La Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV) junto a la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), han presentado el informe sobre el impacto de la aplicación de sistemas de incentivos fiscales para la inversión, el crecimiento empresarial y el empleo en la industria productora de videojuegos, realizado por la Universidad Carlos III de Madrid, bajo la dirección del profesor Julio Cerviño.
Se trata de un análisis del impacto potencial estimado que tendría la armonización de medidas de deducciones e incentivos fiscales, en caso de aplicarse a la producción de videojuegos como parte del sector cultural.
Las dos asociaciones piden modificar el artículo 36 y 39 de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades con el objeto de que la industria del videojuego cuente con los incentivos fiscales para la producción y la captación de proyectos internacionales, tal como ya recibe la industria audiovisual, las artes escénicas, y la música en vivo.
La industria española productora de videojuegos facturó 1.435 millones de euros en 2022, con una previsión de 3.403 millones para 2028, en caso de no obtener incentivos fiscales. Una situación que podría cambiar de forma positiva si estos se aplicaran, con una subida calculada en torno al 27,4%, superando los 5.000 millones de euros de facturación para 2028, lo que supondría un crecimiento de hasta cuatro veces. Además, la aplicación de incentivos fiscales multiplicaría por 2,3 el empleo del sector en España hasta 2030, lo que supondría superar los 23.000 empleos en 2030.
Esta clase de deducciones ya se aplican en otras industrias culturales como las producciones cinematográficas, las series audiovisuales o los espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales, lo que ha mejorado notoriamente su competitividad desde su puesta en marcha. Asimismo, se trata de un marco fiscal que ya está establecido en varios países punteros de nuestro entorno como Francia, Reino Unido o Italia y grandes potencias del sector como Canadá y Estados Unidos.
Las reducciones de las tasas de presión fiscal no implicarían una caída de la recaudación
tributaria, sino más bien todo lo contrario, por el efecto de incremento de ventas. En el caso de una deducción fiscal del 20%, la recaudación tributaria se incrementaría de manera directa en un 2%. A este efecto directo se sumaría el impacto positivo fiscal de los efectos indirectos (reinversión en la industria y consumo a proveedores) e inducidos (salarios e ingresos vía renta).
Todos estos incentivos supondrían un impulso a la captación de nuevos proyectos y en inversión de capital, tanto nacional e internacional, que el estudio cuantifica en un 80%. A estos resultados cuantitativos habría que sumar las externalidades en términos de
captación y retención de talento, así como el impacto en el desarrollo de una infraestructura y un ecosistema de soporte al sector (programas educativos, laboratorios, clústeres de desarrollo, nuevos programas de I+D+i), además de una influencia positiva en la supervivencia, consolidación y crecimiento de las empresas.
«Esta medida, largamente demandada por el sector, ha sido apoyada por todos los grupos
políticos», declara Antonio Fernández, secretario general de DEV, que añade: «En un
mercado global, donde la competencia entre países es muy importante, sin la deducción fiscal en España, gran parte de las producciones no llegarán a formalizarse«.
José María Moreno, director general de AEVI, declara: «Desde AEVI, estamos encantados
de que todo el sector se una para reclamar estos incentivos que nos permitirán competir en igualdad de condiciones con otros mercados internacionales de referencia».
Informe sobre el impacto de la aplicación de sistemas de incentivos fiscales
