La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha hecho (AUC) pública su preocupación por uno de los aspectos que recoge el Proyecto de Real Decreto elaborado por el Gobierno para modificar la vigente Ley del Cine, en estos momentos en fase de aprobación, referido a la calificación por edades que obligatoriamente debe acompañar a las películas para su exhibición.
AUC señala que tanto el artículo 8.1 de la Ley del Cine como el artículo 7.2 del Proyecto de Real Decreto señalan la obligación de que las películas cinematográficas cuenten con una calificación por grupos de edad, otorgada por el ICAA o por los órganos autonómicos competentes, “antes de proceder a su comercialización, difusión o publicidad”.
Sin embargo, el artículo 9.3 del Proyecto de Real Decreto introduce como novedad la posibilidad de que pueda hacerse “publicidad en cualquier medio de una película u obra audiovisual que aún no estuviese calificada”, en cuyo caso “se deberá precisar que la misma se encuentra pendiente de calificación, algo que la Ley del Cine prohíbe expresamente y considera infracción grave.
Para la Asociación, si ya en la actualidad, y a pesar de la obligación legal, son muchas las películas que se estrenan sin informar de la calificación por edades, o lo hacen de forma deficiente e ininteligible (más del 70% por ciento de la publicidad no incluye la calificación, según datos de AUC), la normativa que se pretende aprobar puede convertir esa información en puramente marginal.
Recuerda AUC que la calificación por edades es una herramienta fundamental para la protección del menor, ya que permite a los adultos valorar la idoneidad de las películas para los niños y niñas a su cargo, especialmente teniendo en cuenta que en España esa calificación por edades en, en la mayoría de los casos, puramente orientativa, y no impide a los menores el acceso a las salas. La calificación garantiza también que la publicidad de los estrenos de películas para adultos no se emita por televisión en horario de protección infantil. Y, en ese sentido, pide que se mantenga la actual normativa y que se mejore la eficacia en su cumplimiento.
