La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, compareció petición propia el pasado 22 de enero ante el Pleno del Parlamento para rendir cuentas sobre su gestión al frente del Gobierno andaluz. En su intervención, Díaz ha explicado el trabajo realizado en estos primeros meses por el ejecutivo y ha reiterado su intención de comparecer cada seis meses en la Cámara autonómica. En su comparecencia ha anunciado normativas referidas al sector cultural y audiovisual, en respuesta a la paralización del Gobierno central.
La presidenta ha propuesto a la oposición una serie de pactos «esenciales para el futuro inmediato de Andalucía» y ha anunciado que el Gobierno andaluz «cuenta con una hoja de ruta cuya meta es reorientar nuestro modelo productivo para hacerlo más competitivo». Entre las medidas adoptadas, la presidenta andaluza se ha referido a la creación de un Instituto Público de Crédito de Andalucía y la elaboración de nuevas leyes del Cine de Andalucía, de Mecenazgo y de Formación Profesional.
Según informa la Fundación Audiovisual de Andalucía, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha subrayado en el Foro Joly que la futura ley andaluza de Mecenazgo (o Ley de Medidas de Estímulos de la Actividad Cultural) es la «alternativa de Andalucía» a un «modelo estatal caduco y respuesta, hasta donde alcanzan las competencias de la comunidad autónoma, a la difícil situación económica que atraviesa el sector de las industrias culturales», agravada por la subida del IVA (del 8% al 21%).
De hecho, según ha informado el consejero, sólo desde la subida del IVA las artes escénicas han perdido más del 55% de su público. «Estas cifras demuestran una asfixia que no está encontrando alivio en la política del Gobierno de la Nación, que no sólo ha aumentado los impuestos sino que además ha paralizado la Ley del Mecenazgo, fundamental para la supervivencia del sector nacional».
El consejero ha reclamado así un nuevo marco jurídico que mejore la actual Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos Fiscales al Mecenazgo, sobre la que ha dicho que está «desfasada», «no está al nivel de las legislaciones europeas, ni de lo que demanda la sociedad española,» y «sólo ha propiciado un mecenazgo para las grandes empresas y las grandes fortunas».
En opinión de Alonso, la nueva legislación española debería favorecer que las empresas, sobre todo pymes y micropymes, tengan acceso al mecenazgo cultural; incorporar nuevas fórmulas de incentivos, como el micromecenazgo, abiertas a toda la ciudadanía; y equiparar los incentivos fiscales a los niveles europeos, tanto en el impuesto sobre la Renta como en el de Sociedades. En España, actualmente están establecidas unas deducciones del 25% en Renta y del 35% en Sociedades, mientras que en Francia, por ejemplo, se llega al 66 y al 60% respectivamente.
Entre las medidas destinadas a estimular el consumo, y que compensan el efecto de la crisis en el ámbito de las industrias creativas, la norma incluirá una deducción a las personas físicas, en el tramo autonómico del IRPF, del 15% de las cantidades empleadas (hasta un límite de 240 euros) en la adquisición de bienes culturales (como libros y obras de arte) o en el disfrute de servicios (entradas de teatro, cine, conciertos, exposiciones, etcétera). La medida va a destinar a fomentar el consumo cultural de más del 80% de los contribuyentes andaluces, ya que el límite que se fija en el tramo de renta es de hasta 45.000 euros en las declaraciones individuales y de 55.000 en las conjuntas.
Igualmente novedosa es la desgravación a que tendrá derecho el contribuyente por la realización de donaciones a fundaciones y consorcios con fines de interés cultural, que será del 15% con un límite de 240 euros. La misma desgravación se establece en relación con las entidades del sector con ánimo de lucro o empresas, lo que posibilitará el fenómeno de la financiación colectiva de la cultura o micromecenazgo.
