Al sector de exhibición español se le acaba el tiempo. Los propietarios de las salas de cine no pueden esperar más tiempo para que las salas recuperen al menos la cifra de 80 millones de espectadores anuales, el dato mínimo que, a su juicio, separa la rentabilidad de la mera supervivencia.
Los datos de taquilla y espectadores de 2022 se encuentran todavía un 39 por ciento por debajo frente a la media de recaudación y espectadores de antes de la pandemia en el periodo 2015-2019, según la empresa especializada en control de audiencias Comscore.
El año pasado 61,2 millones de espectadores visitaron los cines españoles, mientras la taquilla se situó en de 379 millones de euros, que fue un 51 por ciento más que en 2021, con un incremento de 128 millones de euros. Sin embargo, en 2019, un año especialmente bueno para los cines, la taquilla total se acercó a los 615 millones de euros y entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año los cines contabilizaron 105 millones de espectadores. Es un hecho que la recuperación va más lento de lo esperado.
La Federación de Cines de España (FECE), asociación que representa a más del 80 por ciento del mercado de la exhibición en España, ha convocado a los medios con el objetivo dar a conocer una batería de medidas que consideran necesarias para mejorar el texto de la nueva Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, en estos momentos en tramitación parlamentaria, e impulsar así cuanto antes la recuperación de espectadores.
La patronal de los exhibidores ha trasladado tanto al Ministerio de Cultura y Deporte y a los diferentes grupos parlamentarios, sus reivindicaciones a la nueva la Ley del Cine, entre las que se encuentra la sustitución de la, en su opinión «obsoleta», cuota de pantalla por un programa de ayudas para llevar más espectadores a ver cine español y el restablecimiento de una ventana de exhibición de 100 días, como punto de partida para negociar, como principales elementos para garantizar el futuro de las salas de cine.
Previsiblemente, la semana próxima se debatirá en el Congreso la única enmienda a la totalidad interpuesta sobre la nueva Ley de Cine, que ha partido del grupo parlamentario de VOX, y en las próximas semanas se incluirán y debatirán igualmente las distintas enmiendas de los demás grupos políticos. Para FECE, la Ley de Cine es de momento una oportunidad perdida y califican la norma como «continuista», que además «ahonda en obligaciones que no existían», ha expresado el director general de la Federación de Cines de España, Luis Gil.
La cuota de pantalla
Las salas de cine ven con asombro que se mantenga la cuota de pantalla en el proyecto de Ley, «una obligación injusta para el sector, de dudosa constitucionalidad, que no existe en ningún otro país europeo y que no consigue los objetivos que pretende alcanzar. La cuota de pantalla no protege ni favorece, ni al cine español, ni al cine independiente», argumentan. A su juicio es una medida que se mantiene por inercia pero es claramente ineficaz para fomentar la asistencia a las salas para ver cine español, europeo o iberoamericano. «Que se obligue a programar las películas no significa que se vayan a ver», apuntan desde FECE.
La propuesta de los exhibidores es conmutar la cuota de pantalla por programas de fomento de asistencia a las salas para el consumo real de cine europeo. Actualmente, los cines cumplen con la cuota de pantalla de manera orgánica y el año pasado las ayudas a la exhibición estuvieron ligadas precisamente a esta medida.
La cuota de pantalla, el porcentaje que los exhibidores tienen que reservar a cine nacional y europeo, es ahora de un 25 por ciento, es decir una de cada cuatro películas debe ser de esas nacionalidades y con la nueva regulación pasaría a un 20 por ciento (una de cada cinco), e incluiría como novedad la norma al cine latinoamericano y el cine dirigido por mujeres.
La ventana de distribución
La segunda reivindicación de los propietarios de las salas comerciales también viene de muy lejos. Tiene que ver con mantener la exclusividad de la sala de cine como primera ventana de explotación de las películas. Últimamente, esta ventana exclusiva estaba reservada a películas que habían recibido ayudas públicas, pero hasta antes de la pandemia había un acuerdo tácito en la industria de esperar tres meses antes de llegar a las plataformas. Esta entente ha saltado por los aires desde hace tiempo y a raíz de la pandemia se ha visto reducida la ventana de forma notable.
En otros países como en Francia existe esta media, sin ir más lejos, en el país vecino la ventana es actualmente de 15 meses y está regulada desde hace años, como parte fundamental de la Ley, mientras que en Italia, el año pasado, el Senado instó al Gobierno por unanimidad a establecer un periodo de exclusividad para las salas de cine de 90 días para todas las películas, como una medida para proteger y fortalecer a las salas de cine de cara a recuperar los espectadores perdidos por la pandemia. Es cierto que las elecciones del país transalpino han parado todo este proceso.
La exhibición española considera muy importante que exista un orden en la industria que también beneficie a los espectadores. «Para nosotros las plataformas son complementarias a los cines, creemos que hay espacio para todos, pero para que esta convivencia se produzca tiene que haber una cierta regulación», declara Gil.
FECE reivindica una ventana preventiva de 100 días como punto de partida para negociar, pero desde la Federación se aclara que el debate solicitado al ICAA al respecto no se ha producido y que la realidad es que han encontrado muchas dificultades para que esta medida esté presente en la nueva normativa.
«Percibimos que todos los agentes implicados están a favor de una recuperación de espectadores en la salas de cine, porque sería beneficioso para todos. Es unánime la idea de que es fundamental para la carrera comercial de las películas el éxito en los cines», asegura Álvaro Postigo, presidente de FECE, que añade que los exhibidores están dispuestos a ser flexibles en las negociaciones pero «para que haya interés en sentarse a negociar hay que legislar primero, hay sensibilidad pero no se materializa», apuntó.
Los exhibidores también echan en falta que la Ley no ayude a corregir la asimetría entre distribución y exhibición, en lo que concierne al porcentaje que cada uno se lleva en la explotación de los filmes en las salas, que en principio nunca es de un 60 por ciento para distribuidores y un 40 por ciento para exhibidores, con múltiples variables según título, periodo del año, semanas, sesiones, etc. Esta mesa de arbitraje creen que también serviría para proteger a los exhibidores independientes que a veces no tienen acceso a copias de determinados títulos.
La Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual incluye otras obligaciones que no gustan a los exhibidores, como es la obligatoriedad de ofrecer datos de taquilla y recaudación de los contenidos alternativos programados en las salas, como pueden ser ópera, conciertos, acontecimientos deportivos, programas de televisión… La otra obligación con la que no están de acuerdo es la de reducir de doce a seis meses el periodo en el que las administraciones públicas puede hacer exhibiciones a bajo precio. «Esta competencia desleal de las administraciones perjudica a los cines más pequeños», comenta Postigo.
Respecto a las ayudas públicas directas para las salas, que por primera vez tuvieron una partida concreta en los Presupuestos Generales del Estado del año pasado, los representantes de los exhibidores creen que deben incrementarse y sobre todo seguir ligadas al ICAA y no instrumentalizarse a través de las diferentes Comunidades Autónomas, porque esto complicaría mucho su puesta en marcha como hasta ahora.
En este sentido, los exhibidores piensan que el sector todavía atraviesa una situación de fragilidad y estos apoyos públicos son un verdadero «balón de oxígeno», sin embargo, varias comunidades autónomas, como Madrid, Andalucía y País Vasco ya han trasladado a la patronal de la exhibición que tienen muy difícil cumplir los plazos para ponerlas en marcha, más en un año electoral especialmente complicado. «Quiero dar las gracias al Gobierno por habernos acompañado en unos momentos tan difíciles», ha señalado el presidente de FECE.
Finalmente, otra de las demandas de los empresarios de exhibición es tener acceso a incentivos fiscales como otros sectores de la cadena de valor del sector audiovisual. El objetivo con esta nueva fiscalidad y también a través de créditos públicos blandos sería hacer frente a las fuertes inversiones previstas para mejorar la eficiencia energética de las salas y la transición hacía la proyección láser, que también mejora la eficiencia pero tiene un coste muy alto.
Tanto Álvaro Postigo como Luis Gil han cerrado sus intervenciones con motivos para la esperanza del sector: «Hay esperanza de poder recuperar los cines, creemos que 2023 todavía será un año de transición y esperamos que a mediados de 2024 alcancemos los ansiados 80 millones de espectadores. Tenemos claro que el sector va a pelear duro, porque la cifra de salas no se ha reducido durante la pandemia», ha finalizado Postigo.
