Las televisiones autonómicas públicas no están escapando a los recortes del presupuesto gubernamental. El pasado 29 de agosto responsables económicos de la región de Murcia y del ente público de televisión regional anunciaban la resolución del contrato de GTM, empresa que venía produciendo la señal de 7RM desde su creación en 2004.
El factor económico ha sido el decisivo para finalizar el contrato, y es que el gobierno regional no puede hacer frente al coste que supone el canal autonómico, producido por 264 trabajadores. Juan Bernal, vicepresidente económico del gobierno murciano, aseguraba en la rueda de prensa que se está trabajando en nuevo contrato que podría resolverse en siete u ocho meses. Murcia destinará entre 12 y 15 millones de euros anuales para la producción del canal, un presupuesto muy inferior al que se manejaba de media hasta 2010 (46 millones de euros) y la mitad de lo destinado en 2011.
La comunidad murciana ha decidido no cerrar su televisión autonómica, aunque desde el 1 de septiembre y hasta que se resuelva el concurso, su intención es mantener la programación con el archivo y con, al menos, un informativo producido con un equipo mínimo. Aunque esta posibilidad debe discutirse con GTM y comprobar que está dispuesta a ofrecer este servicio, dado que las instalaciones son de su pertenencia. GTM se ha pronunciado sobre su situación tras la extinción del contrato: reclama al gobierno murciano 24 millones de euros por los ocho meses de servicio en 2012 e intentará llegar a un acuerdo con la Administración para cubrir la indemnización por los dos años de contrato que no se van a cumplir.
El Partido Popular de Murcia, en la persona de la senadora María José Nicolás, ha aplaudido la medida y ha asegurado que la prioridad es mantener los puestos de trabajo. Sin embargo, la incertidumbre ha llegado a los empleados del ente, que han salido a la calle para protestar contra lo que parece que va a convertirse en un ERE masivo, que afectaría a los 264 trabajadores directos y a otros 40 indirectos. El comité de empresa asegura que se desconoce por completo la situación en la que quedan estos profesionales para los próximos meses y que nadie les ha contactado para llevar a cabo la programación de transición.
Desde la reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual el pasado mes de julio, las televisiones autonómicas públicas pueden modificar su modelo de gestión y pasar a manos privadas, aunque la pérdida de audiencia y de inversión publicitaria en los últimos años no las sitúa como un negocio atractivo. Bernal espera que los 15 millones de euros del concurso sean suficientes para despertar el interés de las compañías privadas, incluida la propia GTM, aunque no incluirán la compra de derechos de largometrajes y partidos de fútbol.
El gobierno regional tiene que redactar ahora el pliego de condiciones para sacar el concurso de explotación.
