Los productores independientes no se fían de la Administración y no es para menos después del varapalo sufrido con la Ley General de Comunicación Audiovisual que, para su sorpresa, fue enmendada poco antes de su aprobación en el Congreso.
Con multitud de frentes abiertos y no menos interlocutores en las diferentes negociaciones con Cultura, Economía, Hacienda…, los productores independientes agrupados en PAP, a través de las asociaciones, AECine, DIBOOS, MAPA, PIAF, PROA y Profilm, han convocado a un grupo de medios, entre los que ha estado Audiovisual451, para mostrar de nuevo su preocupación e inquietud en un año clave para el cine español a nivel normativo, a la vez que espectacular desde el punto creativo.
Básicamente los productores buscan ahora que la nueva Ley del Cine y la Cultura Audiovisual reconduzca la situación, en la medida de lo posible, con una nueva definición de «productor independiente», que blinde su figura frente a operadores de televisión y plataformas.
Pero potenciar y proteger la figura del productor independiente no es su único objetivo en los próximos meses, otras batallas en las que están inmersas actualmente las asociaciones pasan por lograr que los productores conserven los derechos de propiedad intelectual de las obras que producen, que el ICAA se convierta en una Agencia estatal donde el sector privado tenga mayor protagonismo y conseguir una mayor seguridad jurídica y fiscal duradera en el tiempo, independientemente del partido que este gobernando en ese momento.
Nueva definición de productor independiente
El 26 de mayo pasado el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. El Partido Socialista se quedó muy solo, apenas contó con el apoyo del PNV, ni siquiera sus socios de Gobierno de Podemos dieron el sí, y la normativa salió adelante por la abstención del Partido Popular. La Ley logró 130 votos a favor, 83 noes y se abstuvieron 131 diputados, entre ellos los más de 30 de la formación de izquierdas que lidera Ione Belarra.
Se trataba de la primera ocasión en la legislatura en que Podemos rompía su compromiso de voto en el Gobierno y la razón esgrimida por la formación morada es que la Ley General de Comunicación Audiovisual votada el 26 de mayo en el Congreso no era la que salió del Congreso de Ministros, puesto que unos días antes de su refrendo en sesión plenaria, el PSOE introdujo de manera unilateral una modificación en el artículo 110.1, que básicamente convierte en «productores independientes» a televisiones y plataformas, lo que podría dar lugar a situaciones tan aberrantes como que pudieran acceder a ayudas públicas.
La enmienda técnica de la discordia introducida por el PSOE en la redacción de la definición de productor independiente en la Ley General de Comunicación Audiovisual modificando el art. 110.1 es la siguiente:
1.” Se considera productor independiente a efectos de este capítulo a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual obligado a cumplir con lo establecido en los artículos 115 a 117 y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de UN (cambiado por DICHO) prestador del servicio de comunicación audiovisual”.
Los representantes de la producción independiente señalan que este mínimo cambio introducido modifica la obligación general de no vinculación con un prestador, al limitar dicha obligación de no vinculación, exclusivamente, respecto del prestador con el que se contrata, lo que permite que las productoras dependientes de televisiones y plataformas puedan considerarse independientes solo contratando de forma cruzada con otros prestadores del servicio de comunicación audiovisual. «Los productores independientes nos hemos convertido en el eslabón más débil de la cadena», ha apuntado Álvaro Alonso de la federación de asociaciones de productores, MAPA.
Ahora, los productores tienen el compromiso del Ministro de Cultura, Miquel Iceta, de cambiar la definición de «productor independiente» en la nueva Ley del Cine que todavía está en plena redacción. Las diferentes asociaciones de producción han realizado sus alegaciones a un primer borrador de este texto y están a la espera del nuevo borrador con las pertinentes correcciones. En principio son optimistas, pero siguen con la mosca detrás de la oreja y más con un año electoral a lo vuelta de la esquina que puede ser la excusa perfecta para aparcar de nuevo la Ley.
«2022 está siendo un año increíblemente bueno para el cine español. En el último fin de semana había seis películas españolas entre las diez más taquilleras y aunque las cifras de taquilla no son como las de antes, casi la mitad de la recaudación correspondía a películas españolas. No solo hacemos un cine diverso, sino que es un cine que conecta con el público, sin embargo a la Administración le cuesta poner en valor al productor independiente, que es precisamente quien garantiza esta diversidad», ha comentado la productora María Zamora (Elástica Films), que participaba en el encuentro con la prensa celebrado en Madrid en representación de AECine, la Asociación Estatal de Cine.
La recuperación de las IPs
Tan importante como la nueva definición de productor independiente es a su juicio la pérdida generalizada de los derechos de propiedad intelectual e industrial de las obras audiovisuales. «Si no tenemos al menos parte de las IPs no seremos productores, seremos empresas de servicios. Estamos negociando con los ministerios de Economía y Cultura este asunto», ha confesado Antonio Mansilla, presidente de PIAF, la Federación de Productores Audiovisuales Independientes .
El sector de animación también está preocupado por la pérdida de la propiedad industrial de las producciones. «Poseer las IPs de las obras nos permite crecer como empresas de manera orgánica. Creo que el hecho de que la propiedad industrial esté en manos de los productores independientes debería ser una cuestión de estado», ha manifestado Nico Matji, presidente de Diboos, la federación de productores de animación. Sin embargo, los productores son conscientes de las dificultades que entraña cambiar la Ley de Propiedad Intelectual.
Para Álvaro Alonso la nueva Ley de Cine y la Cultura Audiovisual, porque incluirá por primera vez las series y otros formatos audiovisuales, debe ser una oportunidad para alcanzar otros objetivos como por ejemplo que el ICAA se convierta en una Agencia estatal «capaz de adaptarse mejor a los nuevos tiempos y donde la presencia del sector privado sea más relevante».
Seguridad jurídica
Otro de los frentes abiertos de los productores tiene que ver con la seguridad jurídica, fiscal e institucional. Si la nueva definición de productor independiente sale adelante, en el marco normativo español referido al audiovisual convivirán dos definiciones diferentes de esta figura, la de la Ley General de Comunicación Audiovisual y la de la Ley del Cine y la Cultura Audiovisual.
Por su parte, Fernando Victoria de Lecea, presidente de Profilm, la Asociación de Productoras de audiovisual Internacional, reclama que los criterios fiscales no cambien constantemente generando una gran inseguridad jurídica que espanta a los inversores. Como ejemplo, una consulta a la Dirección General de Tributos puede causar un verdadero terremoto en la normativa de incentivos fiscales para la producción audiovisual. Precisamente, el sector está negociando con Hacienda para reforzar la seguridad jurídica en los contratos de financiación, la alternativa a las Agrupaciones de Interés Económico.
«Hay dos certezas, que el audiovisual no es una industria y que debería ser una cuestión de estado», ha dicho Victoria de Lecea, que también ha denunciado lo obsoleto del sistema administrativo que rige actualmente el audiovisual, con prácticas y modelos contables de los años 70.
Y ese no es es su único problema, «el sistema está tan colapsado que hay líneas de ayudas del ICAA que no han salido adelante por no contar con suficiente personal cualificado», ha concluido Zamora, que se ha quejado además de la elevada cifra de interlocutores públicos a los que tienen que dirigirse y de los cambios continuos en los cargos públicos, lo que ralentiza todos los procesos. También ha participado en el encuentro con la prensa Albert Solé, presidente de ProDocs, en representación de PROA, que se ha encargado de contextualizar la situación.
