La Comisión de Cultura del Congreso de los diputados aprobó ayer, 22 de julio, la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, aunque sólo fue con los votos a favor del Partido Popular (22). El trámite continuará durante meses hasta que entre en vigor en enero de 2015. Su paso por el Senado el próximo otoño podría incluir nuevas modificaciones, dado que los votos en contra de la oposición fueron tan sólo dos menos que los del PP (20). El consenso no ha existido: tan sólo se han tramitado nueve de las 169 enmiendas presentadas, y las aceptadas provienen en su totalidad del PP.
Asuntos como la ventanilla única, sanciones más elevadas para la piratería, la llamada tasa Google o la compensación por copia privada han sido incluidos en esta reforma que tampoco será definitiva, dado que la Unión Europea está trabajando en nuevas medidas que tarde o temprano los estados miembro como España tendrán que adoptar.
Entre los objetivos que persigue el PP con esta ley están “reforzar la supervisión a las entidades de gestión; mejorar la protección de los derechos de autor online y adaptar el límite de cita de los agregadores de contenidos en Internet reconociendo el derecho de las empresas editoras a ser compensadas”.
Sin embargo, el hecho de no ser consensuada entre los partidos políticos y de no haber contado con la participación de algunos agentes la están convirtiendo en una ley muy criticada. Desde ADEPI, Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual, rechazan el proyecto de ley «porque no soluciona los verdaderos problemas de creadores e industrias culturales». AISGE, AGEDI, AIE, CEDRO, DAMA, EGEDA, SGAE y VEGAP son las entidades representadas en ADEPI, que no cree que esta ley vaya a frenar la pérdida de puestos de trabajo en el sector cultural, ni vaya a mejorar los ingresos de los autores.
La reforma incluye un endurecimiento de las medidas contra las webs piratas, incluso las de enlaces, de manera que, aunque su actividad sea mínima, podrán ser perseguidas y estarán sometidas a sanciones que irán desde los 30.000 a los 300.000 euros.
La aprobación llegó tras tres horas de debate calificadas por algunos medios como «bochornosas» y «caóticas», dado que varios diputados abandonaron el recinto para tomar un avión o un tren y hubo cierto desconcierto a la hora de votar las enmiendas.
