La justicia española ha emitido dos nuevas sentencias penales condenatorias, en la Comunidad de Madrid, por delitos contra la Propiedad Intelectual a dos acusados de distribuir dispositivos que vulneraban las medidas tecnológicas de protección en las consolas de videojuegos.
La primera sentencia, dictada el pasado 22 de octubre por el Juzgado de lo Penal número 2 de Móstoles, condena al acusado a una pena de seis meses de prisión, además de al pago de multa, indemnización y costas legales. El acusado era administrador único de una empresa dedicada a la venta al por mayor y arrendatario de la nave en Fuenlabrada que fue inspeccionada por agentes de la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid, donde se incautaron, entre otros productos de diferentes marcas, alrededor de 1.000 tarjetas R4 que rompían las medidas de protección de la consola Nintendo DS para jugar a videojuegos pirata.
La segunda, dictada el pasado 30 de octubre por el Juzgado de lo Penal número 4 de Alcalá de Henares, condena al acusado a una pena de prisión de ocho meses, además de al pago de multa, costas legales y a una significativa indemnización de casi 15.000 euros. El acusado, mediante anuncios en portales web de compraventa entre particulares como Milanuncios.com, se dedicaba a la reproducción y distribución no autorizada de copias de videojuegos compatibles con diversas consolas como la Nintendo DS o la Nintendo 3DS, así como a la distribución de dispositivos destinados a vulnerar las medidas de protección de las mencionadas consolas, tales como el R4 Gold Pro o el Sky 3DS.
Ambas sentencias son firmes al haberse alcanzado la conformidad entre las partes y haber manifestado éstas su deseo de no recurrir.
La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) ha valorado positivamente el esfuerzo conjunto del Poder Judicial y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en combatir la piratería. En palabras de José María Moreno: “Los derechos de propiedad intelectual contribuyen a salvaguardar la creación, el desarrollo de la cultura y a fomentar la innovación tecnológica. La piratería es el primer obstáculo en la consolidación del sector de los videojuegos en España con la generación de empleo y la captación de talento asociada a ello. Por ello, es importante asumir el valor que aportan los creadores de videojuegos y seguir trabajando conjuntamente para avanzar en esta materia aplicando de forma eficaz la normativa vigente”.
Según recuerda AEVI, anualmente se pierden hasta 1.500 puestos de trabajo directos y el Estado deja de ingresar 52 millones de euros de la industria de los videojuegos debido a la piratería. De acuerdo a los datos del Observatorio de la Piratería, publicados por la Coalición de creadores, durante 2017 se produjeron 241 millones de accesos ilegales a videojuegos por valor de 5.622 millones de euros con un lucro cesante de más de 242 millones de euros.
