Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de madrileña de Daganzo de Arriba a dos personas dedicadas, presuntamente, a la venta de decodificadores manipulados ilegalmente para acceder de forma gratuita a multitud de canales de televisión de pago. Los arrestados publicaban sus servicios a través de múltiples páginas web en las que se anunciaban como servicio oficial de plataformas rumanas.
Las investigaciones se iniciaron a finales de 2019 cuando la Liga de Fútbol Profesional, como propietaria de los derechos de comercialización de los Campeonatos de Liga de Primera y Segunda División, presentó una denuncia por la venta de decodificadores ilegalmente modificados para poder acceder de forma gratuita al contenido de plataformas de televisión de pago. En ellos se podía visionar, entre otros contenidos, los partidos de fútbol que comercializa el denunciante.
Una de las modalidades delictivas que utilizaba el principal investigado se denomina cardsharing, un método por el cual los receptores independientes obtienen acceso simultáneo a una red de televisión de pago a través de una tarjeta de abonado legítima. Esa tarjeta legítima está adjunta a un ordenador personal o dreambox con conexión a internet, configurado para facilitar la palabra de control descifrada (las claves) a los decodificadores manipulados que la soliciten. De esa manera se decodificaba el servicio de televisión codificado de acceso condicional sin necesidad de estar abonados al mismo, como si cada decodificador tuviese su propia tarjeta de abonado legítima.
Dentro de esta red de difusión ilícita de televisión hay varios participantes. En primer lugar está la persona que tiene un acceso lícito a la señal de televisión como abonado a la plataforma, a quien se le denomina como server, y su labor es distribuir de forma ilícita y sin autorización de los legítimos propietarios la señal de televisión ya decodificada, comunicando de manera pública un contenido audiovisual protegido y vulnerando los derechos de propiedad intelectual. A cambio de estos servicios, los servers exigen el pago de una cantidad económica.
Por otro lado estarían los usuarios abonados a esta red delictiva que, para visualizar el contenido de la televisión de pago, no necesitan estar abonados a la plataforma correspondiente. Únicamente necesitaban contar con una antena parabólica por la que recibir la señal del satélite, un decodificador libre configurado de manera ilícita para permitir la visualización de contenidos de pago y, por último, conexión a Internet mediante la cual los decodificadores reciben las claves para decodificar la señal de pago que reciben del satélite, supliendo de esa manera la necesidad de una tarjeta de abonado.
Los servers estarían por tanto cometiendo dos delitos, uno contra los servicios de radiodifusión televisiva de carácter condicional y otro contra la propiedad intelectual, y obtienen un beneficio económico de los usuarios que utilizan su red ilegal.
Una actividad extendida a pesar de estar penada por el Código Penal
El cardsharing, a la vista de la cantidad de anuncios que se pueden encontrar en Internet, es una actividad bastante extendida entre la población y sobre la que no existe la percepción de que sea delictiva. Sin embargo, tras la última modificación del Código Penal, es una actividad que está penada expresamente y que se castiga con hasta dos años de cárcel y con una multa de hasta 300.000 euros.
En este caso, los detenidos habían creado varias páginas web en las que publicitaban sus servicios y se anunciaban como proveedor oficial en España de los principales operadores de televisión rumanos, operadores que no tienen licencia ni operan en España. Asimismo, también publicitaban sus servicios en portales de compraventa en internet, en los que también se atribuían la condición de distribuidores oficiales.
Se da la particularidad de que, como medida de precaución, los detenidos únicamente atendían peticiones de ciudadanos rumanos, y realizaban las entregas preferiblemente en mano, aunque en caso de que no fuese posible también realizaban envíos a las principales ciudades.
Además de vender estos decodificadores modificados, los detenidos también vendían líneas IPTV, las cuales permiten visualizar, de forma ilícita, los contenidos televisivos a través de internet, sin necesidad de un aparato decodificador ni de antena parabólica, aunque el grueso de sus clientes eran los que adquirían los decodificadores.
El precio que cobraba el detenido por sus decodificadores estaba en torno a los 50 euros, ya que el modelo de decodificador que vendía proporcionaba el acceso a redes con servidores privados dedicados, más estables que los servidores gratuitos, ofertando también la posibilidad de adquirir solo las líneas ccam (códigos necesarios para descodificar la señal). En el caso de que sus clientes adquiriesen el decodificador, además de cobrarle el precio del aparato, posteriormente les cobraba también una mensualidad en concepto de mantenimiento de las líneas.
Como medida de seguridad adicional, los detenidos preferían que el pago de los aparatos decodificadores se hiciese en mano en el momento de entregar el mismo, aunque también utilizaban cuentas bancarias para que se les realizasen los ingresos mensuales por parte de sus clientes.
El beneficio económico obtenido, según la investigación, ascendería a más de 100.000 euros anuales, por lo que las ganancias totales obtenidas en los tres años que ha estado realizando su actividad ilícita serían de unos 320.000 euros.
Tras varias gestiones, los agentes identificaron y localizaron a las personas que vendían estos decodificadores manipulados ilícitamente, resultando ser un matrimonio que residían en la localidad madrileña de Daganzo de Arriba.
A la vista de las evidencias obtenidas y con el objetivo de detener la actividad ilícita e incautar las evidencias del delito, se solicitó al Juzgado de Instrucción número 1 de Torrejón de Ardoz la realización de una entrada y registro en el domicilio de los investigados, el cual fue autorizado.
Finalmente, los agentes arrestaron a los dos investigados como presuntos delitos de estafa, contra los servicios de radiodifusión televisiva de carácter condicional y contra la propiedad intelectual. En el registro fueron intervenidos casi 200 decodificadores, 2.400 euros en efectivo así como dos teléfonos móviles y una tablet que los detenidos utilizaban para publicitar sus servicios y mantener un registro de sus clientes. También se detectó y desarticuló el taller que tenían en su domicilio para manipular de forma ilícita los decodificadores, interviniendo los pendrive donde almacenaban las listas que cargaban en los mismos.
