El gobierno valenciano ha decidido poner fin a 24 años de historia del ente público de radio y televisión, después de saber que el ERE que había llevado a cabo ha sido considerado nulo por la justicia. RTVV estaba obligada a abonar 40 millones de euros a los trabajadores despedidos y no hay duda de que la Comunidad Valenciana, una de las más castigadas por la corrupción política, no tiene suficiente dinero en las arcas como para hacer frente al pago.
En el mismo día en que se conocía la sentencia, se tomó la decisión del cierre, sólo 7 horas después, lo que hizo pasar a los despedidos de las lágrimas de alegría a las lágrimas de indignación y desesperanza. A los cerca de mil despedidos ahora se suma la plantilla que había quedado, de manera que más de 1.600 trabajadores están desde hoy en la calle. Sí, sorprendente que una radio y televisión públicas tuviera más empleados que cualquier televisión privada, sobre todo cuando se piensa en que acumulaba una deuda de más de 1.100 millones de euros y había perdido inversión publicitaria notablemente en los últimos años en conjunción con la huida de la audiencia. En el último mes, octubre de 2013, su cuota de espectadores había sido del 3,8 por ciento, justo un punto menos que el mismo mes de 2012.
Y lo peor del cierre de RTVV no es sólo los trabajadores que se quedan en la calle. Es todo lo que conlleva: productoras de la región que se quedan sin su único cliente y un concurso de externalización en el que muchas de ellas, junto a importantes grupos audiovisuales, habían puesto muchas esperanzas. Canal 9 había sacado a concurso este pasado verano tres lotes de programación que equivalían a 1.400 horas de contenidos y a 11,4 millones de euros. A mediados del mes de septiembre eran 8 los grupos que se habían formado y que habían presentado sus propuestas a la televisión pública valenciana.
El gobierno regional ha asegurado que planteó el ERE con el fin de mantener el ente público, pero no con más de 1.600 trabajadores. También ha asegurado que que tiene «la obligación de priorizar los servicios básicos y garantizar, ante todo, una sanidad, una educación y unos servicios sociales de calidad, universales y gratuitos» y «ese es el objetivo prioritario de todas las actuaciones que emprende el Consell».
El presidente de la Academia de Televisión, Manuel Campo Vidal, ha señalado que esta decisión crea un “grave precedente que pone en peligro la existencia de la televisión autonómica en España”.
Valencia se ha atrevido a lo que parecía imposible que sucediera unos años. Desde el comienzo de la crisis las autonómicas públicas han estado en el punto de mira de la sociedad y de los gobiernos por sus deudas acumuladas. La oposición ha cuestionado su papel en la estrategia política de los gobernantes, mientras que las televisiones privadas, UTECA, ha dedicado informes completos a analizar su estructura y a proponer una nueva fórmula de sindicación y financiación. Telemadrid es la otra autonómica en la cuerda floja, con un ERE declarado ilegal por el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, y una audiencia desplomada con un 3,9 por ciento de share, un punto por debajo de lo registrado en octubre de 2012. Madrid, la comunidad autónoma que mayor producción audiovisual concentra, cuenta con una televisión pública regional que apenas emite producción original y que no cuenta con la confianza de la audiencia.
