El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha comparecido, a petición propia, ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento, que tendrá como objetivo prioritario “garantizar el ejercicio efectivo de los derechos culturales en todo el territorio español”.
Entre otras cuestiones, Urtasun ha puesto el acento en el impulso de la Ley del Cine “para proteger a los productores independientes, y poner a su disposición los recursos económicos necesarios para continuar haciendo crecer el cine español y su proyección internacional”. Según ha anunciado, será remitida a las Cortes en las próximas semanas para culminar la última fase de debate parlamentario. Asimismo, ha remarcado las mejoras fiscales a la cultura, que se concretarán en la Ley de Mecenazgo para mejorar las compensaciones a los donativos o aportaciones de particulares a entidades, asociaciones o instituciones culturales, que ha de volver a las Cortes en breve para su aprobación definitiva, lo que permitirá mejorarla y profundizar en su contenido; y en los incentivos a la producción cultural, deducidos en el impuesto de sociedades, orientados al cine y a los espectáculos en vivo.
También ha confirmado en su intervención la continuidad de iniciativas como el Bono Cultural Joven, “una de las políticas más relevantes en la articulación del acceso a la vida cultural de las personas jóvenes de nuestro país”, con el objetivo de llegar a un mayor porcentaje de jóvenes; y el programa Cine Senior, dedicado a impulsar la vuelta de los mayores de 65 años a las salas de cine.
En su intervención, Urtasun ha defendido que “proteger la cultura y entender su relevancia en la construcción de una sociedad igualitaria, es proteger la democracia, los derechos y libertades fundamentales y el Estado del Bienestar”. Por ello, desde la consideración de la cultura como un sector estratégico, “por su contribución a la industria, al empleo y a un modelo territorial equilibrado y plural”, ha exigido que el conjunto de administraciones públicas españolas incrementen la inversión en cultura, aspirando a que represente el uno por ciento del gasto público total en España (frente al 0,7% actual, según datos de Eurostat). Según Urtasun, “es una obligación colectiva, porque también implica a las administraciones locales y autonómicas, pero que de forma especial interpela a la administración central”.
Con el objetivo de “favorecer un desarrollo cultural que responda a los retos de convivencia, diversidad cultural, globalización, innovaciones tecnológicas, que se ciernen ya en nuestro presente”, ha planteado tres ámbitos de actuación complementarios, que marcarán la hoja de ruta del Ministerio de Cultura. En primer lugar, ha destacado “el derecho a la creación, materializado en la libertad de expresión, la defensa y protección de los derechos de autor y el asegurar unas condiciones dignas para las personas trabajadoras de la cultura”. En segundo lugar, “el derecho de acceso a los bienes culturales y a su disfrute por parte del conjunto de la ciudadanía, sin importar su clase, su género o su procedencia”. Y, en tercer lugar, ha subrayado “el derecho a la participación en la vida cultural de la comunidad”.
Nueva Dirección General de Derechos Culturales
Con el objetivo de “hacer de los derechos culturales un nuevo marco desde el que diseñar las políticas públicas”, el ministro de Cultura ha anunciado la constitución de la nueva Dirección General de Derechos Culturales, que tendrá como uno de sus objetivos desarrollar un Plan de Derechos Culturales.
Los ejes estratégicos de esta división serán: la libertad de expresión, adoptando una postura firme contra cualquier forma de censura y atendiendo a la promoción de condiciones dignas para el trabajo cultural; la igualdad, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su origen o condición, tengan acceso equitativo a los recursos y oportunidades culturales; la interconexión entre educación y cultura para fortalecerla en el sistema educativo; la vertebración territorial, con la redistribución de recursos culturales para garantizar que todas las regiones, ya sean urbanas o rurales, dispongan de las infraestructuras y apoyos necesarios; el papel e impacto de la cultura en la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y la evaluación y seguimiento de las políticas culturales.
En este sentido, según ha adelantado el ministro, el próximo encuentro del foro ‘Cultura y Ciudadanía’, que el Ministerio de Cultura celebrará en Santiago de Compostela el próximo octubre, se dedicará a profundizar con especialistas y profesionales de toda España en el avance y los retos de este futuro plan.
Derecho a la creación
En cuanto al derecho a la creación, se ha comprometido a combatir la censura y la injerencia política que ganan terreno en la gestión cultural pública. Para ello, ha especificado que la Dirección General de Derechos Culturales acompañará a cualquier creador, autora, o colectivo cuya actividad haya sido borrada o censurada del espacio público. También ha apostado por consensuar y afianzar las buenas prácticas en todos los niveles de la gestión cultural, en concreto, con la revisión y actualización de los códigos existentes en organismos como el INAEM o los museos estatales, en consenso con el sector, así como con la extensión transversal de estos protocolos a todas las áreas del Ministerio.
Además, se propone dar continuidad a los trabajos iniciados en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con especialistas del sector para elaborar un manual de buenas prácticas contractuales. En este contexto, ha puesto en valor uno de los primeros logros de esta legislatura, en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea: el acuerdo provisional sobre el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), una herramienta fundamental para proteger la libertad de prensa en Europa.
Segunda etapa del Estatuto del Artista
Sobre la situación laboral del sector y el Estatuto del Artista, Urtasun ha repasado los logros alcanzados hasta el momento y ha planteado abordar una segunda etapa en el desarrollo normativo de este instrumento, a la que ya dio el pistoletazo de salida con el encuentro con representantes del sector celebrado el pasado 16 de enero. En palabras del ministro, “se trata de consolidar la idea de la excepcionalidad cultural en España, justificando la necesidad de adaptar nuestra legislación a las peculiaridades de la actividad de los artistas y creadores, en un acto de justicia que reconoce, además, su contribución al patrimonio común de la sociedad española”.
Así, ha asegurado que se pondrá singular atención a las cuestiones de fiscalidad, como el tratamiento tributario de los rendimientos irregulares o la revisión de gastos deducibles; y a la situación de los autónomos culturales, ámbito vulnerable del sector, que aún no se ha visto beneficiario de las medidas aprobadas hasta la fecha.
En cuanto a las medidas de protección social ya aprobadas, se ha comprometido a garantizar la eficacia de su implementación y el adecuado funcionamiento de los sistemas públicos de cobertura por desempleo y jubilación, así como a culminar la revisión del catálogo de enfermedades profesionales específicas del sector artístico. En materia laboral, ha asegurado que retomará el trabajo iniciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marco del Diálogo Social para modificar el Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral especial de los artistas, modificado parcialmente en 2022, para adecuarlo a la Reforma Laboral de la última legislatura; y que se abordará la mejora de condiciones para la representatividad sindical.
En el marco europeo, según ha expuesto, “vamos a contribuir activamente a la iniciativa de la Comisión conjunta de Cultura y Empleo del Parlamento Europeo para el desarrollo de un marco común de la UE para la situación social y profesional de los artistas y otros profesionales de los sectores cultural y creativo”.
Oficina de Propiedad Intelectual
Otro de los retos del Ministerio de Cultura para esta legislatura, como ha expuesto Urtasun en el Congreso, será el ámbito de los derechos de autor, su protección bajo un contexto de avances tecnológicos y, en particular, el desarrollo de la Inteligencia Artificial. “Debemos ser las instituciones públicas quienes trabajemos, en este caso de la mano de las Instituciones europeas, para que la IA no sea un mecanismo de desposesión del propio trabajo y de los derechos de los trabajadores, sino al revés, para que sea una herramienta que nos permita vivir mejor”, ha manifestado.
Para dar respuesta, ha mostrado la intención de que el Ministerio de Cultura vele por los intereses de los creadores y la protección de la diversidad cultural con una serie de acciones, entre las que se encuentran convertir la Subdirección General de la Propiedad Intelectual en una Oficina de Propiedad Intelectual, con más recursos y rango de Dirección General, al entender que “la propiedad intelectual es un vector de sostenibilidad del trabajo cultural”; e impulsar las infraestructuras digitales públicas como tecnologías públicas, abiertas y democráticas, con proyectos como la plataforma digital de Filmoteca Española o el agregador cultural Hispana para el patrimonio digitalizado de archivos, bibliotecas y museos.
“El talento necesita instrumentos para desarrollarse. Necesita espacios, recursos, plataformas, empresas e industrias culturales”, ha señalado Urtasun al referirse a la protección del sector productivo y de las industrias creativas culturales. Para responder al reto de “mantener un ecosistema propio con capacidad de influir en el terreno global”, ha señalado tres iniciativas: una estrategia de fomento de la creación, investigación y producción cultural, con estructuras de producción, pensamiento y estudios culturales, ‘fábricas creativas’ como será Tabacalera en Madrid, concebido como centro nacional de producción y residencias y, a su vez, espacio de investigación artística. Esta estrategia contempla, asimismo, la revisión de ayudas existentes y la implementación de nuevas líneas y becas, con carácter transversal, de apoyo a la creación y producción, en áreas como la investigación en patrimonio bibliográfico, la creación literaria, los guiones cinematográficos o la promoción del sector del videojuego.
Difusión nacional e internacional
El Ministerio de Cultura ha asegurado que ya se trabaja para ampliar las líneas de apoyo a la internacionalización en todos los sectores, mencionando las ayudas a la traducción a lenguas extranjeras desde cualquier lengua de España, la elaboración de un plan estratégico internacional 2024-2026 para la promoción del cine español, las ayudas a eventos profesionales para la internacionalización de las industrias culturales y creativas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o el IV Convenio entre el Ministerio de Cultura y la Fundación Industrias Creativas para la colaboración en el desarrollo del espacio ‘Conexiones i’ en el marco del festival BIME y la internacionalización de la industria musical española en 2024.
Sobre los Archivos Estatales ha informado de que trabajan ya en el Plan de Mejora 2024-2025, que incorporará nuevos conceptos en sus líneas de acción como la participación ciudadana, la igualdad y la inteligencia artificial. Asimismo, ha avanzado que continúa el trabajo del Archivo Histórico de los Movimientos Sociales, cuyo portal web estará disponible este año.
Igualdad, diversidad lingüística y vertebración territorial
Urtasun ha puesto de relevancia, asimismo, el derecho a la participación de la ciudadanía en la vida cultural, ámbito de los derechos culturales en el que cobran un sentido especial las cuestiones vinculadas a la igualdad de género, a la diversidad cultural y a las diferentes identidades. Para ello, se trabajará en la elaboración de un Plan de Igualdad para la Cultura y en la potenciación del Observatorio de Igualdad. En concreto, ha hecho mención a iniciativas en materia de igualdad y diversidad como la Herramienta de Autodiagnóstico MAV en los Museos Estatales, el portal ‘Archivos en femenino’, el portal web de la diversidad étnico-racial o la declaración de la Lengua de Signos como Manifestación Representativa del Patrimonio Inmaterial, siendo co-proponente el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
La protección de la pluralidad y diversidad lingüística ha sido otro de los retos señalados por el ministro. “El catalán, el gallego, el euskera y el castellano: la pluralidad lingüística de España es uno de nuestros grandes patrimonios compartidos. Y esa biodiversidad deber ser objeto de atención prioritaria. Jamás debemos percibir este patrimonio como algo irrelevante y mucho menos como una amenaza”, ha afirmado. Para ello, ha propuesto trabajar para acordar con las autoridades autonómicas una estrategia conjunta de soporte, difusión y proyección de la diversidad cultural y lingüística en España, reconociendo aquellas instituciones que de manera especial velan por el mantenimiento de esta expresión de riqueza. A este respecto, ha manifestado además la voluntad de “proteger dos lenguas minorizadas como son el aragonés y el asturiano”, para lo que plantea mantener una relación fluida con la Academia de la Llingua Asturiana y la Academia de la Lengua Aragonesa.
Asimismo, entendiendo la cultura como “un eje estratégico de vertebración territorial”, ha anunciado que en el marco de iniciativas del Plan de Derechos Culturales, se creará un nuevo programa de acción cultural en zonas desfavorecidas, al tiempo que se consolidará el programa Ecosistema Cultura Territorio, en colaboración con las comunidades autónomas, que nació en el marco de los fondos europeos Next Generation; se dará impulso a las medidas, programas y ayudas que inciden en la oferta cultural en todo el territorio y la circulación de contenidos y producciones, como el programa PLATEA en colaboración con la FEMP, el foro ‘Cultura y Ruralidades’ o las ayudas específicas para la promoción de la lectura en el ámbito rural.
El papel de la cultura ante el cambio climático y la paz
Finalmente, ha expuesto las líneas de acción que vinculan a la cultura con ámbitos como la educación o el cambio climático. Por un lado, ha mencionado un acuerdo de gobierno para la promoción entre los ámbitos institucionales de la cultura y la educación, para desarrollar estrategias y medidas recíprocas para ampliar la presencia del arte, la cultura y la creatividad tanto en la educación reglada como en la no formal; así como la relevancia de la Ley de Enseñanzas Artísticas, recientemente aprobada en el Consejo de Ministros. También ha señalado como hito la participación de España en la Conferencia de Educación y Cultura de la UNESCO, que tendrá lugar en febrero de 2024.
Asimismo, Urtasun, que participó en el diálogo ministerial de alto nivel sobre la Acción Climática basada en la Cultura, en el marco de la COP28, ha considerado que la crisis climática “exige transformaciones urgentes relativas a la sostenibilidad, la igualdad, los cuidados, la convivencia y el derecho al espacio público”. En este sentido, ha resaltado el ‘Libro verde para la gestión sostenible del patrimonio cultural’ y la aplicación de un protocolo de actuación para la valoración de la implantación de energías renovables en bienes con valores culturales. Además, ha anunciado que el Ministerio de Cultura impulsará la creación de la Bienal de Cultura y Futuro Climático, con el fin de dibujar una estrategia conjunta para la cultura en su relación con la emergencia climática y la crisis ecosocial.
Para cerrar su comparecencia, el ministro de Cultura ha reflexionado sobre la cultura de la paz como “una nueva dinámica de relación entre las sociedades y los pueblos”. Para Urtasun, “la cultura debe ser un instrumento de convivencia y de diálogo que refuta, activamente, la competencia y el conflicto”. Así, ha defendido que “nuestra tarea, también desde la cultura, es parar la injusticia de estas guerras y el asesinato masivo de tantas personas inocentes. Y eso nos obliga a trabajar en las condiciones para la paz del futuro”, ha declarado.
Por ello, entiende que “hacer diplomacia cultural en favor de los derechos humanos, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es hacerlo en favor de un mundo más justo”. Y al hilo del reciente encuentro con la directora general de la UNESCO para defender la candidatura de España a albergar Mondiacult en 2025, ha concluido que planteará la intención de impulsar desde España la proclamación de un nuevo Año Internacional de la Cultura de Paz.
