La Policía Nacional ha liderado un equipo de investigación formado por cuerpos policiales de España, Reino Unido y Dinamarca, además de Europol, dirigido contra la distribución de señal ilícita a través de IPTV. Como resultado, se ha llevado a cabo la mayor operación realizada hasta la fecha a nivel europeo contra este delito y se ha puesto fin a una infraestructura tecnológica internacional muy compleja compuesta por once “granjas” de servidores distribuidas por todo el mundo, algunas de ellas con más de 44 servidores.
La investigación se inició a finales de 2015, tras la denuncia presentada por la Premier League por un presunto delito contra la propiedad intelectual llevado a cabo por una web radicada en Málaga, ofreciendo suscripciones de IPTV con acceso a multitud de canales internacionales de acceso condicional. Tras la denuncia, los agentes de la Policía Nacional constataron la gran envergadura de la ilícita actividad al comercializar, presuntamente, servicios de abono a suscripciones de IPTV que permitían el acceso al visionado de más de 800 canales televisivos, a un repositorio de obras audiovisuales protegidas y a un listado de emisoras de radios extranjeras.
Además se comprobó la existencia de una decena de suscripciones categorizadas principalmente por el país de origen de los canales, lo que implicaba que la infraestructura necesaria para la interceptación y distribución debía de ser de especial relevancia. El precio de las suscripciones variaba no solo por el tipo de suscripción, sino por el tiempo de abono a la misma y oscilaba de los 40 euros mensuales a los 460.
Los agentes también se percataron de que a la página web denunciada había asociados varios perfiles en redes sociales, promocionando sus servicios para obtener mayor clientela. Además, la investigación permitió averiguar que no solo se estaba cometiendo el delito a través de la página denunciada, sino que existía cerca de una veintena de ellas. A pesar de que las titulares del negocio eran sociedades españolas, el pago de las suscripciones se tenía que hacer a una sociedad gibraltareña.
Fruto de las pesquisas policiales y del avance de la investigación, se comprobó que detrás de los hechos había un entramado societario y de páginas web coordinado por una organización criminal especializada de carácter internacional con ramificaciones en España, Dinamarca, Reino Unido, Letonia, Países Bajos y Chipre.
La estrategia utilizada por los investigados consistía en utilizar multitud de servidores e ir cambiándolos periódicamente, creando paulatinamente nuevas páginas web hasta constituir un entramado que, en principio, no tenía relación. De esta forma pretendían no ser detectados por la Policía Nacional y seguir lucrándose del delito.
Tras una investigación pormenorizada, los policías descubrieron un nexo de unión entre las sociedades titulares y las cuentas bancarias beneficiarias de las suscripciones, siempre pertenecientes a los integrantes de la organización.
La investigación constató que, para dificultar el rastro, cada vez mostraban menos el contenido ofrecido y que, además, estaban contratando sistemas de anonimización. Habían evolucionado tecnológicamente de manera que les estaba permitiendo aumentar el volumen de clientela, dado que ofrecían diversas formas de acceso al visionado de canales cada vez más innovadoras. Se ha identificado subscriptores en más de treinta países.
Para dar apariencia de legalidad al negocio ilícito y blanquear los beneficios, creaban empresas con actividad lícita y con un objeto social relacionado con la provisión de servicios de telecomunicaciones, internet y hardware. Por un lado poseían la infraestructura técnica y tecnológica necesaria para poder llevar a cabo su negocio lícito (operadores de fibra) y también el negocio ilícito (las suscripciones ilegales de IPTV) y, por otro, la circunstancia de que eran operadores autorizados para fibra les servía de argumento para que los clientes creyesen que también lo eran para la distribución de canales extranjeros.
Así conseguían mezclar los ingresos procedentes de las suscripciones con los procedentes de la actividad legal para evitar su rastreo. De forma paralela al entramado de las páginas web, también se ha identificado otro de sociedades creadas con la finalidad de diversificar la responsabilidad y beneficios del delito.
Dado que se trataba de un entramado de carácter internacional, los investigados necesitaban mantener un control efectivo por lo que contaban con socios o personal de confianza ubicados en Dinamarca, país donde encontraba la otra rama más relevante de la actividad. Concretamente, se ha comprobado que la ramificación danesa se dedicada principalmente al apoyo técnico y tecnológico del delito, ya que las buenas condiciones de banda ancha del lugar permitía que desde allí se procediese a la interceptación ilícita de determinados canales televisivos y, por ende, a la captación de nuevos clientes.
Tras analizar todos los datos recopilados, se llevó a cabo una operación policial internacional entre España, Dinamarca y Reino Unido relativa a un delito contra la propiedad intelectual. Esta operación fue dirigida por España en el marco del Equipo Conjunto de Investigación y, además, se contó con la participación muy activa de Países Bajos como consecuencia de una Comisión Rogatoria Internacional,
Durante el operativo se realizaron 14 registros simultáneos: ocho en España (provincias de Málaga, Madrid y Alicante), cuatro en Dinamarca y dos en Reino Unido. Durante la práctica de los mismos se pudo acceder a información muy relevante y que confirmaba lo sospechado por los investigadores. De hecho, durante el operativo se procedió a la desconexión de 66 servidores que en esos momentos estaban siendo utilizados para la comisión del delito y se detectó e identificó al resto de servidores que formaban parte de una red de ordenadores conectados a nivel internacional. Por los datos que se tienen hasta el momento, se sabe que forman una red de 11 “granjas” de servidores, sin poder determinar el número de servidores que compone cada una de ellas.
El dispositivo finalizó con la detención de cinco personas y la toma de declaración como testigos de otras diez. Los tres detenidos en España, una vez puestos a disposición del Juzgado, ingresaron en prisión.
Una de las principales características de este ciberdelito es la alta rentabilidad. En el caso de esta operación se ha calculado que desde el inicio de la actividad habrían obtenido un beneficio económico de unos 8 millones de euros. Además, desde el año 2013 han estado desviando más de 1.600.000 euros a sociedades ubicadas en el extranjero.
Los arrestados residían en urbanizaciones de lujo de la costa malagueña, usando vehículos de alta gama que continuamente iban renovando. De hecho, en el operativo se intervinieron 12 vehículos de alta gama, además de bloquear cuentas bancarias y bienes inmuebles.
