El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado con 337 votos a favor y ninguno en contra el Informe sobre el Estatuto del Artista elaborado por la Subcomisión encargada. El texto, que ha sido presentado por la presidenta de la Comisión de Cultura, Marta Rivera, diputada del grupo Ciudadanos, fue aprobado en la citada comisión por unanimidad el pasado 21 de junio, recoge las conclusiones del casi año y medio de trabajo de la subcomisión, puesta en marcha a instancias de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea con el objetivo de dotar al sector cultural de un modelo legislativo capaz de responder a las necesidades específicas de sus trabajadores y adaptarse a las fuertes transformaciones tecnológicas y el incremento de la precariedad en todos los ámbitos profesionales del sector.
La subcomisión ha acogido la comparecencia de 31 personas que han dado voz a colectivos profesionales y representantes del sector, sindicatos y miembros de la Administración relacionados con la cultura. Como resultado de estos testimonios y las deliberaciones de los miembros de la subcomisión, se ha elaborado este documento en el que el Congreso propone una serie de propuestas destinadas a reconocer la especificidad del trabajo de creadores, artistas y profesionales de la cultura.
Los miembros de la subcomisión han elaborado el documento bajo la concepción de la cultura como un trabajo y, por tanto, de la necesidad de que sus empleados reciban una remuneración justa y disfruten de un marco claro de derechos y obligaciones. Con este objetivo, han hecho una aproximación sectorial en la que incluyen todos los diferentes campos de la Cultura y niveles de producción: autoría, interpretación, comisariado, promoción o labores técnicas.
El informe recoge una serie de recomendaciones que se concentran en tres bloques: fiscalidad, protección laboral y Seguridad Social, y compatibilidad en el cobro de prestaciones públicas con ingresos frutos de la actividad creativa. La subcomisión subraya que todas estas recomendaciones deben aplicarse con atención específica a la desigualdad de hombres y mujeres que afecta al sector cultural.
Entre sus diferentes recomendaciones, la subcomisión ha abordado una de las grandes reivindicaciones del sector cultural durante los últimos años: el gravamen por el Impuesto sobre el Valor Añadido. El informe propone que toda la cadena de valor de la actividad artística pase de tributar del tipo general (21%) al reducido (10%).
Por otro lado, y debido a las irregularidades en los ingresos propios de estos trabajos discontinuos en el tiempo, la subcomisión propone que los trabajadores tributen según un promedio de los ingresos de los últimos 3 o 4 años. Tras calcular este rendimiento neto, el informe contempla que se estipule un límite máximo en el que se tributaría bajo condiciones específicas del artista para que el dinero que exceda esta cantidad sea gravado conforme a la tarifa general. En este tramo al que se aplica la tarifa general también se deberá calcular la media con los años anteriores y sumar los rendimientos obtenidos en otras actividades a las que también se aplica la tarifa general.
Otra medida referente a los rendimientos irregulares es adaptar la ley que regula el IRPF para que los artistas y creadores se puedan acoger a la exención del 30% que contempla la norma para este tipo de ingresos y que, debido a la actual redacción, les queda vedada.
El informe también específica los gastos que los profesionales deberían poder deducirse en sus rendimientos del trabajo, siempre contemplando máximos anuales y condicionantes. Estos gastos son los de formación; gastos de instrumentos y herramientas de trabajo; y gastos de honorarios y comisiones percibidas por representantes artísticos, agentes y demás intermediarios.
En lo que respecta a las deducciones en los rendimientos de actividad económica, la subcomisión advierte del gran número de litigios que se producen entre contribuyentes y Agencia Tributaria al respecto. Para reducir estos casos, proponen introducir en la norma del IRPF criterios objetivos sobre los gastos fiscalmente deducibles (aplicables a todos los contribuyentes) y nuevas reglas sobre adquisición y mantenimiento de vehículos; gastos por promoción y relaciones públicas; o gastos en transporte público entre lugar de residencia y de trabajo; entre otros.
El informe también aborda la protección laboral de los profesionales de la cultura y su relación con la Seguridad Social. La subcomisión apuesta por ampliar y adaptar los mecanismos de cobertura social a la nueva realidad productiva del sector, así como la consideración de relación laboral de carácter especial contemplada en el Estatuto de los Trabajadores.
La corta duración de los contratos en el sector cultural también provoca que los trabajadores tengan dificultades a la hora de formar parte de los procesos sindicales, tanto como electores como elegibles. Por ello proponen abordar fórmulas para ampliar la participación y representación sindical de en el ámbito de la cultura.
El informe liga el desarrollo de estos mecanismos a la subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) que también estudia formas para incrementar la representación sindical de los trabajadores por cuenta propia. La subcomisión de reforma del RETA también deberá, según el informe, incluir las medidas necesarias para evitar la proliferación de los llamados falsos autónomos en el ámbito cultural.
El último bloque de medidas propuestas en el informe versa sobre la compatibilidad en la percepción de prestaciones públicas y los ingresos por derechos de propiedad intelectual y actividades creativas. Con estas iniciativas la subcomisión pretende concretar la PNL aprobada en comisión de Cultura y en la que se insta a hacer compatible el cobro de derechos de autor y la percepción de la pensión de jubilación, con especial en los casos de los creadores más vulnerables y que reciben una pensión no contributiva.
De este modo la subcomisión pretende que no se pierda el capital intelectual que aportan creadores y artistas, particularmente en su etapa de madurez, cuando la experiencia acumulada puede favorecer la producción de obras o actuaciones más completas. Por ello, el informe asegura que «no debería obligarse a este colectivo a tener que escoger entre perder el cobro de sus prestaciones públicas o seguir en activo».
La Unión de Actores y Actrices tenía un objetivo marcado desde que en el año 2015 empezase a trabajar, junto con los diferentes grupos políticos, en el Estatuto del Artista.“El Estatuto del Artista reconoce la especificidad de los trabajadores de la cultura: la intermitencia y, ahora, hay que legislar en función de esa intermitencia”. Este era sólo un primer acto para el Secretario General ya que las recomendaciones que figuran en el Informe deben hacerse efectivas en forma de leyes: “Hay que trabajar para que el informe se defina en medidas completas”, ha comentado Iñaki Guevara, Secretario General de la Unión de Actores y Actrices.
Informe del Estatuto del Artista
