Después de más de tres años de negociaciones entre los agentes implicados y la Administración por fin ve la luz el nuevo modelo de financiación del cine español, que junto a la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales del 20 por ciento para el primer millón de euros y del 18 por ciento si la producción supera dicho importe, se convierten en los dos pilares básicos sobre los que se asienta la producción cinematográfica en España.
En un primer vistazo, el nuevo modelo tiene buena pinta, ahora solo queda saber como se desarrollará a través de su reglamento. También la Ley del Cine de 2007 se veía como un gran avance pero su desarrollo posterior no ha sido el esperado. En estas innumerables reuniones, entre otros, han participado tres presidentes de la Confederación de Productores (Pedro Pérez, Joxé Portela y Ramón Colom), dos directoras generales del ICAA (Susana de la Sierra y Lorena González), un secretario de estado de Cultura (José María Lasalle), miembros de otros ministerios y asociaciones gremiales y sobre todos ellos sobre sale la figura del productor José Antonio Félez (AEC), señalado por todos como uno de los principales artífices del acuerdo.
El actual presidente de los productores audiovisuales españoles, Ramon Colom, ha indicado que “es una estupenda noticia que, tras el arduo trabajo realizado desde FAPAE con las Administraciones, hayamos conseguido poner en marcha este nuevo modelo. Es la culminación de un trabajo realizado durante tres años”. Este sistema permitirá la convivencia entre diferentes producciones, desde las más pequeñas hasta las más comerciales con grandes presupuestos. “Un hecho que refleja la pluralidad de nuestra cinematografía”, ha explicado Colom.
La Secretaría de Estado de Cultura convocó a Audiovisual451 junto a otros medios de comunicación para explicar los detalles del nuevo modelo de financiación. A la reunión acudieron el Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, y la directora general del ICAA, Lorena González (que ya avanzó a Audiovisual451 la inminente puesta en marcha del nuevo modelo). El nuevo Real Decreto Ley, la fórmula elegida para darle un carácter de urgencia y así se cumplan los plazos previstos por el ejecutivo para su entrada en vigor el año que viene, modifica precisamente la Ley de Cine. A finales de junio se aprobará en el congreso este Real Decreto Ley, después del verano está previsto contar ya con la orden que lo desarrollará y que el nuevo modelo sea efectivo para todos los rodajes que se inicien a partir del 1 de enero de 2016.
El Real Decreto Ley modifica exactamente el régimen de ayudas a la amortización en la producción de cine, concedidas a posteriori y basadas en la taquilla del filme, presentes en la Ley del Cine de 2007, y se sustituyen por una nueva línea de ayudas anticipadas a la producción de largometrajes sobre proyecto, que convivirán con las tradicionales ayudas selectivas a proyectos y otras líneas como las ayudas a celebración de festivales, cortometrajes… Es decir, la nueva normativa sustituye las controvertidas ayudas a la amortización de largometrajes por un sistema de ayudas automáticas a priori basadas en criterios objetivos, a través de una baremación que deberá decidirse en los próximos meses e incluirse en el reglamento que desarrolle la Ley. Entre los puntos más sensibles está el fijar el coste mínimo de la película para poder acceder a estas ayudas orientadas a películas comerciales. En la actualidad, en el sistema de ayudas a la amortización, el coste mínimo está en torno a dos millones de euros, y según fuentes del Ministerio es muy posible que con la nueva ley esa cifra baje un poco. También le tope de ayuda por película posiblemente sea inferior al millón y medio estipulado actualmente.
Y es que la comercialidad de los títulos que accedan a las ayudas es uno de los puntos claves de la nueva norma, ya que el texto establece el reembolso de una parte de las mismas si el filme se convierte en un éxito de taquilla, dinero que regresaría al fondo para concederse a otra futura producción en siguientes convocatorias. En este punto, FAPAE aboga por establecer un umbral de rentabilidad. Con esta media, el Gobierno pretende arreglar la «disfuncionalidad» de una posible doble financiación derivada de las ayudas públicas y la taquilla, como sucede actualmente con las ayudas a la amortización.
Las nuevas ayudas permitirán la financiación progresiva de las producciones cinematográficas durante su desarrollo, frente a las ayudas a la amortización, que se convocan dos años después del estreno de la película. Este cambio permitirá disminuir los costes financieros de las películas en más de un 15 por ciento, y destinar la ayuda directamente a la producción.
El nuevo Real Decreto-Ley establece un periodo transitorio de tres años, para dar seguridad financiera al sector, en el que coincidirán las convocatorias de las ayudas nuevas y las anteriores, destinadas a la amortización. La primera convocatoria de estas ayudas automáticas a la producción de largometrajes sobre proyecto será en 2016.
El Consejo de Ministros ha aprobado también un suplemento de crédito extraordinario por valor de 16 millones de euros para abonar la amortización pendiente de 2014 y completar las necesidades presupuestarias de 2015 para estas ayudas al cine. Es decir, que finalmente el Gobierno decide abonar íntegramente el importe de las ayudas a la amortización de las películas estrenadas en 2012, en el que se había realizado una quita del 13 por ciento, y se compromete a pagar todas las ayudas a la amortización que queden por abonar hasta que en 2018 se haya cumplido el ciclo y desaparezcan definitivamente desplazadas por el nuevo modelo.
Así, el presupuesto del Fondo de Protección de la Cinematografía este año será de 52,5 millones de euros, de los cuales 36,5 millones de euros se destinarán al pago de ayudas a al amortización y 10 millones al resto de líneas de ayudas, incluyendo 4 millones para ayudas sobre proyecto. En 2016 se destinarán aproximadamente 35 millones de euros a ayudas a la amortización, 30 millones al nuevo modelo de ayudas y diez millones al resto de líneas que incluyen las mencionadas ayudas sobre proyecto. Un año después el escenario sería: 30 millones para pagar las ayudas a la amortización, una cifra similar para las ayudas automáticas a priori que ahora se aprueban y otros diez millones para el resto de líneas. Ya en 2018 la cifra prevista para ayudas a ala amortización estaría entre los 15 y los 20 millones, 30 millones para el nuevo sistema y otros diez millones para el resto de líneas que continúan. En 2019 ya solo estaría vigente el nuevo sistema de financiación dotado con unos 35 millones de euros, además de los diez millones para las líneas que se mantienen (sobre proyecto, cortometrajes, organización de festivales, participación de películas españolas en festivales, conservación del patrimonio cinematográfico…).
El suplemento de crédito extraordinario por valor de 16 millones de euros para abonar la amortización pendiente de 2014 y completar las necesidades presupuestarias de 2015 para estas ayudas al cine, incluye por tanto 10 millones de euros para completar el importe de las ayudas a la amortización que se deben abonar en 2015, más otros 5,1 millones de euros para liquidar también la mencionada quita de estas ayudas efectuada en los pagos de 2014, además de un millón adicional que se aporta a AudiovisualSGR para reforzar la línea de préstamos ICO.
El régimen de la nueva línea de ayudas que sustituyen solo a las ayudas a la amortización pretende adecuarse al ciclo de vida del proyecto de inversión cinematográfica, para mejorar la financiación de estas empresas y reducir sus costes financieros. Con ello, el productor sabrá la ayuda con la que cuenta antes de comenzar su rodaje. En la convocatoria de las ayudas se determinará el porcentaje de pago que corresponderá a cada una de las fases de ejecución de la película, por ejemplo, ante la presentación del proyecto, el inicio del rodaje y la obtención de la calificación. Posiblemente al inicio del rodaje recibiría el 25 por ciento de la ayuda prevista.
Las ayudas anticipadas se concederán de forma automática mediante la aplicación de criterios objetivos de valoración. Estos criterios así como la ponderación de los mismos, aspectos en los que ya se está trabajando, deberán concretarse en el Real Decreto y la Orden de desarrollo de esta Ley, con baremos de puntuación afinados que eviten la subjetividad, sin olvidar el coste mínimo para poder acceder a las ayudas. La viabilidad del proyecto será la clave, ya que habrá factores que aumentarán la puntuación obtenida, como demostrar que se cuenta con una distribuidora, un plan de marketing…
Es decir, ahora la determinación de estos criterios objetivos atenderá, entre otros aspectos, a la viabilidad económica y financiera del proyecto, a la difusión, distribución y plan de marketing, a la solvencia técnica del beneficiario, a la relevancia cultural española y europea, al carácter innovador del proyecto, así como al impacto socioeconómico de la inversión en España.
En la ponderación de criterios objetivos, además de tener en cuenta el fomento de la diversidad y promoción de la cultura de las películas, primarán las producciones cuyo objetivo sea lograr una importante difusión y el éxito comercial, habida cuenta de que ya existen otro tipo de ayudas a proyecto con las que se pretende fomentar los nuevos talentos que puedan surgir en el panorama cinematográfico español.
El cambio de modelo de financiación del cine que se completa se inició sobre el consenso con el sector, en el marco de la Comisión Mixta del Cine y el Audiovisual, cuyo primer resultado han sido las modificaciones introducidas con la Ley 27/20014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, por el que además de bajar en dos puntos porcentuales este impuesto, se incrementó el porcentaje de deducción por inversión en producciones cinematográficas y series audiovisuales al 20 por ciento para el primer millón de euros. Se creó también un incentivo para rodajes extranjeros en España, que establece una deducción del 15 por ciento de los gastos realizados en territorio español por grandes producciones internacionales y en el caso de Canarias, se suman 20 puntos adicionales por lo que dicha deducción se eleva al 35 por ciento.
El Real Decreto Ley también amplía la obligación de informar sobre la calificación que corresponde a las obras para las empresas que presten servicios de vídeo bajo demanda y a los titulares de sitios web que ofrecen listados ordenados y clasificados de enlaces a otras web o servidores donde se alojen las obras cinematográficas o audiovisuales.
Durante, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, explicó que en la actualidad el grueso del Fondo de Protección a la Cinematografía se destina a amortizar el crédito que el productor ha utilizado para realizar la película. Esas ayudas dependen de dos factores que no pueden conocerse a priori, la inversión efectiva en la película y su retorno en la taquilla, por lo que se cobran pasados como mínimo dos años desde el estreno. A juicio del ministro, «este sistema ha demostrado ser completamente inservible para dotar de músculo industrial a nuestro cine» y ha conducido a la producción de un número de películas «claramente excesivo». Una norma no escrita en Europa dice que se debe producir una película por cada millón de habitantes, es decir, que a juicio del Gobierno, en España se deberían realizar en torno a 48 películas al año comerciales y ahora se superan los 120 títulos de todo tipo. El Gobierno quiere quitar peso al número de títulos producidos anualmente como termómetro de la buena salud del cine español. Según fuentes del Ministerio, el nuevo modelo nace con la intención de dar cobijo a todo tipo de producciones que el mercado demande, desde las más pequeñas a las más relevantes y caras.
