La piratería digital ha experimentado en España por segundo año consecutivo un descenso en cifras absolutas. Este descenso demuestra lo que viene constatándose desde hace años, y es que la tendencia ha cambiado, tal y como se demuestra últimamente con los datos de Alexa – página web de medición de audiencias- y se recoge en las estimaciones del Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2017 presentado en la Secretaría de Estado de Cultura en el que ha participado el director general de Industrias Culturales y del Libro, Óscar Sáenz de Santa María.
Sáenz de Santa María ha informado que de los datos de visitas a las 250 webs más visitadas en España, recogido en el ranking de Alexa –web de medición de visitas-, se desprende que la piratería estaría en España en descenso. Así, entre el 1 de enero de 2017 y el 1 de marzo de 2018, en este ranking se observa que se ha pasado de tener 19 páginas piratas entre las 250 webs más visitadas en 2017, a 10 páginas en 2018 y sólo una parece tener vínculos identificados con España.
Así, en 2017 hubo 4.005 millones de accesos digitales ilegales a contenidos por valor de 21.899 millones de euros, lo que representa una disminución del 6 por ciento respecto a 2016, y una disminución acumulada del 9 por ciento respecto a 2015. Creció un 4,1 por ciento el lucro cesante para el sector, que llegó a 1.857 millones. Estos son algunos de los principales datos que recoge el Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2017, elaborado por la consultora independiente GfK y presentado este viernes por la Coalición de creadores e industrias de contenidos y LaLiga.
Carlota Navarrete, directora de la Coalición, explicó: “Parece que la tendencia iniciada en 2016 se afianza, y aunque lejos aún de los índices de bloqueos de páginas piratas de países como Portugal (con más de 800) o Italia (450) consideramos que los datos apuntan a que el camino emprendido es el correcto y que nuestra demanda de reforzar y agilizar la aplicación de las medidas legislativas e incrementar la dotación de recursos técnicos y humanos de la administración a la vez que se desarrollan campañas de concienciación es claramente acertada”.
El 51 por ciento de los consumidores que acceden a contenidos ilegales lo justifican argumentando que “los contenidos originales son muy caros”, que piratean por “rapidez y facilidad de acceso” (43 %) o diciendo “ya pago mi conexión a Internet” (50 %). Todos estos porcentajes son superiores a los recogidos en 2016. También aumenta el peso de las justificaciones “no estoy haciendo daño a nadie” y “no hay consecuencias legales para el que piratea, ya que no pasa nada”, que este año llegan hasta el 25 % en ambos casos.
Además, el 15 por ciento de los consumidores reconoce tener grandes dificultades para diferenciar las páginas legales de las que no lo son, y otro 44 por ciento sólo diferenciarlas “a veces”. El porcentaje de usuarios que valora especialmente la oferta concentrada (packs de ADSL o fibra más contenidos) a la hora de elegir a la compañía con la que contratar internet ha aumentado hasta el 56 por ciento desde el 51 % registrado en 2016.
Respecto a la forma de acceso se mantiene el peso de los buscadores como principal vía de acceso a los contenidos ilegales, con un 75 por ciento, siendo Google el utilizado en nueve de cada diez accesos a contenidos piratas. Respecto a las redes sociales, es Facebook la más utilizada (83 %), por lo que es más valioso el hecho de que Facebook esté ya alcanzando acuerdos con las industrias para regularizar el acceso a los contenidos.
El porcentaje de webs desde las que se accedió a contenidos ilegales que están financiadas por publicidad ha aumentado hasta el 95 por ciento (fue del 67 por ciento en 2016). De toda esa publicidad, el 68 por ciento corresponde a sitios de apuestas y juego online, el 58 por ciento a sitios de contactos y más del 55 por ciento a contenido para adultos. Por otra parte, más de un 26 por ciento corresponde a productos de consumo de marcas de prestigio (37,6 % en 2016), lo que confirma la urgente necesidad de un marco de mayor colaboración entre industria y anunciantes para mejorar el ecosistema de la publicidad online.
Las fuentes de ingresos de estos sitios son variadas, destacando especialmente que ocho de cada diez consumidores (81 %) tuvo que registrarse como usuario cediendo datos de carácter personal, y alcanza el 8 por ciento el grupo de usuarios que han pagado alguna vez por el contenido que han descargado de estas páginas. Los consumidores que, de no poder acceder al contenido de esta forma, estarían más dispuestos a pagar por evitar la publicidad son los de libros (43 %) y videojuegos y películas (39 %), y los que estarían menos dispuestos a pagar son los de series (37%), música (35 %) y fútbol (34 %).
El porcentaje de consumidores que recuerda campañas contra la piratería, ya dos de cada diez, ha aumentado respecto al año pasado, lo que es un dato muy positivo que confirma que la Administración debe seguir insistiendo en esa línea. En cualquier caso, la práctica totalidad de los internautas conoce la existencia y oferta legal de contenidos mediante plataformas de suscripción u otras modalidades como como Netflix (91 %), Spotify (81 %), Movistar+ (80 %) o HBO (68 %), lo que invalida las justificaciones de los usuarios piratas que decían hacerlo por la ausencia de oferta legal accesible a precios asequibles.
La repercusión de la piratería en el empleo aporta cifras preocupantes para los creadores y las industrias culturales y de contenidos. Este mercado emplea actualmente a 69.861 trabajadores directos, de un total de 99.095 profesionales que emplea la totalidad del sector cultural digital según datos del Gobierno. Un escenario sin piratería permitiría crear 20.375 nuevos puestos de trabajo directos, lo que supondría un incremento del 29 % y 122.250 empleos indirectos más.
Por otra parte, las arcas públicas tendrían unos ingresos potenciales de casi 372 millones de euros en concepto de IVA, así como casi 157 millones en cotizaciones a la Seguridad Social y más de 46 millones de euros en IRPF. Es decir, el Estado podría haber ingresado en 2017 un total de 575 millones de euros en ausencia de accesos ilegales a contenidos, lo que suma un acumulado desde 2012 de 3.347 millones de euros.
Entre las campañas de sensibilización y otras actuaciones promovidas por la Secretaría de Estado de Cultura cabe destacar:
La campaña de sensibilización “No piratees tu futuro”, puesta en marcha en octubre de 2017. Cuenta con spots, cuñas de radio y material gráfico en los medios de comunicación contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual y en la que están colaborando de forma desinteresada y voluntaria LaLiga, Mediapro, Disney Channel, RTVE, ADIF, Atresmedia, FECE, Telefónica-Movistar, Vodafone, la Federación de Gremios de Editores de España, DigitalES, KissFm, Google y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, entre otros.
El Acuerdo de colaboración con el Ministerio del Interior para impulsar acciones de protección de la Propiedad Intelectual, firmado el 19 de julio de 2017, que prevé un Plan de sensibilización dirigido a los escolares sobre la necesidad de respetar la propiedad intelectual en el entorno de las nuevas tecnologías. En 2018 se prevé desarrollar las primeras jornadas en centros escolares.
La elaboración de un borrador de Código de Conducta Voluntario, por las Secretarías de Estado de Cultura y de Agenda Digital, ya trasladado a los titulares de derechos, operadores de Internet y publicistas. Con él se pretende impulsar la colaboración voluntaria de estos agentes contra los servicios de la sociedad de la información vulneradores de derechos de propiedad intelectual. Actualmente la Secretaría de Estado de Cultura está recibiendo aportaciones y valoraciones del sector privado involucrado.
Un nuevo Convenio con LaLiga, firmado el pasado 20 de marzo, con el que se pone en marcha una nueva campaña para la sensibilización social en defensa de la propiedad intelectual y en la lucha contra la piratería en sus diferentes vertientes. Financiada por La Liga, producirá anuncios de servicio público de difusión gratuita a través de las redes sociales, webs u otros soportes o medios de comunicación que pertenezcan a la entidad.
Asimismo, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ha sido reforzada con nuevos efectivos, equipos informáticos y software especializado lo que ha permitido una reducción en tiempos de tramitación de más del 60 por ciento con respecto a 2017. Como consecuencia de las medidas adoptadas, España ya no es mencionada a nivel internacional cuando se enumeran países en los que la piratería tiene un nivel especialmente significativo.
Desde su creación la Sección Segunda ha logrado 37 bloqueos de nombres de dominio web, autorizados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Audiencia Nacional), a petición de la Sección Segunda;
-La retirada voluntaria de contenidos ilegales por más de 338 webs vulneradoras, el 95 por ciento de las webs que han sido notificadas por esta sección, además de del cese de actividad de hasta 88 dominios web. Todo ello significa de manera estimativa que varios millones de accesos a contenidos culturales ofrecidos de forma ilícita han sido impedidos, bloqueados o eliminados de la Red.
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO SOBRE PIRATERÍA EN ESPAÑA EN 2017
