Alberto Malo, abogado del departamento de Medios y Nuevas Tecnologías de Auren, analiza en el siguiente artículo el futuro postelectoral de asuntos como la propiedad intelectual, los derechos de autor, la ciberseguridad o la normativa sobre mecenazgo, entre otros:
Tras la celebración de las recientes Elecciones Generales y Municipales en España, resulta ahora necesario analizar cuál va a ser el futuro de la Propiedad Intelectual teniendo en cuenta los resultados electorales.
Existe la posibilidad de un cambio de dirección en las políticas que se venían llevando a cabo bajo en la legislatura anterior, así como del Gobierno socialista surgido tras la moción de censura del pasado mes de junio de 2018. En este sentido, cabe preguntarse ahora qué rumbo van a tomar las políticas del Congreso de los Diputados en materia de derechos de autor, para lo que analizarán las principales medidas propuestas en el programa electoral del PSOE.
En lo que se refiere al ámbito de la educación en la Propiedad Intelectual y las Nuevas Tecnologías, se propone fomentar desde la escuela primaria “la creatividad, el gusto por aprender, las vocaciones científicas y el uso crítico de los nuevos recursos y de las redes sociales”. Asimismo, la seguridad en internet se convierte en un pilar fundamental de las políticas del partido, adoptando diferentes medidas para mejor la ciberseguridad, colaborando al desarrollo de INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) y llevando a cabo la elaboración de una serie de guías y cursos con el objetivo de acabar con las llamadas fake news o noticias falsas, así como proveer a la población de las herramientas necesarias para llevar a cabo un análisis crítico de las mismas, potenciando así una fuerte industria de la ciberseguridad en España.
Otra de las medidas propuestas es la creación de un Consejo Estatal de la Cultura y la Propiedad Intelectual, mediante el cual se promocionarán y articularán las voces del sector, de forma que se den más facilidades para conocer las necesidades y opiniones del mismo en las materias en las que así se requiera. Del mismo modo, se potenciará el papel del Ministerio de Cultura y Deporte en lo que a Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías se refiere, dando prioridad a diferentes medidas, como la aprobación de una Ley específica para el Instituto Nacional de Artes Escénicas y la Música (INAEM) y el desarrollo de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, que abarcará de los autores a los lectores, pasando por la política legados y el apoyo a la traducción.
También se pretende impulsar la creación de una Oficina de Derechos de Autor, que dependerá del Ministerio de Cultura y Deporte, la cual se encargará de la protección de la Propiedad Intelectual y velará por el buen funcionamiento de los órganos de gobierno de las entidades de gestión de derechos de autor.
Asimismo, se ha diseñado un Plan Estratégico para el Desarrollo de las Industrias Culturales y de la Creatividad adoptando medidas específicas para promover el apoyo a jóvenes creadores, así como la aprobación de una nueva Ley de Mecenazgo y la aportación de diferentes tipos de ayudas públicas que promocionen la difusión de la cultura y la creatividad, incluyendo, entre otros aspectos, beneficios fiscales y no fiscales para quien participe de ello.
Para el desarrollo de todas estas y otras tantas medidas que ayuden a proteger y fomentar la creatividad y los derechos de autor en España, existe el compromiso de impulsar un Pacto de Estado por la Cultura, mediante el que se insta al resto de formaciones políticas a participar en la defensa de los intereses de los creadores y de un sector que se espera que tenga un gran peso en el desarrollo e impulso de la economía nacional.
A pesar de lo anterior, parece razonable pensar, teniendo en cuenta cuál es la situación política de España a día de hoy, con multitud de actores que pueden influenciar o decantar la balanza hacia un lado o hacia otro, que estas propuestas se verán moduladas por aquellas que puedan proponer otros partidos en momentos determinados.
La compleja situación política de nuestro país no nos permite aventurarnos en determinar cuál será el rumbo exacto de la Propiedad Intelectual durante los próximos años, por lo que debemos ser cautelosos a la hora de determinar o señalar cuáles de las propuestas se van a llevar a cabo y en qué medida se van a desarrollar.
