El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado el lunes 25 de marzo una providencia en la que acuerda, con carácter previo a la suspensión temporal de los recursos asociados a Telegram, solicitar a la Comisaría General de Información un informe sobre la plataforma Telegram.
El magistrado solicita ahora información sobre sus características así como sobre la incidencia que pueda tener sobre los usuarios la suspensión temporal que acordó en un auto del pasado viernes 22 de marzo y cuya ejecución queda en suspenso.
En el citado auto, tras la denuncia de Mediaset, Atresmedia, Movistar y EGEDA, el magistrado ordenaba a las operadoras de telecomunicaciones y de acceso a Internet la suspensión temporal de Telegram en el marco de un procedimiento por un delito de vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual contra los titulares de diversos canales creados en la red social.
En su resolución, Pedraz explicaba que la medida tiene apoyo legal contemplado en el artículo 13.2 de la LECrim: “En la instrucción de delitos cometidos a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación, el juzgado podrá acordar, como primeras diligencias, de oficio o a instancia de parte, las medidas cautelares consistentes en la retirada provisional de contenidos ilícitos, en la interrupción provisional de los servicios que ofrezcan dichos contenidos o en el bloqueo provisional de unos y otros cuando radiquen en el extranjero”.
El magistrado adoptaba esta medida que ahora suspende en el marco de la instrucción de una causa abierta por las denuncias de Mediaset, Antena 3, Movistar y EGEDA, que acusan al sistema de mensajería de alojar contenido protegido por derechos de autor sin permiso.
FACUA ya consideraba la medida desproporcionada
FACUA-Consumidores en Acción ya consideraba absolutamente desproporcionada la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de ordenar el bloqueo cautelar de Telegram en España.
FACUA advertía en un comunicado sobre los enormes perjuicios que causaría la decisión judicial para los millones de usuarios de esta aplicación de mensajería y para las empresas, organizaciones e instituciones publicas y privadas que difunden contenidos de forma lícita a través de sus canales en esta plataforma.
“Es como si cerraran Internet porque existen webs que alojan ilegalmente contenidos protegidos por derechos de autor, como si cortaran toda la señal de televisión porque existen cadenas que incurren en piratería”, criticaba el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez.