El nuevo reglamento de la Unión Europea sobre protección de datos, conocido como Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), entra en vigor para otorgar a los ciudadanos europeos más control sobre la recopilación y utilización de sus datos personales en internet y reforzar la protección en caso de una filtración de la información.
La nueva normativa servirá para dar mayor confianza a los ciudadanos a la hora de compartir sus datos en la red, mediante, por ejemplo, las compras online, la presentación de la declaración de la renta o en el uso de las redes sociales. El RGPD ayuda a controlar la utilización que hacen las organizaciones de los datos personales que recopilan y garantiza los procedimientos necesarios para protegerlos.
Los ciudadanos europeos podrán obligar a las empresas que les han incluido en sus bases de datos de clientes que den de baja su información para dejar de recibir publicidad no deseada o solicitar la eliminación de contenido online que les resulte ofensivo. Además, tendrán el derecho a reclamar sus datos personales almacenados por las compañías proveedoras del servicio en la red si quieren cambiar a una nueva. El endurecimiento de la normativa en el tratamiento de los datos implica también que los usuarios de internet tienen el derecho a ser informados si un incumplimiento por parte de una empresa pone en riesgo los derechos y libertades personales.
Las nuevas normas se aplican en toda la UE, independientemente de dónde se procesen los datos y de dónde se encuentren las empresas. Ello incluye a las compañías no pertenecientes a un país miembro que se dirijan a personas de la UE. El RGPD, por lo tanto, garantiza a los consumidores los mismos derechos y la misma protección tanto si se realizan transacciones o acciones con datos personales en el entorno europeo como fuera de él.
«El Reglamento General de Protección de Datos otorga a las personas de la UE un mayor control sobre sus datos personales. Las nuevas reglas aseguran que la información personal esté mejor protegida, sin importar dónde sea enviada, procesada o almacenada, incluso fuera de la UE”, explica Věra Jourová, comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género.
El RGPD establece derechos específicos para todos los individuos. Y si una persona cree que una empresa ha vulnerado sus derechos de protección de datos, ésta debe responder a la solicitud sin demoras y de manera gratuita. Además, los ciudadanos afectados tienen el derecho a presentar una queja ante la Agencia Española de Protección de Datos, o acudir a los Tribunales de justicia si lo estimaren conveniente.
El RGPD reemplaza a la Directiva de Protección de Datos de 1995, que se promulgó antes de que internet y el cloud computing introdujeran nuevas formas de procesar los datos personales. Dado que la manera en la que se comparten y usan los datos en la actualidad ha cambiado sustancialmente desde entonces, las reglas de protección de datos de la UE necesitaban una modernización para adaptarse a los nuevos tiempos.
España es el país de la UE en el que más ciudadanos usan mensajería online o chats online – al menos una vez a la semana, con una proporción del 76 por ciento de los ciudadanos. Y es, además, uno de los países más activos en el uso de redes sociales, con un 69 por ciento de ciudadanos que admite que se conecta a este tipo de webs como mínimo un día a la semana. Es vital, por lo tanto, proteger de forma eficaz el elevado flujo de datos que se almacenan.
Por otro lado, la desconfianza de los españoles en el tratamiento de los datos personales por parte de las empresas es elevada, tal y como se desprende de los datos que arroja el Eurobarómetro: 8 de cada 10 españoles sienten que no tienen el total control de sus datos personales y 6 de cada 10 afirman que no confían en los negocios online. Además, 5 de cada 10 ciudadanos españoles están preocupados por cómo las aplicaciones móviles recogen datos sin su consentimiento y a 7 de cada 10 les inquieta el potencial uso que las compañías puedan hacer de la información que contienen.
No obstante, únicamente el 20 por ciento de la población sabe qué autoridad nacional es la encargada de proteger sus derechos en cuanto a protección de datos, aunque el 65 por ciento cree que deberían ser los organismos europeos los que se encarguen de regularlos. La protección de los datos personales no es solo una de las principales preocupaciones para muchos ciudadanos europeos, sino también un derecho fundamental y, por lo tanto, debe ser protegido. El Reglamento General de Protección de Datos de la UE llega para dar respuesta a esta necesidad.
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