Una buena noticia, con muchos matices, y una mala en el estudio anual que realiza el Observatorio de la Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales, a través de la consultora GfK. Empecemos con la «buena»: el 87,48 % de todos los contenidos digitales consumidos en 2015 en España eran ilegales, es decir, los accesos a contenidos ilegales han descendido en 2015 un un 0,46 %, respecto al 87,98 % de contenidos digitales pirateados en 2014.
El descenso de un pírrico 0,46 % es una buena noticia porque en los últimos años la tónica general era que los niveles interanuales de piratería digital creciesen entre un 2 y un 5 %: «Es una pequeña luz al final del túnel», ha señalado Carlota Navarrete, directora de La Coalición de Creadores.
La mala noticia… todo lo demás, la piratería audiovisual sigue siendo un grave problema enquistado para las industrias culturales. Un problema que en opinión de La Coalición no se ataja por falta de acción administrativa «no se actúa con la prontitud ni determinación como ocurre en otros países de nuestro entorno, necesitamos medidas urgentes y que se apliquen las normas que se aprueban», ha comentado Navarrete. La máxima responsable de La Coalición ha puesto como ejemplo a Italia y Portugal, países con nueva legislación antipiratería mucho más efectiva que en España: «209 páginas en Portugal y más de un centenar en Italia han sido bloqueadas».
Los representantes de las industrias culturales españolas solicitan una verdadera política de Estado independientemente del partido que gobierne, para evitar que se reproduzcan actitudes como el hecho de que el 30 % de los usuarios perciban que no pasa nada si se piratea, mientras que hace un año ese porcentaje ‘solo’ alcanzaba el 19 %, «algo está fallando, el mensaje no está claro», apunta Navarrete, que además puso de manifiesto la ineficacia reiterada de la Comisión de la Propiedad Intelectual, encargada de poner freno a la piratería audiovisual. El pasado año se realizaron 27 denuncias contra webs con contenidos ilegales, 22 de estas denuncias procedían de la propia industria. Hasta la fecha 22 procedimientos no se han iniciado y solo un único expediente ha sido resuelto. A todas luces las medidas son insuficientes.
Por su parte, el Ministerio de Cultura señala en su defensa que el número de visitas que reciben las webs (índice Alexa), indican que antes de la entrada en funcionamiento de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) en marzo de 2012, entre las 250 webs más visitadas en España había casi 30 dedicadas a alojar contenidos ilegales o a proveer enlaces a dichos contenidos ilegales. A 17 de marzo de 2016 sólo hay 12 en ese ranking, y están en posiciones más bajas en cuanto al número de visitas, lo que contribuye a reducir y dispersar ese tráfico. Además, de las 12 web más visitadas en el Top 250 de Alexa, sólo 4 tienen vínculos identificados con España.
Seguimos con más cifras, de nuevo nada esperanzadoras, solo el 36 % de los accesos fueron a contenidos legales, un cuatro por ciento menos que el año anterior. Esto significa que el porcentaje de consumidores que accedió ilícitamente a contenidos en Internet subió hasta el 63 % desde el 58 % registrado en 2014. Un drama, seis de queda diez usuarios de Internet declaran que acceden a contenidos ilícitos.
En total, durante 2015 se accedió ilegalmente a 4.307 millones de contenidos digitales, con un valor de mercado de 24.058 millones de euros. El valor total del lucro cesante por la piratería (es decir, la cantidad que se ingresaría de aquellos contenidos que elegiría el usuario en caso de tener que pagar) fue de 1.669 millones de euros, y los accesos ilegales se repartieron del siguiente modo según contenido: películas (37 por ciento), series (30 por ciento), música (20 por ciento), videojuegos (14 por ciento), libros (15 por ciento), y fútbol (11 por ciento).
El cine sigue a la cabeza de la piratería audiovisual. En 2015 se accedió ilegalmente a 878 millones de películas en España (frente a las 877 millones de 2014), con un valor en el mercado de 6.907 millones de euros. La piratería en soporte físico pasó de 9 millones de productos en 2014 a los 10 millones del pasado año. El acceso ilegal se produce en el 36,3 % de los casos cuando la película está en los cines. El lucro cesante es de 402 millones de euros y en un panorama idílico sin piratería el mercado cinematográfico se multiplicaría por 1,8, es decir que el valor de la industria alcanzaría los 1.292 millones de euros, frente a los 721 millones de euros actuales. «Cualquier película que se estrena en salas de cine a las pocas horas están en 30 páginas ilegales en España. Procedimientos judiciales que duran más de seis años no ayudan a solucionar el problema», aseguró José Manuel Tourné, Director general de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Obra Audiovisual (FAP).
En el caso de las series, un 30 % de los usuarios accede ilegalmente a ellas, en 2015 se descargaron o se reprodujeron ilegalmente 955 millones de series (1.033 millones en 2014), lo que significa que el valor real de la industria actualmente es de 178 millones de euros. Los accesos a contenidos ilegales de series se producen en el 46,2 por ciento de los casos durante el periodo de emisión en televisión y con piratería cero, el valor de la industria crecería hasta de 364 millones de euros, sumando un lucro cesante de 186 millones, es decir,el mercado prácticamente se doblaría. «Solamente el 11 por ciento de los usuarios accede legalmente a series», recordó Tourné.
En el el fútbol, el valor actual de la industria se sitúa en torno a los 1.100 millones de euros y las emisiones ilegales de partidos de fútbol suponen actualmente 410 millones de euros, procedentes de las 141 millones de visualizaciones ilegales de partidos (139 millones en 2014). Eliminando la piratería, las emisiones de fútbol tendrían un valor industrial en España de 1.274 millones de euros, es decir recuperaría un 16 por ciento, sumando un lucro cesante de 174 millones de euros. Ignacio Martínez Trujillo, Director General Innovación y Desarrollo Global LaLiga (Liga de Fútbol Profesional), manifestó cierta satisfacción con los datos del estudio: «Estamos preocupados pero satisfechos porque al menos no se incrementado la piratería y eso que el estudio se realizó antes del cierre de la web Rojadirecta». Martínez Trujillo reconoció además que LaLiga está ahora mucho más preocupada por los descodificadores que permiten ver el fútbol de forma ilegal (Cardsharing), que por las propias visualizaciones en streaming en páginas webs.
Respecto a los videojuegos, durante 2015 se llevaron a cabo 225 millones de accesos ilegítimos a juegos (frente a los 240 millones del año 2014) y 3 millones más en soporte físico, con un valor de mercado de 5.710 millones de euros. El 14 por ciento de los jugadores accedió forma ilícita a videojuegos y en un escenario sin piratería se multiplicarían las ventas por 1,5. Es decir, el valor de la industria actual es de 497 millones de euros y se incrementaría hasta 728 millones si se suma el probable lucro cesante de 231 millones de euros.
El 62 % de los consumidores que acceden a contenidos ilegales lo justifican argumentando que “los contenidos originales son muy caros”. Además, entre los motivos expuestos destacan la “rapidez y facilidad de acceso” (55 %); “ya pago mi conexión a internet” (53 %); y “no pago por un contenido que posiblemente luego no me guste” (47 %). Es muy significativo el aumento de las justificaciones “no estoy haciendo daño a nadie” y “no hay consecuencias legales para el que piratea, ya que no pasa nada”, actitud que han adoptado en 2015 un 29 y 26 % de usuarios, respectivamente, frente a un 19 % en 2014. Estas motivaciones son expresadas tanto por consumidores de contenidos culturales y de entretenimiento como de retransmisiones de fútbol.
El 71 % de los usuarios que contratan internet tiene en cuenta principalmente que la velocidad de la conexión le permita acceder a contenidos con mayor rapidez. Un 56 % valora especialmente la oferta concentrada (packs de ADSL o fibra más contenidos) a la hora de elegir a la compañía con la que contratar internet. Respecto a la forma de acceso se constata un notable crecimiento del uso de buscadores para acceder a los contenidos ilegales, que pasa del 72 al 81 %, siendo Google el utilizado en nueve de cada diez accesos a contenidos piratas.
Más de un 74 % de las webs desde las que se accedió a contenidos ilegales están financiadas por publicidad (frente al 71 % en 2014). De dicha publicidad, casi el 75 % corresponde a sitios de apuestas y juego online (70 % en 2014), el 53 % a sitios de contactos (43 % en 2014) y más del 41 % a contenido para adultos (33 % en 2014).
Llama especialmente la atención que más de un tercio de la publicidad en sitios piratas corresponde a productos de consumo de marcas de prestigio de alimentación, moda, seguros, telefonía, etc. En este punto, el sector aboga por la autoregulación, es decir, alcanzar acuerdos con otros agentes implicados como anunciantes y medios de pago.
En cualquier caso, las fuentes de ingresos de estos sitios con enlaces ilegales son variadas, destacando especialmente que un 36,4 % de los consumidores tuvo que registrarse como usuario cediendo datos de carácter personal, que los piratas recopilan en bases de datos que se usan en campañas de emailing comercial y alcanzan precios muy elevados en el mercado.
Asimismo, los medios de pago juegan un papel importante en el funcionamiento de los sitios piratas, especialmente en los casos en que estos sitios comercializan cuentas premium, reciben donaciones o sistematizan el envío de mensajes de móvil al usuario registrado para informarle de la existencia de nuevos contenidos en la web. Los usuarios que han pagado alguna vez por el contenido que ha descargado de estas páginas alcanza el nueve por ciento (era el cinco por ciento en 2014).
La repercusión de la piratería en el empleo aporta cifras aún más preocupantes para los creadores y las industrias culturales y de contenidos. En un sector que emplea actualmente a 58.557 trabajadores directos, un escenario sin piratería permitiría crear 21.672 nuevos puestos de trabajo directos, lo que supondría un incremento del 37 %, y unos cien mil empleos indirectos.
Según el estudio de GfK, las arcas públicas dejaron de recibir por culpa de la piratería 337 millones de euros en concepto de IVA, así como 162 millones en cotizaciones a la Seguridad Social y casi 48 millones de euros en IRPF. Es decir, el Estado dejó de ingresar en 2015 un total de 547 millones de euros a causa de los accesos ilegales a contenidos. Más datos del Observatorio de piratería aquí.
