La avocación a Pleno de este proyecto ha sido rechazada por 141 votos a favor, 172 en contra y 5 abstenciones, con lo que el texto que elabore la Comisión de Cultura, a partir del informe de la Ponencia y las enmiendas al articulado que se incorporen, pasará directamente al Senado.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha defendido ante el Pleno este proyecto, que tiene como objetivo adaptar la vigente Ley de propiedad intelectual a los cambios económicos, sociales y tecnológicos que se han producido en los últimos años.
Para el Ejecutivo, es urgente acometer esta modificación legislativa ya que existen problemas cuya solución no puede esperar a la elaboración de una nueva ley de propiedad intelectual, en un sector que genera alrededor de un cuatro por ciento del Producto Interior Bruto español.
Las medidas que incorpora este Proyecto van dirigidas a reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual y se dividen en tres bloques: la profunda revisión del sistema de copia privada, el diseño de mecanismos eficaces de supervisión de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual y el fortalecimiento de los instrumentos de reacción frente a las vulneraciones de derechos que permita el impulso de la oferta legal en el entorno digital.
En primer lugar, este Proyecto lleva a cabo la transposición al ordenamiento jurídico español de dos directivas europeas que pretenden armonizar el derecho sustantivo nacional de sus Estados Miembros en el ámbito de la propiedad intelectual. Éstas, entre otras medidas, articulan la ampliación del plazo de explotación de obras sonoras e iniciativas adicionales para que los intérpretes se beneficien de esta ampliación. Por otro lado, articula la utilización de obras huérfanas, cuyo propietario no ha sido identificado o localizado, y permite a los ciudadanos acceder a ellas una vez sean digitalizadas por las instituciones culturales, garantizándose su uso no lucrativo.
En cuanto a la copia privada, pasan a estar excluídas del límite no sólo las bases de datos y los programas de ordenador, sino también todas aquellas obras que se hayan puesto a disposición del público con arreglo a lo convenido por contrato, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y el momento que elija. A nivel educativo, amplía la excepción en defecto de autorización a contenidos que sean titularidad de las universidades, sin perjuicio de la correspondiente remuneración.
Se presentan también medidas enfocadas a garantizar la transparencia de las entidades de gestión de contenidos, se establece un cuadro de sanciones por el incumplimiento de sus obligaciones legales, y se delimitan con precisión los ámbitos de responsabilidad ejecutiva de la administración y de las comunidades autónomas.
Por último, y debido a que las nuevas tecnologías han multiplicado el riesgo de vulneración de los derechos de propiedad intelectual, establece un mecanismo jurisdiccional para la persecución de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, dotando a la Sección II de la comisión responsable de la misma de los mecanismos de reacción frente a las vulneraciones cometidas por portales web que no cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada de contenidos que se le notifiquen.
El Grupo Socialista pedía la retirada del proyecto porque considera que no se adapta a la legislación europea, adolece de un diagnóstico sobre la situación real de la industria cultural y de un análisis detallado de los aspectos más conflictivos en el uso de bienes y servicios protegidos por la legislación de propiedad intelectual, y no ha sido consensuado con los sectores a los que afecta.
Para UPyD, este Proyecto de Ley tiene fecha de caducidad, es incompleto, conservador e intervencionista; IU, ICV-EUiA, CHA, alude al carácter provisional de este Proyecto de Ley y avisa que sucesivos cambios legislativos en esta materia podrían acarrear consecuencias negativas de difícil reparación para usuarios y titulares de derechos.
En cuanto al Grupo Mixto, Amaiur plantea la creación de un modelo vasco de decisión que evite la imposición de un modelo de propiedad intelectual que limita la creatividad y recorta libertades; ERC rechaza que el mecanismo de la compensación por copia privada a los titulares de los derechos sea con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; y el BNG, considera que ha cosechado la oposición de autores, sociedades de gestión y usuarios.
