Otro conflicto se ha preparado en el sector cultural español. Teresa Lizaranzu, directora general de Políticas e Industrias Culturales y del Libro y presidenta de la Comisión de Propiedad Intelectual por delegación del secretario de Estado de Cultura, presentó oficialmente el 28 de febrero el balance de la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, cuando mañana se cumple el primer año de su puesta en funcionamiento. Lizaranzu defendió en su intervención la eficacia de la Comisión.
La satisfacción de Lizaranzu contrasta con el malestar del sector creativo español que tan solo dos días antes había criticado los resultado de la Comisión. Carlota Navarrete, directora de La Coalición de Creadores e Industrias de contenidos, la entidad que agrupa a las principales organizaciones que representan a la industria de contenidos culturales y de entretenimiento, y a la gran mayoría del sector creativo en España, había declarado que las industrias culturales españolas se sentían defraudadas por la ineficacia de la Comisión de Propiedad Intelectual: “No ha habido voluntad política para resolver el problema de la piratería en España. Me parece muy grave que un país donde la cultura representa el 4 por ciento del PIB no tome medidas para atajar la piratería, exigimos al gobierno que cumpla el compromiso adquirido el 11 de noviembre de 2011. La Comisión podría ser una herramienta útil si el ejecutivo hace lo que tiene que hacer”, apuntó.
Con 363 solicitudes tramitadas, 272 archivadas y 34 casos en los que las webs afectadas han retirado de forma voluntaria los contenidos vulneradores de los derechos de propiedad intelectual, Lizaranzu manifestó su satisfacción por los resultados y ha resaltado que “la Comisión es un engranaje en la defensa de los derechos de propiedad intelectual”. Pero lo que no reveló Lizaranzu es que todas las acciones emprendidas, según datos de La Coalición, han dado como resultado únicamente la retirada de la red 17 álbumes de música, 20 películas, 4 libros y ningún videojuego, lo que objetivamente son unas cifras ridículas que vuelven a poner a España en primera línea de la piratería en Europa.
De las 115 solicitudes que han prosperado, 30 ya han producido el acuerdo de inicio, 4 han sido archivadas antes del mismo y las 81 restantes están en fase de investigación. De los 30 expedientes en los que se ha acordado el inicio, en 20 casos se ha producido el archivo de actuaciones al haber retirado las webs de forma voluntaria de los contenidos vulneradores (sólo en 4 casos ha sido necesaria una resolución de la Comisión ordenando la retirada y la Web considerada responsable ha acatado la resolución y ha retirado los contenidos o ha cesado su actividad), y en 10 casos se adoptará en breve una resolución. Además, los datos de la Comisión señalan que hay 15 webs de enlaces que han sido notificadas como terceros intermediarios y han cesado su actividad, han retirado contenidos parcial o totalmente, o están intentando cambiar de modelo.
Asimismo, Lizaranzu destacó que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual es “un procedimiento pionero, innovador y con garantía para las partes. Mantenemos el modelo porque pensamos que es más efectivo actuar sobre la oferta ilegal que sobre los usuarios”. La presidenta de la Comisión anunció además: “estamos trabajando en una reforma puntual del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para, entre otros temas, ser más eficientes en la defensa de los derechos de los autores”.
Preguntada por algunos detalles de la mejora en el funcionamiento de la Comisión que se pretende introducir a través de la reforma puntual de la Ley de Propiedad Intelectual, Teresa Lizaranzu señaló: “queremos crear un tablón de edictos digital para notificar a las páginas webs que se encuentran alojadas en el extranjero. La mayor parte de la oferta de contenidos ilegales se sitúa fuera de nuestras fronteras, de ahí que sea necesario establecer sistemas ágiles que nos permitan hacerles llegar nuestras notificaciones. También vemos necesario que una solicitud presentada ante la Comisión pueda incluir un mayor número de obras, frente al actual de una solicitud por obra”.
La directora ha explicado que desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se está trabajando en la defensa de la propiedad intelectual desde tres pilares. “El primero es el de las garantías. Existen diversas vías judiciales en esta línea de defensa de los derechos de la propiedad intelectual (administrativa, civil y penal). La Comisión de Propiedad Intelectual es la competente en la vía administrativa y actúa como engranaje de todo el sistema de protección a la propiedad intelectual, pero es sólo una parte”.
El segundo pilar es el de la oferta legal, donde la creación de una oferta atractiva y acompañada de una importante visibilidad recae en la industria. “El año pasado hemos dado 5,3 millones de euros en ayudas para la creación y difusión de esta oferta cultural legal en Internet, y estamos prestando todo el apoyo institucional posible”, afirmó Lizaranzu. El tercer pilar de trabajo es la concienciación social, “en el que es indispensable la colaboración de todos (administraciones públicas, industrias culturales y ciudadanos)”, concluyó la directora general de Políticas e Industrias Culturales y del Libro y presidenta de la Comisión de Propiedad Intelectual.
