Es un placer atender a la invitación de Audiovisual451 de realizar algunos comentarios sobre la situación actual de la financiación de la producción cinematográfica española.
Empecemos señalando que es un tópico en el ámbito de la industria de la producción cinematográfica española el exponer de forma reiterada las carencias y deficiencias permanentes de nuestro sistema de financiación de la cinematografía en España. Pero no por ello deja de tener grandes dosis de realidad. Y en todo caso, siempre es encomiable las iniciativas de mejora de nuestro sistema.
En primer lugar, creo que es necesario realizar una primera aproximación a cuál es nuestro actual modelo industrial de producción. Fundamentalmente, porque recientemente se ha llevado a cabo una modificación de los mecanismos de concesión de ayudas a la producción que indudablemente han acentuado y acelerado el proceso que a continuación se expone.
Las producciones cinematográficas se llevan a cabo en España actualmente a través, básicamente, de cuatro tipos de empresas de producción, las cuales a su vez tienen sus propias necesidades de financiación, que resuelven de forma distinta. Y es en este complejo marco donde deben desenvolverse no sólo las políticas públicas de apoyo al cine, sino los distintos operadores privados, incluidos inversores fiscales, que intervienen en todo el proceso. Asimismo, la coproducción es una herramienta ampliamente utilizada por todo tipo de productoras, sin perjuicio de su tamaño o naturaleza de sus producciones, no sólo entre productoras nacionales sino también internacionales, siendo esta última obviamente la más interesante para acometer interesantes proyectos internacionales que, de otro modo, serían absolutamente imposible de desarrollar. En el caso de las coproducciones iberoamericanas, herramientas como las del programa Ibermedia, son claves para el éxito de los proyectos.
Dicho lo anterior, se pueden distinguir a grandes rasgos cuatro tipos de categorías de productoras actualmente en el mercado.
- Empresas productoras filiales de compañías o grupos operadores de televisión y plataformas tecnológicas. Estas productoras, que pueden ser jurídicamente filiales de un grupo de comunicación (Atresmedia, Mediaset España) o unidades de negocio de un Grupo (Telefónica) tienen la legítima y muy razonable intención de producir películas con objetivos preferentemente comerciales, muy vinculados a sus políticas de compañía, por lo que las fuentes de financiación, en un principio, están aseguradas por su propio origen. Asimismo, dado que actúan en coproducción con productoras independientes, hay que añadirles las fuentes de financiación dimanantes del proyecto en que intervengan, en la medida que cumplan los porcentajes de producción independiente que se establece en la Ley del Cine. Actualmente, se puede decir que dichos grupos actúan como verdaderos estudios de producción. Hay que señalar que dichas productoras surgieron como resultado de la obligación legal de invertir en cine europeo por parte de los operadores de televisión, de acuerdo con la normativa europea, y española. Actualmente se puede considerar un verdadero éxito económico su gestión y resultados gozando sus coproducciones de un porcentaje altísimo de la taquilla española.
- Empresas productoras independientes, con acuerdos de producción con los grupos de televisión privados y plataformas tecnológicas. En algunos casos también se encuentran en dicha categoría productoras que realizan contratos de compra de derechos de antena con TVE. La Corporación realiza una extraordinaria labor en pro del cine español y se puede afirmar rotundamente que sin TVE no existiría cine español, pero no puede competir en eficacia publicitaria, por razones obvias, con las dos grandes cadenas privadas Dichas productoras independientes se encuentran con la posibilidad de optar a una financiación sustancial del Estado a través de las ayudas a la producción, que añadida la procedente de la inversión fiscal, la compra de derechos de antena y la coproducción del operador, prácticamente financian la obra. Asimismo, tienen un buen acceso a posibilidad de ventas internacionales, siempre que sus acuerdos de coproducción y las mismas características comerciales del proyecto lo faciliten.
- Empresas productoras, con acceso a la producción fundamentalmente mediante acuerdos con televisiones públicas de índole nacional o regional. A veces también tienen acceso a acuerdos con los grupos de televisión privados citados, y en muchos casos con plataformas tecnológicas, ya que su producto no colisiona y es apetecible para las plataformas de VoD. Sin embargo, fundamentalmente por la naturaleza de sus producciones, se encuentran con una salida natural en los acuerdos con los entes públicos de televisión que, especialmente en el caso de las televisiones autonómicas, no cuentan generalmente ni con los presupuestos de producción ni con la eficacia publicitaria de los dos grandes grupos privados. Son empresas en muchos casos de alcance regional, dependiendo en gran medida de las necesidades de producción de sus territorios, convirtiéndose en esenciales para vertebrar la industria audiovisual en todo el territorio español. Sin ellas, se perdería la diversidad y pluralidad esenciales para cualquier cinematografía.
- Empresas productoras con acceso limitado a los operadores de televisión y a las ayudas públicas. Se trata de pequeñas productoras, bien porque estén empezando en la producción bien por la naturaleza de sus producciones, limitadas a obras audiovisuales de bajo presupuesto y para emitir fundamentalmente en televisión, aunque tengan formato de largometraje. Aquí se encontrarían muchas de las productoras de las docenas de largometrajes de documentales que se producen anualmente en España. También se podría añadir a las productoras de cortometrajes, que en sí mismos suponen una gran cantidad de producción pero con escasa rentabilidad económica, pero que son la base de entrada al sistema e indudablemente el caldo de cultivo del talento del sector.
Una vez descrito de forma muy general el anterior panorama, perfectamente discutible y matizable en muchísimos aspectos, las necesidades de financiación son obviamente dispares.
La principal fuente de financiación del sistema en España siguen siendo las subvenciones públicas, y básicamente las nacionales, concedidas a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mediante el ICAA. Hay que destacar que el Ministerio de Industria no ha tenido como objetivo primordial intervenir de forma directa en la financiación del cine, que siempre ha sido objeto del área de Cultura, por lo que los criterios siempre se han balanceado entre la política cultural y la política industrial. En estos momentos parece que dada la falta de recursos públicos, se tiende más a promocionar la política industrial del cine, estableciendo un sistema nacional de ayudas que prima la concesión de subvenciones a las producciones que cuentan con una serie de puntos que tienen en cuenta, fundamentalmente, su posible éxito comercial. Ello no es despreciable, al contrario. El problema es que se ha producido un efecto perverso que es poner en competencia a las productoras para conseguir unos puntos que aunque se obtengan no garantizan el derecho a la subvención. Es decir, se aprueba el examen pero no se consigue el título. Y todo ello por la falta de recursos. Sólo ganan los mejores puntuados. Y es verdad, que el resultado de dicha política es subvencionar, mediante el sistema general de ayudas, películas que han conseguido buenas taquillas, pero se producen menos películas de las que a lo mejor se merece España. Porque otro factor que se produce, y a lo mejor no es necesariamente consecuencia de lo anterior, es la falta de presencia sólida del cine español en los Festivales (y también mercados) internacionales.
Por otro lado, las productoras que, por la exigencia legal y la propia naturaleza de sus producciones, sólo pueden aspirar a las denominadas ayudas selectivas, se encuentran con mucha dificultad para acceder a unas ayudas que son escasas. Concretamente, en la nueva Orden que se ha publicado el 12 de enero de 2018 para su comunicación pública, se establece un importe del 10 % de las ayudas.
Una vez expuesta someramente la situación respecto de las productoras y la financiación pública, hay que resaltar el papel que están desempeñando los incentivos fiscales en la financiación del cine español.
En este momento, se puede asegurar que prácticamente todas las productoras con proyectos de películas que pueden acogerse de acuerdo con la normativa fiscal, están constituyendo la correspondiente AIE para la financiación de la misma. El sistema tiene deficiencias, concretamente respecto a la seguridad jurídica. Se ha construido sobre las consultas vinculantes y el trabajo de productoras, abogados y Hacienda, pero sería precisa alguna modificación de la Ley y Reglamento del Impuesto sobre Sociedades que acogiera formalmente dichas prácticas. Es fundamental dar seguridad jurídica a los posibles inversores. Por otro lado, la existencia de diferentes regímenes fiscales en España (Canarias, Navarra, País Vasco) está produciendo un efecto no tanto deslocalizador sino de una cierta confusión a la hora de tratar de obtener las mayores ventajas fiscales, por lo que sería de agradecer una todavía más seguridad jurídica y coordinación entre las diferentes administraciones tributarias.
Y respecto a la financiación privada, mediante recursos ajenos, el papel de las entidades de crédito convencionales ha sido tradicionalmente oscilante, entre grandes apoyos al sector y etapas de sequía de crédito. Actualmente se vive una cierta facilidad en la obtención de crédito en la banca comercial, a tipos históricamente bajos, pero siempre que existan garantías suficientes para las entidades de crédito. Ya que la banca, con algunas notorias excepciones, sigue sin entrar totalmente en el conocimiento del sector, y prefiere contar con un sistema de garantías que evite su riesgo. De ahí, que la sociedad de garantía recíproca, Crea SGR, fundada en 2005 por el ICAA y EGEDA, siga realizando una labor significativa en la aportación de garantías a las producciones cinematográficas españolas, por lo que es imprescindible seguir reforzando sus recursos para que siga e incluso incremente la exposición al riesgo total del sector.
Asimismo, sería fundamental avanzar no sólo en la consolidación de las fuentes de financiación citadas (recursos públicos, financiación de las televisiones privadas y públicas, incentivos fiscales, garantías) sino también en nuevas fuentes de financiación, como son las que ofrecen el crowdfunding, no sólo el de recompensa sino también el de préstamo e inversión, ambos dos últimos actualmente regulados por Ley en España.
Por último, sería muy interesante poder contar con agentes especializados en la financiación del sector que pudieran seguir satisfaciendo las crecientes necesidades de financiación de la producción, en toda su amplitud y riqueza, sin que las políticas públicas sean las que soporten todo el peso de su financiación. Pero para ello, el cine también necesita incrementar su posición y fortaleza desde el punto de vista de negocio. Podremos atraer inversores si se puede acreditar rentabilidad. Las acciones de promoción del cine, no sólo nacional sino también internacional, a través de eventos y premios (como los recientes Premios Forqué o los Goya) suponen una excelente oportunidad de mostrar a la sociedad los frutos del trabajo del mundo del cine y por tanto atraer inversores. El desarrollo de la internacionalización de la producción cinematográfica, con una cierta atención a Iberoamérica (como se encargan de promover los Premios Platino de Cine Iberoamericano) es una herramienta indispensable para la financiación.
