La asociación Audiovisual Plural de Canarias se reunió el pasado martes 31 de marzo con el director general de Cultura del Gobierno de Canarias, Rubén Pérez Castellano, para tratar los efectos de la crisis sanitaria en el sector.
«Esta reunión debía haberse producido el pasado miércoles, 25 de marzo, pero Audiovisual Plural no acudió como protesta por haber sido discriminada en la convocatoria realizada desde Canarias Cultura en Red», aseguran desde la asociación.
En sintonía con las palabras del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que afirmó recientemente: “ya nada será igual, esto no se ha vivido nunca y la realidad se va a mover de otra manera”, desde la asociación canaria solicitan que «la crisis sanitaria sirva de oportunidad para que el sector audiovisual de las Islas y sus profesionales empiecen a ser tratados con la profesionalidad y el respeto que merecen desde las administraciones públicas».
Asimismo, desde Audiovisual Plural manifiestan que «la recuperación del sector, una vez superada la emergencia sanitaria, solo vendrá si se dota de una gestión pública que mantenga la equidistancia respecto a las distintas asociaciones sectoriales».
Según Audiovisual Plural, «la situación de instituciones públicas integradas en una asociación, el Clúster Audiovisual de Canarias, que no funciona como tal, es una anomalía que denota la falta de profesionalidad de quienes gestionan desde las administraciones. Mantenerse equidistante respecto al sector privado es esencial para asegurar las buenas prácticas en el sector».
Declaración institucional
Desde Audiovisual Plural de Canarias se ha solicitado al Gobierno de Canarias que, «tan pronto como se den las circunstancias, realice una declaración institucional donde se ofrezca la seguridad y el apoyo necesarios al sector para que esta situación no suponga su defunción. El Gobierno de Canarias debe dar soluciones tanto a la suspensión provisional como a la cancelación definitiva de los proyectos que estaban en marcha».
«El Gobierno de Canarias debe realizar esta declaración institucional destacando el papel estratégico del sector audiovisual para diversificar la economía canaria y se comprometa a establecer medidas que potencien las estructuras del mismo, priorizando el fortalecimiento y consolidación de un tejido industrial local que dé soporte tanto a los rodajes nacionales e internacionales, como también a la creación de contenidos propios, de forma que estos también empiecen a suponer un aporte significativo en la creación de riqueza cultural y económica en el Archipiélago».
«Esa declaración también tiene que incluir el compromiso para que las ayudas directas al sector se mantengan, en 2021 y en adelante, al menos con las misma cuantías económicas que hasta ahora, para que no ocurra como en 2011, cuando el Gobierno de Canarias las eliminó totalmente escudándose en la crisis económica, lo que fue mortal para el sector local».
Convocatorias
Respecto a la convocatoria de ayudas prevista para 2020, Audiovisual Plural considera que «deben mantenerse los plazos previstos y sacarla a la mayor brevedad posible para que los plazos de justificación de la nueva ayuda en 2020 se abran lo antes posible, una vez que se levante el estado de alarma. Habría que trabajar, además, para adelantar las convocatorias de 2021 al primer trimestre de ese año».
«Las nuevas ayudas deben priorizar, ahora con más justificación de nunca, aquellos proyectos que creen un tejido económico e industrial en las Islas Canarias y para los profesionales de las islas. Es una reivindicación de Plural que pide que se destierren los sesgos en las ayudas en base a una supuesta calidad artística que ni genera impacto en el sector ni la sociedad canaria, ni está contrastada. Las ayudas deben contar con profesionales del sector de la producción audiovisual con contrastado recorrido industrial para los comités de valoración. También deben evitar que en una misma modalidad puedan presentarse las mismas personas con distintos proyectos, camuflándose bajo distintas empresas, como ya hicieron varios directivos del Clúster Audiovisual en la convocatoria de 2019, entre ellos, su presidente».
Medidas
En lo que se refiere a medidas para paliar el impacto de la crisis, en el caso de películas que se han suspendido por la crisis, desde Plural se pide que «los plazos de justificación de las ayudas de 2019 se alarguen un año, y que se mantengan los plazos actuales para los que lo puedan justificar dentro del plazo ya establecido. En el caso de películas que hayan tenido que cancelarse definitivamente, pedimos que se habilite un plan de contingencia que permita condonar la posible deuda a la administración, siempre y cuando estas cancelaciones estén debidamente justificadas».
«Además de las medidas ya aprobadas por el Gobierno de España y Canarias para los trabajadores autónomos, pedimos que se abone, además, una prestación extraordinaria a dichos autónomos y que se habiliten fórmulas para que no se paguen las cotizaciones a la Seguridad Social durante el tiempo que dure la crisis sanitaria. El subsidio a trabajadores autónomos debe mantenerse no solo durante el tiempo en que dure el estado de alarma, sino durante el tiempo en que la actividad esté parada».
«A partir de que empiecen a retomarse los trabajos de producción, pedimos que se establezcan unas medidas de certificación que garanticen, mediante un sello de control, que todos los participantes en los rodajes que lleguen a las Islas, estén libres de infección del covid-19. Por la condición de liderazgo que ha ocupado en la atracción de rodajes foráneos, Canarias tratar este tema como una prioridad».
Incentivo fiscal
Para los rodajes nacionales e internacionales, la asociación solicita «que la crisis se aproveche para mejorar la competitividad del incentivo canario, que actualmente cotiza peligrosamente a la baja. Las administraciones canarias deben ser conscientes del riesgo que actualmente se corre y la importancia que es, para el desarrollo del sector y la economía de las islas, que siga habiendo el mayor número de rodajes posibles, fundamental para la formación de profesionales y por el impacto que estos tienen en la imagen de las islas como destino de cine».
«Como medidas concretas, pedimos al Gobierno de Canarias que trabaje desde ya con el Gobierno de España para que el control de inspección de los incentivos se realice desde la Hacienda canaria y no desde la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda. De forma alternativa, mientras se concrete esta transferencia, el Gobierno debe habilitar un sistema de avales para el uso del incentivo, de manera que si se cuenta con una opinión legal de un despacho de referencia, este aval cubra cualquier hipotético riesgo del incentivo una vez desembolsado».
«Además, se pide que se habilite la norma para que empresas peninsulares puedan participar en AIEs canarias. Entendemos que forma parte del espíritu de la norma atraer inversores a Canarias. También hay que tener en cuenta que estas inversiones de Canarias las realizan, fundamentalmente, empresarios turísticos que este año van a ver muy mermadas sus expectativas de beneficios».
«Como medidas generales para la gestión del incentivo a nivel estatal, el Gobierno de Canarias debe urgir al Gobierno de España mejorar la seguridad jurídica de los procesos del incentivo, así como ampliar los límites de devolución de impuestos, y simplificar y dar más rapidez de las devoluciones».
Por otro lado, «desde la asociación Audiovisual Plural de Canarias nos reiteramos en la petición de que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) se pueda materializar en el desarrollo de proyectos de películas y series de productoras canarias».
