El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, presidió ayer, 11 de septiembre, en el Museo Arqueológico Nacional, la presentación del Observatorio 2022 de la Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales, que cada año que elabora la consultora independiente GfK a instancias de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, organizadora de la cita junto a LaLiga y Mediapro.
El acto contó con una exposición de los datos a cargo de Carlota Navarrete, directora de la Coalición, junto a los representantes de todos los sectores de las industrias culturales, entre los que se incluyen José María Moreno, director general de AEVI; Javier Gutiérrez, director general de VEGAP; Ignacio Arrola, director comercial y de marketing de Mediapro; Estela Artacho, presidenta de Fedicine; Daniel Fernández, presidente de FGEE; y Antonio Guisasola, presidente de Promusicae.
Navarrete esbozó, a modo de introducción, los principales datos del Observatorio. En su opinión, «es urgente y necesario el compromiso drástico de todos los poderes públicos para afrontar definitivamente el fenómeno de la piratería de contenidos que lastra nuestro sector desde hace más de una década», lo que le ha llevado a pedir al ministro de Cultura y Deporte que la lucha contra la piratería forme parte de las prioridades de España durante la presidente de la Unión Europea, una solicitud que ha sido recogida por Miquel Iceta.
El ministro cerró el acto comprometiéndose a que el tema de la piratería será uno de los asuntos prioritarios a tratar tanto en la reunión informal de ministros europeos de Cultura que se celebrará en Cáceres los días 25 y 26 de septiembre y se concretará en la Declaración de Cáceres, como en el encuentro que liderará con sus colegas de la Unión Europea en Bruselas los días 23 y 24 de noviembre.
Iceta afirmó que había tomado «buena nota de los deberes que se nos pone al Gobierno». En sus palabras, «el fenómeno de la piratería disminuye, pero no desaparece. Y el deseo es que desaparezca porque es un robo a los creadores y las industrias y un expolio a la cultura en su conjunto. Convenzámonos de que nada es gratis. Si queremos cultura, hay que tener creadores, respetarlos y respetar sus derechos».
El ministro, que reconoció que la creación de la anunciada Oficina de la Propiedad Intelectual sigue siendo una tarea pendiente que espera culminar en los próximos meses, lamentó que aunque la piratería se ha reducido, «no lo suficiente ni de forma homogénea». Entre los datos que quiso resaltar del Observatorio, y que hizo suyos, figuran «el déficit de ingresos de 551 millones para las arcas públicas y los más de 85.000 puestos de trabajo que no se han creado, algo que no podemos permitirnos en España».
A modo de conclusión, Iceta subrayó positivamente la labor de La Coalición por no desistir en evidenciar el daño a la cultura y dejar claro la necesidad de luchar contra la piratería: «Una sociedad que se quiera culta, libre y feliz necesita más cultura y más cultura
implica empezar por respetar a la creación y a los creadores y sus industrias«.
Una lacra que no cesa
Un año más, el informe incluye los datos relativos a los hábitos de consumo digitales y a la piratería de música, cine, series, libros, videojuegos y fútbol, así como el impacto en la prensa y las partituras de música. Las cifras evidencian que España continúa manteniendo unos niveles de piratería digital demasiado elevados, insoportables para un sector estratégico, cuya aportación al PIB y al empleo son suficientemente relevantes, que debe ser protegido de forma prioritaria, con actuaciones más enérgicas y decisivas. Eso explica que la oferta legal de contenidos culturales, suficientemente amplia y asequible desde hace tiempo, avance muy lentamente y con apenas un ligerísimo repunte en 2022.
Así, el pasado año el número de contenidos ilícitos que los usuarios se descargaron fue de 5.268 millones (solo un 2,5 % menos que en 2021, con una caída acumulada desde 2018 del 11 %). El perjuicio de esta práctica para las industrias fue de 1.995 millones de euros, un quebranto al que tampoco fueron ajenas las arcas públicas, que dejaron de percibir 551 millones de euros, o el empleo, que habría creado 85.358 puestos de trabajo directos e indirectos en un sector que en la actualidad ocupa a más de 103.000 profesionales.
Por sectores, la música ha vuelto a ser la industria más castigada, al registrar 2.351 millones de accesos ilegales, seguida de las series (986 millones) o las imágenes (595 millones), que se incorporan por primera vez al Observatorio. En este sentido, el sector audiovisual es el único que sigue sufriendo incrementos: 9 % las películas y 5 % las series. En cuanto a consumidores piratas, son los libros (35 %), las series (21 %) y los periódicos (26 %) y las revistas (17 %) las que han visto crecer su volumen, que apenas se ha reducido en el resto.
El valor total de los contenidos descargados ha experimentado una ligera subida, por el incremento en el coste de los mismos, aunque el número de accesos ilícitos haya descendido. En total, asciende a 33.056 millones de euros, de los que 10.272 corresponden a la música, la más perjudicada, también en número de accesos. De los 1.995 millones de euros de perjuicio al conjunto, la piratería le ha supuesto a la industria musical un daño de 543 millones. Le siguen en este diabólico ranking las películas y series (387), las revistas (255), los periódicos (240), los libros (217), el fútbol (170), los videojuegos (159), las imágenes (43) y, por último, las partituras (23).
Demandas urgentes del sector
Para revertir la situación de grave perjuicio que sigue ocasionando la piratería en nuestro país, los creadores e industrias de contenidos realizan a las administraciones y grupos políticos las siguientes peticiones urgentes:
1. Un compromiso drástico de todas las fuerzas políticas, administraciones públicas y los ministerios de Economía, Interior, Justicia, Educación, Cultura y Deporte para reforzar definitivamente la lucha contra la piratería.
2. Un extraordinario refuerzo de los recursos personales y materiales en la vía
administrativa y también de las unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
3. La creación de un Fiscal Adscrito al Fiscal de Sala de Criminalidad Informática que pueda atender de forma especializada y coordinada los delitos contra la Propiedad
Intelectual.
Los consumidores de piratería
La excusa de que acceder a contenidos ilícitos es la solución para el caso de que ese mismo producto cultural no sea del agrado del usuario es, un año más, la principal motivación para los accesos ilegales (63 %).
En un país en el que 5 de cada 10 internautas confiesa que no sabe distinguir entre plataformas legales e ilegales, son los más jóvenes (11 a 14 años) quienes más argumentan que no hacen daño a nadie y, además, no hay consecuencias punitivas.
Por su parte, los adultos de entre 25 y 44 años se amparan en evitar pagar por algo que luego no les guste o la urgencia de acceder a las novedades. Finalmente, los individuos mayores de 45 años son los que menos distinguen entre portales legales y su mayor motivación a la hora de consumir contenidos ilegales es porque ya están pagando por su conexión a Internet.
Sorprendentemente, quienes justifican sus prácticas ilícitas con los argumentos ya esgrimidos aseguran, en un 63 %, que los creadores y las industrias de contenidos culturales y de entretenimiento son un sector estratégico para la economía y el empleo de nuestro país, siendo las telecomunicaciones, el turismo y la hostelería las industrias más beneficiadas. De igual modo, un 62% confiesa que el acceso a la oferta legal de cultura y deportes es muy fácil y un 60 % considera que en nuestro país existe suficiente oferta legal para el consumo de contenidos culturales o deportivos.
El 20 % de los internautas que han accedido a portales ilícitos ha pagado por el consumo de algún contenido. Los métodos de pago principales son PayPal (48 %), tarjeta bancaria (42 %) y, sorprendentemente, criptomonedas (10 %). En este último caso, además, reconocen que les da más seguridad pagar con criptomonedas en estos portales (46%) y que suelen utilizar esta forma de pago habitualmente (33 %).
Modos de acceso
Los buscadores (especialmente Google, que acapara el 94 % de las búsquedas con este sistema) siguen siendo el método más utilizado (60 % frente al 55 % de 2021) por los consumidores para encontrar webs de contenidos gratuitos. De hecho, el 84 % de los usuarios escoge la opción entre los 20 primeros resultados.
En 2022 descendió levemente el uso de otras formas de acceso como la mensajería y las redes sociales para encontrar páginas de contenidos gratuitos hasta el 27 % (29 % en 2021), siendo las más empleadas Facebook (45 %), Telegram (38 %), YouTube (37 %), WhatsApp (30 %) e Instagram (27 %).
Efectividad de las medidas
La evidencia de que las medidas adoptadas han tenido su impacto, pero que los recursos
destinados no son suficientes, es que, a día de hoy, uno de cada dos consumidores (55 % frente al 52 % de 2021) ha intentado acceder a un portal de contenidos ilícitos que había sido cerrado o había dejado de existir.
El cierre/bloqueo del acceso a una página web de contenidos ilícitos o el hecho de que no se permita acceso a la misma sigue siendo la medida coercitiva que se considera más eficaz. Así lo cree un 80 % de los internautas (77 % en 2021).
Por primera vez, en 2022, el Observatorio pregunta sobre los principales factores por los que dejarían de consumir contenidos digitales gratuitos. El 76 % abandonaría estas prácticas si los datos de su tarjeta de crédito pudieran ser robados. Un 72 %, si un virus infectara sus dispositivos. Y un 65%, en el caso de que se vendieran los datos que aportan para acceder a contenidos gratuitos. Y hasta un 36% lo haría si corrieran peligro los puestos de trabajo del sector cultural.
¿Por qué hay población que no accede a portales de contenidos gratuitos? Mayormente por temor al fraude con los datos personales o a delitos cibernéticos (71 %) y a los virus informáticos (68 %). Además, un 55% opina que la oferta legal es amplia y suficiente para satisfacer las necesidades y un 52% no quiere perjudicar a los artistas y creadores de contenidos.
Películas y series
Durante 2022 se produjo un ligero descenso del consumo legal de películas físicas/presencial (-3 %). Pero, a pesar de la también leve caída en el número de personas que acceden a contenidos ilícitos, que se sitúa en el 24 % (-4 %), se ha incrementado el volumen de contenidos consumidos de forma ilegal en 2022, que alcanzó la cifra de 566 millones de euros (un 9 % más que en 2021, cuando se redujo a 520 millones). Además, y a diferencia de las series, el 53 % de los accesos corresponden a contenidos con menos de un año de antigüedad desde su estreno.
Por su parte, las series han experimentado en 2022 un ligero incremento del consumo legal, como ya ocurriera en 2021 con respecto a 2020. Sin embargo, el acceso ilegal se ha mantenido en los mismos niveles (20 %), después de que en 2021 hubiera sufrido un descenso en comparación con 2020 del 6 %. En el caso de las películas del 13 al 10 % y en el de las series, del 12 al 9 %.
Los contenidos descargados ilegalmente fueron 986 millones, un 5 % más. También el número de personas implicadas en este acceso ilícito fue del 20 %, un 3 % más. El valor de lo defraudado alcanzó los 1.615 millones de euros, un 6 % más que en 2021. Así, el lucro cesante para la industria audiovisual, que incluye películas y series, se coloca en los 387 millones de euros.
A diferencia de las películas, la cercanía con la fecha del estreno de las series no ha sido la principal razón de las descargas ilegales, pues han descendido del 62 al 56 % los contenidos consumidos de forma ilegal que tenían menos de un año de antigüedad desde el periodo de emisión.
En este sentido, Estela Artacho, presidenta de Fedicine, argumentó durante el acto que aunque el número de consumidores ilegales haya caído, no es una buena noticia, a pesar de que lo parezca: «Uno de cada cuatro consumidores acceden de forma ilegal. Pese a haber menos y más oferta legal, ha habido un mayor quebranto a los intereses de la industria del cine«.
La representante de los distribuidores cinematográficos centró sus quejas en las nuevas formas de piratería que se dan a través de las IPTV, que ofrecen millones de contenidos ilegales para cuyo acceso los consumidores pagan cuotas, y concluyó: «El sector audiovisual es estratégico, representa el 28,3 % de las industrias culturales en España. La oferta legal es cada vez más amplia y accesible, pero no puede desarrollarse plenamente con la amenaza constante de la espada de Damocles de la piratería».
Videojuegos y fútbol
Como ya sucediera en 2021, cuando la caída de videojuegos obtenidos de forma ilegal fue del 7 %, en 2022 se ha mantenido la tendencia descendente al producirse 325 millones de descargas, lo que representa un 8% menos con relación a 2021. Los videojuegos de menos de un año de comercialización fueron mayoría al copar el 55% de los accesos ilegales, frente al 54% de 2021.
El valor de lo defraudado fue similar en los dos últimos ejercicios: 8.873 millones de euros (con un perjuicio de 159 millones de euros). Hay otra buena noticia: la reducción del número de individuos que acceden ilegalmente, que se sitúa en el 15%, esto es, un 14% menos.
En el marco de la presentación, José María Moreno, director general de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), agradeció al Gobierno el trabajo desarrollado, pero recordó que es preciso acometer acciones más contundentes: «Hay margen de mejora y estamos convencidos de que se puede seguir combatiendo eficazmente los accesos ilegales a contenidos». Para terminar, reivindicó el potencial del sector del videojuego en el futuro de las industrias culturales.
Y en el caso del fútbol, pese al aumento del 17 % de partidos disputados en 2022, el consumo ilícito de este deporte ha disminuido con respecto a 2021 (20 % de usuarios frente al 21 % de 2021). Un descenso que también ha afectado a la oferta legal online, a la que accedió el 31 % cuando el año anterior había sido el 32% de los suscriptores de pago. Los accesos ilegales se cuantificaron en 85 millones de descargas (-3 %), por un valor de 246 millones de euros (el perjuicio para el sector fue de 170 millones de euros).
Ignacio Arrola, director comercial y de marketing de Mediapro, manifestó, a su vez, que «estamos contentos, pero no satisfechos. Se ha avanzado en la lucha tecnológica y también en los juzgados, pero necesitamos más ayuda y más recursos. No olvidemos que el 20% del contenido de fútbol se ve a través de accesos ilegales. Hay que recordar a los consumidores que cuando piratean partidos están afectando negativamente a sus clubes y jugadores».
Observatorio 2022 de la Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales (Informe completo)
