El Instituto Autor y la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos han presentado en Madrid un amplio informe comparativo, elaborado por el Instituto Autor y editado por la Fundación SGAE, sobre las legislaciones de una decena de países de referencia respecto a la lucha contra la vulneración en internet de los contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual.
El “Mapa mundial de las leyes para la protección de contenidos en el entorno digital” es el primer estudio que analiza el marco legislativo actual respecto a la protección de la propiedad intelectual en internet en varios de los Estados de la Unión Europea, como Alemania, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido o Suecia, y en aquellos del resto del mundo en los que dicho marco ha evolucionado significativamente en los últimos años, como Estados Unidos, Corea del Sur o Australia.
El estudio analiza tanto sentencias judiciales relevantes como procedimientos administrativos para sancionar o ejercer la pedagogía, el informe del Instituto Autor detalla cómo enfrentan el problema algunos de los países más avanzados económica y socialmente. Esto revela una inquietud global, y diferentes soluciones, que resultan útiles para reflexionar sobre la evolución legislativa que en España podría resultar más equilibrada, eficaz y coherente con el marco jurídico de países de referencia.
Carlota Navarrete, directora de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, ha señalado: “Algunos de los avances legislativos en países que deberían ser nuestro modelo provocan tanto sana envidia como verdadera preocupación entre las industrias culturales y de contenidos, sobre todo si se tienen en cuenta los datos alarmantes de la piratería digital en España”.
Según los datos del último Observatorio de la piratería el 84% de todos los contenidos consumidos son piratas, con un valor de 16.136 millones de euros en 2013: “Esto supone un 6,5% más que en 2012, y que la piratería haya frustrado solo el año pasado la creación de 26.000 empleos y haya impedido ingresos públicos de 526,2 millones de euros, un 6,4% más que en 2012”, recuerda Navarrete.
Para la directora de la Coalición, la lectura del informe del Instituto Autor debería bastar a los responsables de la tramitación del proyecto de Ley de Propiedad Intelectual para tomar conciencia de lo lejos que estamos respecto a los países con los que España debe competir: “La cultura y los contenidos son un sector globalmente competitivo y creador de empleo. No podemos desaprovechar la oportunidad de actualizar la legislación española a la realidad social, económica y tecnológica para garantizar la seguridad jurídica y un entorno competitivo justo a la oferta legal de cultura y entretenimiento, como muestra el informe que ya han sabido hacer otros países. Nos gustaría que ésta reforma, que será una de las primeras leyes que sancione Felipe VI, pudiera concentrar el mayor consenso entre los partidos y el sector de las industrias culturales y fuera un claro ejemplo del cambio que nuestro país está demandando en cuanto a políticas de estado.”
El estudio explica con detalle cómo Alemania y Francia han emprendido caminos diferentes hacia la protección eficaz de los derechos en internet: en Francia han apostado por la pedagogía, impulsada tras la elaboración del conocido como Informe Lescure, pero complementada por sanciones basadas en una respuesta gradual; en Alemania, la persecución no se centra en el uso privado de la descarga sino en la economía fraudulenta, es decir, en quienes descargan contenidos de forma ilegal con ánimo de lucro, pero también se imponen multas a los usuarios.
También se analiza el marco legal de países como Corea del Sur, a la que estar a la vanguardia en leyes protectoras y en medidas eficaces le ha permitido suscribir amplios acuerdos bilaterales, como el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea o con los Estados Unidos. O como Suecia, pionera en la condena a The Pirate Bay, cuya policía ha arrestado esta misma semana a Peter Sunde, uno de los cofundadores de ese sitio web que estaba en busca y captura desde hacía dos años porque debía cumplir la pena de cárcel que le fue impuesta en febrero de 2012.
O se detalla cómo se ha adaptado la legislación en países como Finlandia, que apuestan claramente por la pedagogía; Italia, cuyos legisladores actualizaron recientemente las normas para redefinir la responsabilidad de determinados usos de las redes P2P; o Reino Unido, donde la aprobación de la Digital Economy Act en 2010 abrió la puerta al desarrollo de acciones como la llamada Operation Creative, una exitosa campaña contra la piratería online de música, cine, libros y otros contenidos culturales que se basa en la estrecha colaboración entre policía, industrias de contenidos, agencias de publicidad y anunciantes.
Adriana Moscoso del Prado, Secretaria General del Instituto de Derecho de Autor y responsable del trabajo, ha resaltado: “Con esta nueva obra el Instituto de Derecho de Autor aspira a cumplir uno de sus fines más destacados: la publicación de estudios y dictámenes sobre propiedad intelectual que contribuyan al conocimiento de esta disciplina del derecho y al debate en torno a la misma en términos constructivos”.
“Este trabajo, que comenzó en 2010, en pleno debate acalorado en España sobre cómo hacer frente a los usos ilícitos en la web, ha ido creciendo desde entonces, debido al interés que ha despertado desde el primer día y a su contenido práctico. Consideramos que un análisis de las legislaciones, la jurisprudencia y las iniciativas políticas de países muy diversos en su tradición jurídica como el que contiene este mapa aporta la perspectiva necesaria para la óptima identificación y análisis de los problemas y los retos que debe afrontar España, de cara a fijar – de una vez por todas – un marco jurídico adecuado de protección de su creadores y de sus industrias culturales. Ese ha sido, al menos, el fin perseguido con la presente publicación”, ha añadido la directora del Instituto Autor.
También han intervenido Antón Smith, consejero Económico de la Embajada de los Estados Unidos, y Alain Fohr, consejero cultural de la Embajada de Francia y director del Instituto Francés. “Este completo estudio realizado por el Instituto de Derecho de Autor –ha indicado Antón Smith- capta muy bien no sólo la importancia que Estados Unidos ha dado a la protección de la propiedad intelectual desde la redacción de su Constitución, sino también la importancia que ha dado a proporcionar un sistema jurídico que proteja adecuadamente tanto los derechos de autor como el libre flujo de información. Aunque no es perfecto, el sistema es un proceso en crecimiento que se va desarrollando conforme aprendemos a hacer frente a los desafíos de la comunicación moderna. Este libro puede ser utilizado como una guía para los gobiernos que buscan la construcción de un régimen jurídico eficaz que proteja adecuadamente la innovación y la creatividad a la vez que garantiza un Internet abierto que fomenta el libre intercambio de ideas”.
Por su parte Alain Fohr, consejero cultural de la Embajada de Francia y director del Instituto Francés, ha afirmado: “La Embajada de Francia se felicita de la publicación por parte del Instituto de Derecho de Autor y de la Fundación SGAE de este Mapa mundial de las Leyes para la protección de la propiedad intelectual en el entorno digital. Se trata de un trabajo que permite conocer el estado de la P.I. en el mundo y medir todos los esfuerzos que muchos países han realizado para proteger el acceso legal a los contenidos protegidos por derechos de autor. Desde ese punto de vista, agradezco al Instituto de Derecho de Autor que haya recalcado en su estudio el papel que Francia ha jugado siempre en el respeto de la P.I, no solo al combatir las descargas ilegales de contenidos culturales sino al responsabilizar a los usuarios en internet. Con el desarrollo exponencial de las industrias culturales en el entorno digital, los creadores no pueden enfrentar solos los desafíos inmensos que han surgido y los textos legales tienen que adaptarse a los nuevos retos. Este Mapa es una excelente herramienta para hacer un balance de las medidas legales que ya existen y para que veamos lo que queda por hacer».
