La llegada de las plataformas y su política empresarial basada en acaparar las IP’s de las producciones en las que participan ha puesto al filo del abismo a la figura del productor independiente. «Una problemática que hace diez años no existía o al menos en la dimensión actual», comentó el moderador de la mesa redonda de Iberseries y Platino Industria: «Hacia una definición de Productor Independiente y Película Nacional» , el argentino Ignacio Rey, Presidente de FIPCA.
En el encuentro para reflexionar sobre esta situación, auspiciado por el European Producers Club (EPC) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA), participaron Mariela Besuievski, productora de Tornasol Films y vocal de AECINE; Álvaro Longoria, productor de Morena Films y vicepresidente del Club de Productores Europeos; Mónica Lozano, CEO de Alebrije Cine y Vídeo (México); Diego Ramírez, CEO Producer, 64A Films (Colombia) y Christian Michel Salazar, Coordinador de la unidad jurídica y de proyectos legales de la Secretaria Ejecutiva de la CACI (Perú).
El objetivo de la sesión, aunque en realidades tan distantes como la europea y latinoamericana, era encontrar lugares comunes y herramientas que permitan a los productores independientes mejorar las condiciones de negociación con las plataformas para que los derechos de las producciones o al menos una parte de ellos sigan siendo propiedad de los productores y no únicamente queden en manos de los operadores.
Para Álvaro Longoria el desencadenante del conflicto es el choque de dos modelos de negocio, el norteamericano y el europeo. «Ahora las plataformas quieren aplicar el modelo americano a Europa: yo te contrato y la IP es mía. Sin embargo, este modelo pone en peligro a la producción independiente europea», explica el cofundador de Morena Films, que también defiende la protección del productor independiente como la mejor manera de proteger toda la cadena de valor del audiovisual y la diversidad cultural de Europa, mientras critica que cada vez haya menos productoras realmente independientes porque los operadores entran en sus accionariados.
La situación es diferente al otro lado del Atlántico, donde no están tan preocupados por el accionariado de las empresas e incluso en ocasiones se entiende la producción independiente como «una producción pobre», aquella que no recibe apoyo público o la referente a contenidos realizados en lenguas indígenas o que cuentan historias de la cultura autóctona, es decir, las denominadas «producciones no hegemónicas».
«En Latinoamérica la industria audiovisual está en diferentes estados de desarrollo, hay mucha asimetría entre los diferentes territorios y es una industria muy heterogénea. Ahora estamos ante una oportunidad única para actualizar los marcos normativos», apunta Christian Michel Salazar.
Mónica Lozano contó que en México se está trabajando para tratar de poner en marcha una nueva ley audiovisual que tenga en cuenta estos nuevos modelos de negocio, porque en la actualidad no existen mecanismos de ayuda a la cinematografía, ya que fueron eliminados. Sin embargo, su supresión fue declarada inconstitucional y la Administración está obligada a restituir estos apoyos. Ahora, los productores mexicanos están luchando por definir lo que es realmente un «productor nacional independiente», con el objetivo de que éstos sean los únicos que puedan acceder a las ayudas públicas, aunque la invocación institucional al libre comercio y la influencia de Estados Unidos ha aplazado la aprobación de la nueva norma. «Ahora mismo hay muchas empresas mexicanas y estadounidenses que podrían ser consideradas productoras independientes, no hay distinción», declaró Lozano.
En este sentido, la CEO de Alebrije cree que es urgente contar con una definición global de lo que es un productor independiente que permita sacar adelante nuevas propuestas legislativas. Mariela Besuievski también es de la opinión de que urge esa definición global porque es la clave para proteger el patrimonio cultural de los diferentes países: «los contenidos audiovisuales definen un país», afirmó la productora uruguaya de Tornasol. Tampoco existe una definición institucional de lo que es un productor independiente en Colombia, según Diego Ramírez, lo que pone de manifiesto una vez más las realidades diferentes en el continente americano.
Para intentar controlar la situación, Longoria ve necesario que las Administraciones apoyen la fase de desarrollo de los contenidos audiovisuales y protejan los fondos públicos para que siempre sean canalizados a través de los productores independientes. El productor y director de Morena Films incide de nuevo en que la mejor manera de proteger a toda la cadena de valor es cuidar la figura del productor independiente. Una medida que hoy puede parecer una quimera, pero que a juicio del director de ‘The Propaganda Game’ solventaría la situación sería convertir a los productores en creadores de la obra audiovisual, como los son los directores, guionistas o músicos. «Si somos creadores estamos protegidos. Yo me siento creador de todas las obras que produzco», concluyó Longoria.
Aunque la heterogeneidad de Latinoamérica es más que palmaria, tampoco se puede decir que haya unidad de acción en Europa, porque cada país cuenta con una legislación propia que pone el peso en un lugar u otro. Mientras que en Francia hay un apoyo incondicional a la producción independiente, en España, por ejemplo, también existe una corriente lícita y lucrativa que pone el acento en la atracción de rodajes de producciones extranjeras, lo que convierte a los productoras locales en meras empresas de service, unos trabajos que la empresas consideran también muy necesarios e interesantes para el propio desarrollo de la industria.
El caso de España también es un tanto especial en otras facetas, porque en un futuro próximo pueden llegar a convivir dos definiciones de lo que es un productor independiente. El 26 de mayo de 2022 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, para transponer una la directiva europea. La nueva normativa incluía una polémica modificación de última hora sobre la definición de producción independiente:
1.” Se considera productor independiente a efectos de este capítulo a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual obligado a cumplir con lo establecido en los artículos 115 a 117 y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de UN (cambiado por DICHO) prestador del servicio de comunicación audiovisual”.
Los representantes de la producción independiente española señalan que, a pesar de que literalmente pueda parecer mínimo el cambio introducido, lo cierto es que modifica la obligación general de no vinculación con un prestador, al limitar dicha obligación de no vinculación, exclusivamente, respecto del prestador con el que se contrata, lo que permite que las productoras dependientes de televisiones y plataformas puedan considerarse independientes solo contratando de forma cruzada con otros prestadores del servicio de comunicación audiovisual. Los productores denunciaron que esta modificación impulsaba claramente la concentración inmediata de la industria, en el duopolio televisivo actual y en el medio plazo en las grandes plataformas internacionales. Así, los productores señalan que los grandes operadores como Atresmedia, Netflix o Mediaset España podrán presentarse directamente a las convocatorias de ayudas como si fueran productoras independientes como Morena Films o La Canica y podrán utilizar sus propias productoras participadas para cumplir con la obligatoriedad de invertir el cinco por ciento de de su facturación en obra europea.
En el otro extremo, a finales del año pasado, el Consejo de Ministros acordó remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, por el procedimiento de urgencia, pero el adelanto electoral paralizó su tramitación. En esta ocasión las autoridades sí escucharon la opinión de la industria.
Si el texto no cambia como ocurrió con la Ley General de Comunicación Audiovisual, el proyecto de la tan ansiada nueva Ley del Cine mantiene la definición de productora independiente reclamada por el sector. La definición aplicaba a las medidas de fomento del audiovisual que recoge el texto, que asimismo hacía hincapié en que la dotación de las convocatorias de ayudas se destinará mayoritariamente a productoras independientes, y no a las obligaciones recogidas en la Ley de Comunicación Audiovisual. De momento, todo está en el aire.
