Tras la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual con la nueva definición de “productor independiente”, las asociaciones y federaciones de productores independientes de cine y audiovisual, unidos y bajo el lema “Por la diversidad cultural, salvemos la producción independiente”, se concentran el jueves 9 de junio ante la sede del Ministerio de Asuntos Económicos (Paseo de la Castellana, 162. Madrid).
Al acto, que tendrán lugar a las 12:00 horas, acudirán en bloque entidades como AECINE, DIBOOS, MAPA, PIAF, PROA, PROFILM o la Unión de Cineastas, con el apoyo de otras entidades del sector.
Tras la lectura de un primer comunicado en el Festival de Cannes y una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid en la que recibieron el apoyo de las principales asociaciones de productores europeos y otras entidades del sector, los productores convocan un acto de repulsa a la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual que «pone en serio peligro la supervivencia de un sector clave en el patrimonio cultural de nuestro país», manifiestan.
El 26 de mayo el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. La iniciativa tiene como objeto «regular la comunicación audiovisual de ámbito estatal» y establecer «normas aplicables a la prestación del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma», todo ello «sin perjuicio de las competencias autonómicas y locales en sus respectivos ámbitos».
El Partido Socialista se quedó muy solo, apenas contó con el apoyo del PNV, ni tan siquiera sus socios de Gobierno de Podemos dieron el sí, y la normativa paradójicamente salió adelante por la abstención del Partido Popular. La Ley logró 130 votos a favor, 83 noes y se abstuvieron 131 diputados, entre ellos los más de 30 de la formación de izquierdas que lidera Ione Belarra.
Las principales asociaciones de producción audiovisual lanzaron después de la aprobación un nuevo comunicado en el que instan a corregir el texto en el Senado. Además, AECine, DIBOOS, MAPA, PATE PIAF, PROA y Profilm, están dispuestas a estudiar la formulación de una denuncia a la escala de la UE para lograr que se cumpla con el espíritu de la transposición de la directiva europea y también a solicitar el amparo al constitucional.
