendo una orientación por edades para las obras cinematográficas. Finalmente es el ICAA el que dicta la resolución de calificación. Dicha resolución deberá notificarse al solicitante en el plazo máximo de un mes, ya que de lo contrario, por silencio positivo, se entiende otorgada la calificación propuesta por la distribuidora.
A la luz de las reciente informaciones publicadas, en las que se mencionan posible cambios interesados de las valoraciones, el OCTA considera que ese procedimiento no garantiza adecuadamente la protección de los menores, especialmente sí las autoridades del ICAA, como parece ser el caso, se convierten en valedoras de los intereses de la industria en la determinación de la calificación por edades por encima de la defensa de los espectadores y, especialmente, de los de menor edad.
Los ejemplos aportados en esas noticias publicadas en algunos medios digitales ponen de relieve la existencia de presiones con el fin de conseguir para algunas películas la calificación más baja posible, favoreciendo así su recorrido comercial. Ello podría llevar a una situación en la que, en ciertos casos, las películas se estrenan en España con una recomendación por edades mucho más permisiva que la existente en los países de nuestro entorno. Esta situación se vería agravada por el hecho de que en nuestro país la calificación por edades es puramente orientativa, y también porque, con los últimos cambios legislativos, desde el ICAA se pretende que su calificación sea de obligado cumplimiento por parte de las televisiones cuando emiten películas en ese medio, en detrimento de las competencias de la autoridad audiovisual (CNMC).
Por todo ello, desde el OCTA se exige que se reconozca y respete la función de los vocales de la Comisión de Calificación de las películas, dotando a esta de autoridad y recursos suficientes para ejercer su importante actividad. Y exige también una revisión en profundidad del modelo para que exista un sistema de calificación armonizado entre el ICAA y la CNMC sobre todos los contenidos audiovisuales. Una calificación que garantice la primacía de los criterios sociales sobre los puramente económicos y que se aplique con rigor, tal y como ocurre en otros estados miembros de la Unión Europea.
