El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, así como su remisión a las Cortes Generales. El objetivo del proyecto es la creación de esta Oficina como un organismo autónomo de los previstos en el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Esta iniciativa se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como una reforma a llevar a cabo dentro del proyecto de ‘Refuerzo de los derechos de autor y derechos conexos’ del Componente 24, relativo a la ‘Revalorización de la Industria Cultural’.
La finalidad es reforzar la actividad administrativa que corresponde al Estado en materia de propiedad intelectual de manera eficaz, mejorando la estructura actual y ofreciendo un mejor servicio público. Los derechos de autor y los derechos conexos son el sistema normativo clave sobre el que se sustentan los profesionales que configuran las industrias culturales y creativas.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado solicitar la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia para agilizar al máximo su aprobación, haciendo uso de la posibilidad prevista en los Reglamentos del Congreso y del Senado.
El acuerdo considera la importancia de garantizar la entrada en vigor de este proyecto de Ley en el menor plazo posible, tanto por su relevancia para el sector de la cultura, como por el avance de la tecnología digital.
De este modo, una vez aprobada la Ley, durante el año 2024 podrán aprobarse los estatutos del organismo y dar cumplimiento a los hitos comprometidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En los últimos años, la actividad relacionada con la propiedad intelectual ha experimentado una constante expansión provocada por varias razones. Internet y las redes sociales se han convertido en el principal canal de comunicación pública y de reproducción de las obras y prestaciones protegidas por derechos de autor y conexos.
En este contexto, las plataformas de ‘streaming’ han revolucionado el consumo de contenido audiovisual y musical protegido por derechos de autor y derechos conexos, creando nuevos entornos de difusión de las creaciones culturales que exigen una adaptación constante de la legislación y de las herramientas al servicio de la protección de los mencionados derechos y de la promoción del sector basado en los mismos.
También se han producido cambios en las formas de vulneración de los derechos de propiedad intelectual, dando lugar a nuevas estrategias de piratería, que sitúan a los autores, creadores y demás titulares de derechos en una posición de mayor vulnerabilidad.
Como consecuencia, el Estado ha ido sumando en los últimos años nuevas competencias de gran calado, como un mayor ámbito de supervisión y control de los operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual, las funciones de autoridad nacional en el ámbito de las obras huérfanas o las nuevas funciones de las secciones Primera y Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, como el procedimiento de bloqueo directo de las páginas web ‘piratas’.
Además, la digitalización y los desarrollos tecnológicos como la inteligencia artificial están generando una transformación en los procesos creativos, que da lugar a nuevos usos de las obras y prestaciones protegidas, lo cual es necesario abordar desde una perspectiva integral.
De este modo, con la creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, el Gobierno pone en marcha una nueva herramienta para proteger a los creadores españoles frente a la inteligencia artificial. La iniciativa responde a los desafíos que plantea la IA en cuanto a la defensa del derecho que los creadores tienen a ser remunerados por su trabajo, en línea con el compromiso con la defensa de los derechos laborales que para el Ministerio de Cultura implica el despliegue del Estatuto del Artista. Así, uno de sus principales objetivos será el análisis del impacto de la IA en el sector cultural para poder revisar el marco jurídico y realizar los cambios pertinentes.
Adicionalmente, la actividad normativa europea e internacional también se ha multiplicado y España necesita tener una mayor y mejor presencia en los foros multilaterales de decisión en materia de propiedad intelectual.
Sector estratégico
La propiedad intelectual constituye un pilar fundamental de las Industrias Culturales y Creativas, que aportan más de un tres por ciento al PIB nacional, según datos de la Cuenta Satélite de la Cultura. El sector cultural constituye un sector estratégico de desarrollo social y económico, así como una herramienta de cohesión social y de proyección de una imagen positiva de España en el mundo.
Por ello, el Gobierno de España ha incluido a las Industrias Culturales entre las 10 políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por su capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo y por su efecto transformador de nuestro modelo productivo, hacia un ecosistema social y económico más verde, más digital, más cohesionado e igualitario.
