El 19 de marzo Spain Film Commission revelaba que la crisis sanitaria del COVID-19 había sido ya responsable de la cancelación de 300 rodajes tanto nacionales como internacionales en toda España. Ahora, la patronal de film commissions ha elaborado un documento en el que demanda las medidas urgentes que se pueden tomar para paliar en la medida de lo posible esta situación. Por su parte, PROA advierte de que las medidas económicas aprobadas por el Gobierno esta misma semana no son adecuadas para el sector audiovisual. Según los productores catalanes, el ministro de Cultura ha manifestado la voluntad de coordinarse con el sector y formular medidas que minimicen los efectos de de la emergencia sanitaria en el sector cultural.
En primer lugar, el comunicado de Spain film Commission dice lo siguente:
Ante la grave situación creada en la industria de rodajes como consecuencia de la paralización que sufre la industria de los rodajes Spain Film Commission ha elaborado un documento de medidas urgentes que propondrá al Gobierno.
Spain Film Commission, entidad no gubernamental que agrupa a la red pública de Film Commissions y Film Offices que operan en España con más de 30 miembros, considera imprescindible que se aborde un amplio plan de medidas que propondrá con carácter inmediato al Gobierno para paliar los grandes perjuicios causados por la paralización total de los rodajes en España y para estimular la actividad tras la crisis.
Según los datos de que dispone Spain Film Commission desde el miércoles 11 de marzo se han ido suspendiendo paulatinamente los rodajes hasta su suspensión total desde el decreto de Estado de Alarma. La entidad está elaborando un informe con datos proporcionados por sus socios, pero podemos adelantar que son más de 300 rodajes paralizados.
Los procesos técnicos previos a un rodaje son largos y complejos y necesitan de una programación que requiere mucho tiempo de preparación. Por eso se trata de que el parón de los rodajes suponga solamente un aplazamiento de los procesos y no su cancelación definitiva. Se trata, por tanto, de ofrecer a la industria la seguridad y apoyo necesario para que esta situación transitoria no suponga un cese definitivo de los planes de rodajes ya en marcha y no se pierdan nuevos proyectos.
Además de las medidas generales que se están adoptando sobre los profesionales autónomos y pequeñas y medianas empresas, que constituyen la base del tejido profesional de la industria de los rodajes españoles, se hace necesario estudiar medidas específicas:
1. Los graves perjuicios que la paralización de los rodajes ocasiona por la falta de cobertura de estos riesgos por las pólizas de seguro de los rodajes (completion bonds etc) exige buscar acuerdos con las compañías aseguradoras y el Consorcio de Compensación de Seguros, para que el coste de la cancelación no recaiga exclusivamente en los empresarios y profesionales afectados.
2. Solicitamos al Ministro de Cultura y al Gobierno una declaración institucional que dé tranquilidad al sector garantizando que las ayudas no se verán afectadas ni reducidas buscando en su caso soluciones alternativas a las ayudas.
3. El Ministerio de Hacienda debe publicar, con carácter urgente, el alcance de las mejoras de los incentivos fiscales y la seguridad jurídica de los procesos, con el objetivo de ampliar el porcentaje y los límites de devolución de impuestos, así como la simplificación y rapidez de las devoluciones.
4. Solicitamos de la Secretaría de Estado de Turismo e ICEX un plan extraordinario de promoción de España como destino de rodajes y el turismo cinematográfico.
5. Solicitamos a la Vicepresidencia Económica del Gobierno que estudie la implantación temporal de una exención general de tasas de rodajes que puedan aplicar todas las administraciones para incentivar los nuevos rodajes mediante un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias.
6. Es necesario habilitar un plan de contingencia para compensar los rodajes cancelados y disponer de un fondo de apoyo para que el lucro cesante de la industria no impida la recuperación.
7. Es momento de anunciar ya la creación del Hub Audiovisual Español que está promoviendo Spain Film Commission como la mejor herramienta para desarrollar una estrategia nacional integrada y ambiciosa.
Spain Film Commission considera que la industria de los rodajes son un vector importante y tangible de la economía española, que genera empleo de calidad y contribuye a la mejora de la imagen de España, su cultura y su sociedad. Por esa razón se apela a la sensibilidad del Gobierno de España en esta situación extraordinaria. Es imprescindible actuar en coordinación también las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales e Insulares. Actuando con celeridad, España, puede continuar su posicionamiento como uno de los destinos de rodajes mas importantes a nivel global. Ese es el objetivo de Spain Film Commission.
Por otro lado, la asociación catalana de productores catalanes, PROA, advierte de que las medidas económicas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, con las que se movilizan 200.000 millones de euros, no son adecuadas para el sector audiovisual. A continuación reproducimos el comunicado de la asociación catalana de productores audiovisuales:
El pasado martes 17 de marzo el Gobierno publicó un paquete de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. La cuestión que preocupa a los productores audiovisuales es, ¿qué pasa con las contrataciones del personal previsto para los rodajes?¿Qué pasa con las productoras independientes que han suspendido estrenos y tienen que hacer frente a mantener estructuras frágiles económicamente?¿Qué pasa con los proyectos cancelados por la situación de emergencia sanitaria global?
Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral publicadas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, están sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo de sus trabajadores durante el plazo de seis meses, desde la fecha de reanudación de la actividad. Pero la medida del ERTE, recogida en el Articulo 43 Disposición adicional sexta, está dirigida a proteger el empleo fijo y no los contratos temporales. Hecho que deja fuera las productoras audiovisuales, ya que no contempla la temporalidad de sus trabajadores, sujetos a las necesidades de las producciones.
En conversaciones que estamos manteniendo con el Ministro y su equipo, han manifestado la voluntad de coordinarse con el sector y formular medidas que minimicen los efectos de esta crisis cultural provocada por la emergencia sanitaria. Desde PROA, Productores Audiovisuales Federados estamos actuando de interlocutor directo, para revisar y buscar soluciones de forma MUY URGENTE para la adaptación de la normativa a nuestra situación específica, adecuándonos a las necesidades de la industria audiovisual. El sector necesita claridad de manera inmediata para saber con qué herramientas puede contar.
