La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se hacía efectiva un par de días antes de Nochebuena y suponía la introducción de cambios relevantes para la financiación de proyectos audiovisuales.
Hoy en día, y desde hace años, las películas en España se financian a base de ayudas públicas directas (estatales, autonómicas, europeas y/o iberoamericanas); venta de derechos a televisiones y plataformas; mínimos garantizados de distribuidores y agentes de ventas internacionales; y ayudas públicas indirectas que se materializan a través de inversión privada. Desde que el legislador apostó por las ayudas indirectas a través de deducciones fiscales y se redujo drásticamente la dotación del Fondo de Protección de Cinematografía, los productores se han visto obligados a maximizar la participación de inversores privados, esencialmente a través de aportaciones de capital, las tan populares AIEs.
Las iniciales lagunas legislativas fueron fuente de inseguridad jurídica, algo que, con el paso de los años y para fortuna de todos, se ha ido disipando. La Ley del Impuesto de Sociedades se modificado de manera que las deducciones aplicables han mejorado en diez puntos porcentuales (fiscalidad común) y se ha clarificado la operativa. La jurisprudencia de la Dirección General de Tributos también ha aportado su granito de arena. Como resultado, mientras que hace apenas siete años sólo una minoría de producciones audiovisuales se beneficiaban de las deducciones fiscales, hoy en día son prácticamente todas las que cuentan con una AIE. Y eso, a pesar de que la operativa puede llegar a ser ardua. Lo que parece obvio para el bien de la industria audiovisual es que el legislador debe seguir proponiendo reformas que permita contar con incentivos fiscales potentes y claros.
Ahora, a partir de una enmienda de Esquerra Republicana, se ha introducido para todo el territorio nacional el conocido como “modelo navarro”, vigente en la comunidad foral desde hace dos años, de manera que los productores y los inversores privados cuentan actualmente con una alternativa adicional a la aportación de capital de los inversores a través de una AIE para materializar la inversión: se trata de la aportación de la inversión vía contrato de préstamo. Un sistema que en Audiovisual451 hemos decidido analizar porque conocemos la preocupación que siempre supone para los productores el puzle de la financiación.
Para Fernando de Miguel, socio y director general de Wandermoon Finance, referente en el asesoramiento y gestión de inversión para la industria, “con esta modificación lo que se hace es introducir una nueva vía de financiación junto con la ya existente de aportación de capital utilizando la figura de la agrupación de interés económico (AIE). Ahora lo importante para los productores es valorar en cada proyecto concreto qué ventajas e inconvenientes supone uno u otro modelo para tomar la decisión más adecuada.” Bajo su punto de vista, “es importante constatar que en más de un 90 % de las producciones cinematográficas españolas, la aportación del inversor es el elemento que termina por cubrir el presupuesto de la producción. Es decir, sin la aportación del inversor las producciones serían deficitarias, generando bases imponibles negativas. Mientras que el modelo de inversión vía aportación de capital permite al inversor aprovechar tanto las bases de deducción como las bases imponibles (positivas o negativas), el modelo del contrato de financiación sólo le permite aprovechar las deducciones generadas por la producción. Esto se traduce en que el inversor, para recuperar su aportación y obtener la rentabilidad esperada, aportará un 20 % menos de financiación a la producción si lo hace vía préstamo que si lo hace vía capital en una AIE. Y algo que no es menos relevante, las pérdidas (bases negativas) que no se atribuyen al inversor pasarán a ser pérdidas de la productora, que verá así deteriorada su situación de capital, pudiendo generar situaciones de desequilibrio patrimonial que tendrá que resolver.”
En cuanto a lo que implica este cambio para la otra parte de la ecuación, es decir, para los inversores, la abogada Mabel Klimt de Elzaburu es positiva sobre la posible llegada de nuevos inversores al audiovisual: “El nuevo modelo ya está despertando interés entre los inversores, a algunos la AIE les resultaba un mecanismo complejo y ahora se están animando con el contrato de préstamo, que implica una menor vinculación con el proyecto.”
Sin embargo, Fernando de Miguel apunta que “desde el punto de vista del inversor, el modelo de contrato de préstamo supone una limitación legal de su rentabilidad al 20 % que, al tributar como rendimiento financiero, quedará en un 15 % neto. Esto supone una minoración relevante respecto a la rentabilidad que obtiene vía aportación de capital, sin que esto vaya en la mayoría de las producciones en detrimento del productor.” El socio de Wandermoon Finance añade que “por otra parte, aunque es innegable que para el inversor es un riesgo menor realizar su aportación vía préstamo sin pasar a ser partícipe de la productora, el riesgo fiscal de la operación existe e incluso es mayor que en la aportación de capital, ya que la ley exige que su aportación vía préstamo se materialice antes de la obtención del certificado de nacionalidad, es decir, asumiendo el riesgo de buen fin de la producción. Este riesgo será mayor o menor en función del estado de la producción en el momento de su aportación, pero no existe en la aportación de capital vía AIE.”
En lo que respecta a la mayor simplicidad del modelo del préstamo frente a la aportación de capital, para Elzaburu “el nuevo mecanismo supone un ingreso menor en términos netos, de ahí que los productores que ya tengan experiencia con el modelo anterior o necesiten cada euro de la financiación, deberán valorar si es mejor optar por la simplicidad o si es preferible quedarse en el terreno conocido.» Para Wandermoon Finance, “salvo que este modelo fuera tan atractivo y sencillo para los inversores que estos se presentaran con su dinero en la puerta de los productores, algo que nos parece al menos hoy muy lejano a la realidad, seguirá siendo necesaria la intermediación y asesoramiento de terceros. Además, si bien no es legalmente necesaria la constitución de una sociedad ad hoc para la transmisión del derecho a la deducción, en la práctica la constitución de una sociedad para producir cada proyecto es lo recomendable por transparencia y claridad, como ya ocurre con el modelo de service que contemplan el artículo 36.2 de la LIS.”
Para concluir, De Miguel apunta que “la operativa con el inversor/prestamista no es tan sencilla como emitir un certificado que le permita atribuirse la deducción. Sencillamente, porque para que el inversor obtenga su certificado de deducción en tiempo, forma y cuantía, y de esta manera recuperar su aportación y obtener la rentabilidad acordada, es imprescindible que se haga un seguimiento de presupuesto, contratos de financiación, contabilidad, elegibilidad del coste y cumplimiento de los requerimientos legales exigibles.”
Para Fernando de Miguel, no obstante, “en el caso de producciones audiovisuales y de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales sobrefinanciados, la vía del préstamo puede ser una buena opción.”
La visión de los productores
Para buena parte del sector de producción, los cambios en la LIS han sido “sorpresivos” y su negociación con la Administración era prácticamente desconocida, por lo que cunde la sensación de que no ha sido suficientemente debatido y consensuado entre productores, asociaciones, organismos públicos y agentes de la industria. Por eso, Audiovisual451 ha querido conocer las primeras impresiones de diferentes productores, aun siendo conscientes de que todo cambio necesita un tiempo de análisis y rodaje y de que posiblemente el artículo en cuestión tenga su desarrollo reglamentario. Incluso algunos valoran la opción de que en breve lleguen consultas vinculantes que lo clarifiquen.
Horas después de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la Mesa Profesional del Audiovisual valoraba positivamente las novedades porque “permitirán al sector contar con un sistema más eficiente de incentivos y con una mayor seguridad jurídica.” Desde la Mesa, formada por Profilm, Diboos, ALÍA, AEC y PROA, se anunciaba que este nuevo sistema “ayudará al tan necesario incremento de la capacidad para generar más contenido propio, convertirá a España en un país competitivo para desarrollar coproducciones internacionales, generará empleo de calidad y de larga duración y dotará de más visibilidad a la cultura y al talento español (…) todo ello sin ningún coste adicional para las arcas del públicas.” Sobre este último punto, la Mesa explica que “no se produce un incremento de la deducción aplicable, simplemente se facilita que la deducción devengada la puedan aprovechar de manera directa los inversores fiscales.”
La Mesa celebraba por todo lo alto que las AIEs sean ahora prescindibles y que el nuevo sistema “simplifique la relación entre los productores y los inversores fiscales, que son quienes cuentan con carga impositiva suficiente para ayudar a monetizar los incentivos fiscales en las producciones audiovisuales.”
En el mismo comunicado de finales de 2020, la Mesa señalaba que “otro de los obstáculos con los que se encuentra una producción para atraer inversores es la limitación en la aplicación de las deducciones al 25 por ciento de la cuota del Impuesto de Sociedades, un exiguo porcentaje que ostensiblemente limita la cantidad que un inversor está dispuesto a destinar a producciones audiovisuales y que obliga a distribuir el crédito fiscal entre un mayor número de inversores, complicando su materialización.” Por eso, el incremento de ese porcentaje al 50 por ciento es una excelente noticia para la Mesa Profesional del Audiovisual: “Sólo así se logra disponer de los recursos necesarios para hacer frente al proyecto y se facilitará el proceso de búsqueda de financiación sin mermar los ingresos del Estado al distribuirse el crédito fiscal generado entre un número inferior de contribuyentes”.
Pasadas las navidades y Filomena, Audiovisual451 comenzó una ronda de preguntas a varios productores para conocer su opinión sobre los cambios de la LIS. En general, los profesionales consultados celebran la disponibilidad de un sistema de financiación añadido, y a la vez agradecen que la fórmula de la AIE no haya desaparecido de un plumazo. Porque «los productores trabajamos a dos o tres años vista, así que los modelos tampoco se pueden cambiar en cuestión de meses» comenta Valerie Delpierre desde Inicia Films (‘Verano 1993’, ‘Las niñas’).
Algunos ya han cogido el tranquillo a la AIE y la han utilizado durante años, pero, en palabras de Borja Pena desde Vaca Films (‘Quien a hierro mata’) es una fórmula «farragosa y administrativamente compleja». La compañía ha anunciado su nueva producción de cine, ‘Proyecto Emperador’, y todo apunta a que será la última con AIE: «La financiación está cerrada y cuenta con una AIE, pero estamos contemplando la posibilidad de utilizar el contrato de préstamo.»
Por su parte, Carlos Rosado Sibón de La Claqueta PC (‘Tu hijo’, ‘La trinchera infinita’), reconoce que la AIE es un sistema «complejo que, después de dos años utilizando, hemos conseguido dominar. Obviamente, un contrato de préstamo siempre será un proceso más simple.» Sin embargo, Rosado Sibón está seguro de que La Claqueta PC seguirá utilizando la AIE: «Una película genera bases imponibles muy grandes, si no hay una AIE en el proyecto, es la productora la que absorbe esas bases imponibles negativas y la que puede verse inmersa en un desequilibrio patrimonial difícil de resolver. Esto sólo lo pueden asumir productoras con unos beneficios muy elevados, porque si no, la compañía incurre en pérdidas y a la hora de pedir un préstamo, por ejemplo, se complica mucho la situación.»
En este análisis de las bases imponibles negativas, Rosado Sibón coincide con David Matamoros de Mr. Miyagi Films (‘El Hoyo’, ‘Isaac’) que asegura que «la financiación a través de AIE supone una alternativa mejor para el productor y para el inversor, al posibilitar a ambos una rentabilidad superior, es decir, una mayor aportación de inversión y posibilidad de rentabilizar bases imponibles negativas.»
Matamoros también considera que cada productora deberá estudiar caso por caso para determinar si es más conveniente el contrato de préstamo o la AIE: «En producciones cinematográficas sobrefinanciadas, al no existir bases imponibles negativas en la producción, el productor deberá valorar el efecto financiero/fiscal y el impacto en la tesorería para optar entre la vía del capital (AIE) y la del préstamo.» Y añade: «Sin embargo, para financiar espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales, la opción del préstamo nos parece la más adecuada.»
Según Borja Pena, el modelo de préstamo es «más limpio, más claro, más fácil y seguramente, más idóneo para películas con un presupuesto a partir de 2,5 millones de euros, sobre todo a partir de 3.» El productor gallego está seguro de que el sistema de préstamo ampliará el abanico de inversores en el audiovisual español, «las deducciones son más atractivas, han pasado del 25 al 50 por ciento, el inversor es tratado como lo que es, como un puro inversor y no como un productor, simplemente pondrá un dinero y se llevará un crédito fiscal.»
Para Lucía Ramírez, del área legal y financiera de la productora Aquí y Allí Films (‘Magical Girl’, ‘Courtroom 3H’), “el mayor inconveniente a la hora de elegir entre AIE y un contrato de financiación es la rentabilidad que se le puede ofrecer al inversor (siendo con este último de un máximo del 20 %, muy lejos de lo que ahora mismo se ofrece a través de la estructura fiscal). Por ello, aunque parece que se simplifica el procedimiento, y esto sea una ventaja, es todavía mucho más atractivo lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Además, obligar a entrar en el proyecto a los inversores durante la fase de producción conlleva un riesgo al cual no está acostumbrado.” Ramírez también señala que el contrato de préstamos permitiría al productor “retener la propiedad intelectual en su compañía”, lo cual valora de forma positiva. En contrapartida, hay que recordar el “asunto” de las bases imponibles negativas…
Consultada también Beatriz Bodegas de La Canica Films (‘Tarde para la ira’, ‘Érase una vez en Euskadi’), la productora comenta que la AIE es “desde mi punto de vista, es muy importante que se mantenga el incentivo fiscal que viene funcionando estos años a través de las AIEs. A día de hoy es una vía de financiación adicional estable y recurrente para nuestros proyectos.” Sobre el nuevo sistema de préstamo, Bodegas considera que en principio es “menos atractivo” por todos los motivos que se han ido señalando, de manera que coincide en el análisis con varios colegas del sector. Igualmente, Bodegas analizará a medio plazo la eficacia del contrato de préstamos.
Pedro Martín, del área de audiovisual y deporte de Crea SGR, cree que “el nuevo modelo sin el concurso de una AIE deja menos dinero a los productores. Mientras convivan los dos sistemas, creo que en lo que se refiere al mundo del cine con películas de presupuesto de 2 a 3 millones, la mayoría seguirá por el modelo de la AIE.» Martín comenta que “ya nos han planteado si nosotros avalaríamos este riesgo que corren los inversores en el nuevo modelo de préstamo, en el caso que, por ejemplo, la película no califique. Es una línea que tenemos que estudiar.”
Por su parte, Ignasi Estapé desde Arcadia Motion Pictures (‘Madre’, ‘La cima’, ‘Robot Dreams’), se mantendrá en el modelo AIE, y señala que “hay pequeñas modificaciones, que han pasado más desapercibidas, como el incremento al 50 % del porcentaje máximo anual de cuota íntegra sobre el que se puede aplicar la deducción, o el carácter vinculante para Hacienda de los certificados de nacionalidad para identificar el productor beneficiario, para mi estas sí son mejoras sustanciales y a corto plazo. Estos dos cambios incrementan la capacidad de inversión y dan seguridad jurídica, que es lo que necesita la industria del cine en un año complicado.”
Un escenario mejor
En donde sí coinciden todos los productores es en la necesidad de aumentar la dotación del Fondo de Protección de la Cinematografía, es decir, aumentar el dinero que el estado destina a las ayudas públicas para el cine. En los últimos años la cuantía ha sido de 70 millones de euros y seguirá así. “Es muy frustrante” comenta Borja Pena “que el año 2021 se presente muy similar a 2020, cuando más de 20 películas se quedaron sin ayuda y probablemente sin poder producirse.” Simplemente, se agotó la dotación del ICAA y películas susceptibles de recibir ayuda con sus 86 puntos, no la recibieron, algunas de ellas, como señala Beatriz Bodegas, “de creadores de primera línea”. Y, a pesar de que muchos productores preferirían no depender de la subvención, hoy en día sigue siendo algo indispensable para poner en marcha un rodaje.
Si preguntas por un escenario ideal para financiar cine, la abogada Mabel Klimt piensa que ayudaría que “las administraciones trabajaran juntas y se pudieran complementar mejor entre sí a la hora de conceder ayudas, creo que así se fomentarían las coproducciones nacionales entre los distintos territorios. Hoy por hoy cada administración va por libre y es muy complicada esa complementariedad.”
Para Wandermoon Finance “el ideal para la industria audiovisual sigue siendo alcanzar el modelo de tax rebate, por el que, una vez certificado el coste de la producción, Hacienda abone al productor las deducciones generadas. Aun así, la seguridad en la certificación del coste y la financiación de los plazos de reembolso que podrían superar dos años, serían aspectos clave para el buen funcionamiento de este modelo. Seguro que, a la espera del modelo ideal, si este existe, un incremento del Fondo de Protección de la Cinematografía sería una gran noticia para la industria.”
Bodegas, en esta misma dirección, apunta que el panorama soñado incluiría “el incremento de los porcentajes de los incentivos fiscales (se acaban de subir 5 puntos, pero creo que aún es insuficiente) y la implementación de un claro y contundente tax rebate.”
Por su parte, Lucía Ramírez de Aquí y Allí Films asegura que “es muy necesaria una revisión en profundidad de las deducciones como forma de financiación del cine español” con el fin de obtener “una seguridad jurídica suficiente.” Para conseguirlo se debe alcanzar un acuerdo “de todas las partes implicadas”, lo que incluye a Hacienda: “Un cambio legislativo en ayudas y deducciones tiene que tener el visto bueno de Hacienda, ya que dejarles fuera de la ecuación supone que lo que pueda parecer un avance se vea modificado posteriormente por una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos.” Ramírez aprovecha la ocasión para destacar que “el ahorro fiscal no deja de ser una ayuda indirecta generada por la inversión privada que no necesita de convocatorias ni de puntos para su obtención.”
Y como siempre, es inevitable mirar en los países de alrededor en busca de modelos que replicar, sin necesidad de inventar la rueda. En este sentido, Klimt comenta que “hablaba hace unos días con productores en Bélgica para valorar la mejor localización para un rodaje. Y aunque es verdad que nuestros modelos se parecen mucho, hay un mundo de distancia en cuanto a competitividad. Allí los mecanismos están automatizados y se sabe con certeza el tiempo que se tarda en recibir la inversión para el proyecto, la rentabilidad a los inversores es de un 7 % y los intermediarios financieros (normalmente bancos mediadores) son únicamente los validados por la administración, que interviene activamente en la supervisión de todo el mecanismo. Evidentemente, España es mucho más grande, con diversidad regional y variedad de producciones, lo que hace que los procesos de este tipo sean más complicados de controlar y coordinar. Pero, no cabe duda, debemos seguir dando pasos, porque aún queda camino por recorrer.”
