En abril pasado, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, entregó a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 (PGE), con un incremento del programa de cinematografía del 13 por ciento. Con todo, el panorama cambiaba poco desde un punto de vista efectivo, pero al menos se cubría lo comprometido en 2017 para todas las ayudas a la producción.
El presupuesto para el año 2017 de la Secretaria de Estado de Cultura alcanza los 540,8 millones de euros, lo que según el ejecutivo supone un incremento del 1,14 por ciento con respecto al año 2016. La partida destinada al Instituto de las Cinematografía y de las Ciencias Audiovisuales (ICAA) crecía un 13 por ciento hasta los 86,9 millones de euros. El Fondo de Protección a la Cinematografía llegaba a 70 millones de euros en los presupuestos de 2017, lo que representaba 10 millones más en comparación con el año anterior. Eso sí, estos 10 millones extras irían destinados a completar las ayudas a la amortización para las películas estrenadas en 2015, ya que las ayudas generales a la producción de largometrajes sobre proyecto se quedaban con las mismas cantidades de 2016, es decir, con un doble procedimiento, dotado con 20 y 10 millones de euros, respectivamente. Por su parte, para las ayudas selectivas de 2017 se reservaban únicamente 5,3 millones de euros, frente a los 7 millones pagados el año anterior.
Las cuentas parecen estar claras y el año cinematográfico a nivel de financiación, salvado. Recapitulando, solo en cuestión de ayudas a la producción, el ICAA destina nuevamente en 2017 un total de 30 millones de euros a las ayudas generales, 5,3 millones de euros a las selectivas y 32.375.000 euros para pagar las ayudas a la amortización de las películas estrenadas en el año 2015, tal y como contempla el nuevo modelo de financiación del cine implantado el año pasado que, «con el fin de aportar seguridad financiera al sector cinematográfico, se estableció hasta 2018 un periodo transitorio en el que las nuevas ayudas sobre proyecto convivirán con las antiguas ayudas a la amortización de largometrajes». Tras autorizar en el Consejo de Ministros del 21 de julio esta penúltima convocatoria correspondiente al año 2017 de ayudas para la amortización de largometrajes el Gobierno pagará este año un total de 67.675.035,3 euros en todos los conceptos de ayudas a la producción cinematográfica.
Todo correcto hasta 2017, aunque la mayoría de los productores se queja de que la escasa dotación económica de las ayudas generales está convirtiendo las convocatorias en una lucha sin cuartel entre ellos y sus proyectos, el modelo no es percibido en general como un paso atrás. Eso sí, el sector pone en duda unánimemente su dotación porque está ocasionando que buenos proyectos y productores de talento se queden fuera del sistema. Un buen ejemplo ha sido Beatriz Bodegas, una de las artífices de una de las películas más importantes del año pasado: ‘Tarde para la ira’. Sin embargo, el problema que se vislumbra en 2018 puede poner las cosas mucho más complicadas y la industria está trabajando para atajarlo. No hay tiempo que perder porque el desafío es de grandes dimensiones, en Cultura lo saben y su predisposición es máxima para salvar la situación.
«Seguimos batallando, estamos muy contentos, AEC es la asociación que más productores de cine agrupa, en estos cuatro meses de presidencia que llevo hemos incorporado tres o cuatro socios más, ahora somos unos 44, es decir, más del 90 por ciento del cine industrial, del cine que viaja internacionalmente, con las productoras más relevantes del panorama. Siempre tenemos muchas guerras que librar pero tengo que decir que tenemos una relación muy buena con el ICAA y con la Secretaría de Estado de Cultura, sentimos que nos escuchan, creo que nunca antes en la historia reciente del cine español nos han atendido y escuchado tanto, hablamos por teléfono habitualmente con Óscar Graefenhein [director general del ICAA] y con Fernando Benzo [secretario de Estado de Cultura]. El anterior secretario de Estado de Cultura [José María Lassalle] no me recibió nunca y con el actual llevo seis reuniones», comentaba hace unos días a Audiovisual451 el productor Paco Ramos (Zeta Cinema), nombrado este mismo año presidente de la Asociación Estatal de Cine.
Y las reuniones se suceden porque en 2018, de repetirse los números de 2017 en cuestión de ayudas a la producción, el Gobierno español deberá hacer frente a subvenciones por valor de más de 100 millones de euros. Además de los 30 millones de euros de las ayudas generales y los más de 5 millones para las selectivas, el año próximo el Ejecutivo deberá abonar la última convocatoria de ayudas a la amortización para filmes estrenados en 2016 por un importe estimado en más de 70 millones de euros. La ecuación es simple, en 2016 se implantaban las nuevas ayudas generales pero muchos productores no tenían claro el nuevo modelo y prefirieron acogerse a la «seguridad» de las consolidadas ayudas a la amortización. Ahora, para que la situación no diste mucho de la vivida este año, en 2018 el Gobierno debería incrementar en unos 40 millones las ayudas a la producción para poder hacer frente a esos más de 100 millones de euros.
«La dotación económica de 2017 y 2018 es consecuencia de la convivencia de los dos sistemas de ayudas, estos dos sistemas compiten entre sí por el dinero que hay disponible. La industria está trabajando para conseguir más dotación, creo que el ICAA es el principal interesado en aumentar su presupuesto y en que se produzcan más películas, pero la realidad en este año es que tenemos 70 millones de euros para películas, 30 del modelo nuevo, 32 para las amortizaciones y 7 para proyectos nuevos. Para 2018, habrá convivencia de nuevo, y 100 millones de euros para el nuevo modelo y los proyectos, según se está estimando. Creo que tenemos que ir poco a poco consolidando un fondo competitivo». explica Ramos.
