El presidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), Roger Loppacher, y el presidente de la Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Siegfried Schneider, han firmado en el Parlamento de Cataluña un convenio de colaboración para coordinar medidas de protección de los menores y de otros colectivos vulnerables en el marco de la televisión conectada.
De este modo, se comprometen a impulsar la regulación de los nuevos servicios audiovisuales, como la televisión conectada o la comunicación móvil, y a promover iniciativas de alfabetización mediática de los y las jóvenes.
El presidente del CAC, Roger Loppacher, ha explicado que los nuevos servicios audiovisuales pondrán en crisis, por ejemplo, la regulación del horario de protección a la infancia, ya que «las nuevas generaciones de jóvenes están adquiriendo nuevos hábitos de consumo televisivo, mucho más individualizados y menos dependientes de programaciones rígidas y sujetos a un horario determinado». «La expansión de los nuevos servicios otorga aún más valor a la señalización que efectúa el organismo regulador, así como a las herramientas de control parental a través de las EPG y al impulso de la educación en comunicación», ha explicado.
Asimismo, el presidente del CAC ha apuntado que con los nuevos servicios audiovisuales, los usuarios tendrán acceso a contenidos emitidos desde cualquier parte del mundo, lo que dificulta la competencia reguladora de los países. En este sentido, Loppacher ha apostado por «una actuación transnacional de autoridades reguladoras y de proveedores de servicios a fin de garantizar los derechos de los usuarios, y muy especialmente los de los menores, en el nuevo escenario».
La delegación de la BLM, que es la autoridad de regulación para los medios comerciales de Baviera, ha visitado el Parlamento de Cataluña y se ha reunido con su presidenta, Núria de Gispert. Posteriormente, han mantenido una sesión de trabajo con los miembros del CAC.
El convenio de colaboración firmado prevé también que el CAC y la BLM estudien iniciativas que se están llevando a cabo para garantizar la sostenibilidad económica del sector de la comunicación y debatan soluciones en cuanto a la interpretación y la aplicación de la regulación de los medios de comunicación. Asimismo, los dos organismos podrán realizar una consulta previa con la otra parte en aquellos casos en los que un prestador licenciatario de servicios audiovisuales tenga efecto en los mercados del otro.