El Gobierno aprobará mediante real decreto en un plazo máximo de cuatro meses el Estatuto Orgánico de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según han informado a Europa Press en fuentes gubernamentales. Este organismo regulador tiene entre sus competencias la supervisión y control del mercado de comunicación audiovisual.
A pesar de que desde mañana entra en vigor la ley que desarrolla el funcionamiento del nuevo órgano regulador, según publica el Boletín Oficial del Estado, el Ejecutivo tiene dos meses para aprobar el Estatuto Orgánico de la CNMC, que regulará su estructura orgánica, la distribución de competencias entre sus distintos órganos y el régimen de su personal, y a partir de ahí, otros dos meses para aprobar el nombramiento de los diez integrantes de la nueva Comisión.
La CNMC, que aglutina entre otros a la actual Comisión Nacional de Competencia (CNC) o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), asume también las funciones de supervisión de las televisiones que la Ley General Audiovisual de 2010 atribuía al nonato Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), que finalmente no llegó a constituirse en la anterior legislatura debido a la falta de acuerdo entre PSOE y PP.
La nueva CNMC controlará que las televisiones cumplen con el horario de protección infantil, en el que no pueden emitir contenidos no aptos para menores, así como con el resto de limitaciones, tanto de contenidos como de publicidad, que la Ley General de Comunicación Audiovisual impone a las cadenas para asegurar que se protegen los derechos de los espectadores.
Asimismo, el regulador vigilará que las televisiones cumplen con la obligación de invertir el 5 por ciento de sus ingresos en cine europeo, velará por el seguimiento de los códigos de autorregulación sobre contenidos audiovisuales, vigilará que TVE cumple con su misión de servicio público y recaudará las tasas impuestas a las cadenas privadas y las empresas de telecomunicaciones para financiar RTVE.
La CNMC contará con nueve consejeros y un presidente, que serán nombrados por el Gobierno, y ratificados posteriormente por la Comisión de Economía del Congreso, que podrá vetarlos. Esta forma de elección de los miembros del regulador implica una diferencia con el mecanismo previsto en la Ley Audiovisual para elegir a los consejeros del CEMA, que tenían que contar con el respaldo una mayoría cualificada de tres quintos del Congreso, lo que aseguraba un acuerdo entre los dos grandes partidos.
En este sentido, el portavoz del PSOE en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE, Juan Luis Gordo, se ha quejado durante la tramitación de la norma de que el Gobierno «no quiere una autoridad audiovisual independiente, sino un organismo controlado por su partido».
Mientras, desde el Ejecutivo se ha justificado la decisión de integrar las funciones del nonato CEMA en el CNMC por el ahorro que implica esta medida. Así, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cifró en 7 millones de euros el dinero iba a dejar de gastar el Estado renunciando a la creación del CEMA.
El consejo consultivo, en el aire
Otra de las diferencias entre el nonato CEMA y la nueva CNMC se refiere a la existencia de mecanismos de participación ciudadana. Durante la tramitación de la norma, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Medios (iCmedia) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) habían pedido la inclusión de un consejo consultivo de expertos en el terreno audiovisual dentro la CNMC que sirviera como un órgano de consulta de modo preceptivo y como cauce para las quejas y reclamaciones de los ciudadanos.
Sin embargo, finalmente esta petición no ha sido incluida dentro de la ley, que se sólo contempla expresamente la creación de un consejo consultivo del sector de la energía y para los sectores de «telecomunicaciones, audiovisual, de transportes y postal» se limita a recoger que «podrán crearse consejos consultivos» si así se decide.
La ley publicada este miércoles en el BOE contempla asimismo la redistribución de otras competencias que inicialmente iba a asumir el CEMA al Ministerio de Industria y al Ministerio de Presidencia. Concretamente, el primero asume la función de recibir las comunicaciones de inicio de actividad de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual o tomar decisiones sobre la renovación de las licencias audiovisuales, entre otras competencias.
Mientras, el Ministerio de Presidencia decidirá qué acontecimientos deportivos son de «interés general» y, por tanto, tienen que ser emitidos en televisión en abierto. El departamento que dirige Soraya Sáenz de Santamaría tomará esta decisión previa consulta a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y a los organizadores de las competiciones deportivas.
