Las siete asociaciones que componen la Mesa do Audiovisual Galego han hecho público un comunicado en el que se muestran totalmente contrarias al proyecto de ley que modificará la radio televisión pública de Galicia.
La Mesa do Audiovisual Galego está formada por AGA (Academia Galega do Audiovisual), AAAG (Asociación de Actores e Actrices de Galicia), AGAPI (Asociación Galega de Produtoras Independentes), CREA (Asociación Galega de Profesionais da Dirección e Realización), AGAG (Asociación Sindical Galega de Guionistas), CLAG (Cluster Audiovisual Galego) y PROXECTA (Coordinadora Galega de Festivais de Cinema). Además de asegurar que el proyecto de ley se ha redactado sin consultar a la propia industria, la Mesa solicita una reunión urgente con el presidente de la Xunta de Galicia para recibir explicaciones sobre las novedades que se introducirían en la CRTVG (Corporación Radio e Televisión de Galicia).
La protesta de la Mesa do Audiovisual Galego está en línea con Defende A Galega, plataforma organizada por los trabajadores de CRTVG que ha celebrado ya más de 320 «viernes negro» en señal de desacuerdo por la deriva de la corporación pública. Los puntos más polémicos de la reforma propuesta por la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, giran en torno al proceso para elegir quién ocupa la dirección general de la radio televisión pública y en torno a la introducción de contenidos en español.
A continuación, el comunicado completo:
«La Mesa do Audiovisual Galego, que agrupa a las organizaciones profesionales gallegas representativas del sector audiovisual, expresa conjuntamente su preocupación por el Proyecto de Ley de Servicios de los Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia para la Sociedad Digital presentado por el Consejo de la Xunta y actualmente en trámite el periodo de sugerencias para incluir elementos que en su formulación actual implicarían un rechazo frontal del sector audiovisual gallego en su conjunto.
En primer lugar, queremos dejar claro que ninguna de las asociaciones representativas de nuestro sector fue interpelada en el «periodo de consulta» previo a la elaboración del texto, del que no tuvimos comunicación hasta su publicación el pasado 29 de julio, por lo que el inicio de un plazo inicialmente señalado como «alegatos» y luego como «sugerencias» que expira en el propio mes de agosto, mes inviable por excelencia. Consideramos un elemento central de cualquier reforma legislativa en el ámbito audiovisual dar al menos voz a sus profesionales y empresas y a partir de este punto establecemos nuestras consideraciones respecto a la propuesta legislativa en cuestión.
Este nuevo proyecto, que pretende sustituir la actual ley vigente sobre medios de comunicación públicos (Ley 9/2011), supone, en la lectura literal que colectivamente hacemos de su articulado, un paso atrás en la independencia y función social de nuestros medios de comunicación. De esta manera, se amplía la anomalía que suponía el hecho de que los elementos principales de la ley aprobada en 2011 nunca hubieran sido desarrollados en estos años, saltándose la norma vigente y dejando de lado una transitoriedad que llega hasta hoy. La nueva norma amplía esa anomalía y la profundiza con medidas que contravienen las funciones más básicas de nuestros medios públicos: elimina el Estatuto Profesional y el Consejo de Informativos, sustrae la elección del director general de la búsqueda del consenso y acuerdo, en una figura clave para una de las instituciones más importantes del país, y apunta a una propuesta que obliga por sí sola a reformular el principio fundacional del CRTVG en materia de promoción de la lengua gallega y su difusión: la apertura de la emisión de contenidos en español.
Como Mesa do Audiovisual Galego consideramos que la relevancia de nuestros medios públicos como garantes de nuestra lengua, su cuidado y difusión son una línea roja sobre la que no hay pasos en falso y mucha reflexión, explicación y compromiso. Es del todo inadmisible aceptar una propuesta que toca la línea de flotación misma de nuestra cultura audiovisual, máxime en un momento en el que las obras en gallego están traspasando fronteras nacionales e internacionales mientras su uso entre nuestra población sufre un retroceso preocupante.
También consideramos que la eliminación del Estatuto Profesional y del Consejo de Noticias, integrado por profesionales de la propia empresa con el fin de garantizar el control y la calidad de los contenidos, supone un evidente retroceso en lo que tiene que ver con la necesaria independencia de los medios públicos de Galicia. El sistema de elección propuesto para el Consejo Asesor de Participación Social y Profesional pretende otorgar legitimidad y representación democrática a un órgano que en las condiciones propuestas no garantiza la debida independencia, pluralidad y capacidad crítica.
También afirmamos categóricamente que la elección del gerente general, estructura central de la organización CRTVG, debe realizarse con el mayor consenso posible, siguiendo los principios de representación política y social, e incluyendo en la ronda de consultas previas a las entidades que representar la profesionalidad, la empresa y la cultura del sector audiovisual gallego. Por tanto, modificar la norma vigente, rebajar la exigencia de acuerdo en estas elecciones, limitándola a la mayoría absoluta en el Parlamento, no responde a lo que debería haber sido el deseo de pluralidad democrática en nuestros medios públicos. Y por supuesto, extraer algo tan central para el funcionamiento del medio del artículo de la norma, disfrazando esta cuestión en su disposición adicional segunda, es cuanto menos discutible.
En definitiva, consideramos que el proyecto de ley, en su formulación actual, representa un giro peligroso en los conceptos garantes de control, profesionalidad e independencia de la CRTVG contenidos en la ley vigente, al tiempo que cuestiona su labor central de protección y Difusión de la lengua gallega en nuestra sociedad.
Por todo lo anterior y desde la certeza de que los medios de comunicación públicos constituyen un eje fundamental para la transmisión de la identidad cultural y lingüística gallega y que su carácter de servicio informativo está regulado por la propia ley para que sean independientes y plurales en todos y cada uno de los casos, solicitamos, en nombre de todo el sector audiovisual gallego, las explicaciones necesarias sobre esta propuesta anunciada pero no consultada. Y por ello, desde la Mesa do Audiovisual Galego, en representación colectiva de todos los colectivos que lo integran, solicitamos una reunión urgente con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, como representante de la Presidencia de la Xunta de Galicia, institución de la que depende directamente la actual Corporación de Radio y Televisión de Galicia y desde la que se impulsa este nuevo anteproyecto.»
